El diputado Arturo Maximiliano García Pérez presentó una iniciativa de ley para que de forma anticipada las personas decidan sobre qué tratamientos médicos recibir o rechazar en caso de encontrarse en una situación terminal o cuando ya no puedan expresar su voluntad.
La llamada Ley de Voluntad Anticipada busca que, como en otros estados de la república, se proteja el derecho que tienen las personas para decidir sobre su salud, sin considerar temas como la eutanasia o el suicidio asistido.
“Se trata del derecho que tienen las personas a decidir de manera libre, claramente informada y anticipada, qué tratamientos médicos van a aceptar o van a rechazar cuando se encuentren en la situación terminal o donde ya no pueden expresar su voluntad. Debo ser muy claro porque creo que hay situaciones recientes que lo demandan; esto no implica eutanasia ni suicidio asistido”.
Se busca que no se den tratamientos desproporcionados y evitar la obstinación terapéutica, y garantizar los cuidados paliativos, una muerte digna y la designación de un representante que haga valer los derechos de las personas que se encuentren en esta situación. La iniciativa se sustenta en derechos a la dignidad humana, consentimiento informado y autonomía en la voluntad.
Indicó que es un momento oportuno por el crecimiento poblacional que tiene la entidad y también el envejecimiento progresivo que vive la sociedad queretana, por lo que incluso aseguró que llega un poco tarde este esfuerzo, ya que en el país hay por lo menos 15 entidades que ya cuentan con reglamentaciones al respecto, entre ellas la Ciudad de México.
García Pérez comentó que se busca brindar certeza jurídica, fortalecer la seguridad de la familia y el personal médico, brindar atención médica para el control del dolor, acompañamiento psicológico, además de evitar conflictos familiares que suelen darse cuando se vive una situación de este tipo.
“Una situación que es muy frecuente, ustedes la habrán conocido o inclusive vivido, en los hospitales justamente ante la situación donde el enfermo no puede ya expresarse, un grupo familiar quiere continuar con tratamientos, otros quieren suspenderlos y se da la lógica de que el más interesado no puede manifestar su voluntad. Esta ley lo que genera es certeza jurídica y reduce las controversias y el desgaste familiar”.
En la iniciativa se prevén dos vías: mediante notarías y otra por el sector salud, para establecer a un representante que pueda ejercer la voluntad de la persona que está padeciendo.