Colombia entra a la transición presidencial con una tensión peligrosa, el excandidato Iván Cepeda, advirtió que ejercerá “desobediencia civil pacífica” si Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, no renuncia a su ciudadanía estadounidense y aclara su relación con agencias de seguridad de Estados Unidos.

Pero Cepeda no solo habló en nombre propio, también llamó a sus más de 12 millones de votantes a desconocer pacíficamente cualquier orden de un gobierno que, según él, no garantice la soberanía nacional.

Esto cobra relevancia porque De la Espriella ganó la segunda vuelta del 21 de junio con 49.6% de los votos frente al 48.7% de Cepeda, una diferencia estrecha que deja al país con una oposición fortalecida desde el primer día.

¿Qué detonó la amenaza?

La confrontación surge por la doble nacionalidad de De la Espriella, ya que Cepeda sostiene que el mandatario electo debería renunciar a su ciudadanía estadounidense antes de tomar posesión, porque considera que ese vínculo podría generar un conflicto de lealtades en temas de seguridad, justicia y soberanía.

De la Espriella defiende que su compromiso es con Colombia y que la Constitución no le impide ser presidente por tener otra nacionalidad.

El artículo 191 de la Constitución colombiana establece como requisitos para llegar a la Presidencia ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años.

Eso hace que la discusión sea política, porque si una parte del país interpreta la posesión presidencial como legítima y otra la considera viciada, la transición puede arrancar bajo un choque de legitimidad.

Cepeda anunció que ejercerá oposición desde el Senado, pero su advertencia abre un escenario más amplio: bloqueos políticos, presión en el Congreso y movilización ciudadana.

Y en un país con heridas abiertas por décadas de violencia política, protestas sociales masivas y desconfianza institucional, una convocatoria nacional a desconocer órdenes del Ejecutivo podría convertir la transición en una crisis de gobernabilidad.

La sombra de EE. UU.

Cepeda también cuestiona el apoyo político que De la Espriella recibió de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante la campaña.

Para el excandidato, ese respaldo fue una interferencia en el proceso electoral colombiano.

A ello se suma que Cepeda pidió que De la Espriella aclare si fue colaborador o miembro de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI o la CIA, a partir de sus gestiones como abogado de Alex Saab, empresario colombiano señalado como aliado del gobierno venezolano y procesado en Estados Unidos.

El papel de Petro

El otro foco de conflicto es Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia, pues Cepeda exigió que el nuevo gobierno cese cualquier persecución contra Petro y descarte intentos de extraditarlo a Estados Unidos.

De la Espriella dijo previamente a la prensa que estaría dispuesto a extraditar a Petro si existiera un requerimiento formal de la justicia estadounidense y avanzaran investigaciones en ese país.

Al respecto, AP reportó que fiscales en Brooklyn y Manhattan realizaron indagaciones iniciales sobre presuntos vínculos con narcotraficantes, aunque esa información no equivale a una acusación formal confirmada por tribunales.

Si ese frente avanza, Colombia podría enfrentar una crisis política de mayor escala: un presidente saliente bajo presión judicial internacional, un presidente electo acusado por la oposición de alinearse con Washington y un Congreso dividido desde el arranque del mandato.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, pidió respetar la democracia y recordó que el ganador de la segunda vuelta fue De la Espriella, lo que se considera un mensaje institucional.

El presidente electo, por su parte, inició la transición y anunció a Miguel Gómez Martínez, economista y exembajador colombiano, como próximo ministro de Hacienda.

El nombramiento busca enviar una señal de disciplina fiscal y orden económico, en medio de una tensión política que amenaza con robarle protagonismo al arranque del nuevo gobierno.

¿Y si la situación se desborda?

El escenario más delicado no es una protesta aislada, sino una cadena de desconocimientos, oposición en las calles, choques con autoridades, bloqueo de reformas en el Congreso y una narrativa de ilegitimidad contra el gobierno antes de su posesión.

Si De la Espriella no responde a los cuestionamientos de Cepeda, la oposición puede convertir la doble nacionalidad en símbolo de subordinación a Estados Unidos.

Si Cepeda radicaliza su llamado, el gobierno puede acusarlo de desconocer la voluntad popular.

Y si ambos bandos elevan el tono, Colombia podría entrar al nuevo mandato con una crisis política instalada antes del 7 de agosto.