La Casa Blanca de Donald Trump planea una revolución en el mercado de armas con una propuesta que permitiría el envío directo a domicilio de pistolas y rifles comprados por internet. Esta desregulación de la ATF busca digitalizar los controles de antecedentes penales y la verificación de identidad, esquivando el trámite obligatorio de acudir en persona a una armería física.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha presentado una norma que permitiría a los distribuidores con licencia enviar armas directamente al domicilio de compradores residentes en el mismo estado, siempre que estos superen una verificación de identidad en línea, una comprobación de antecedentes y un periodo obligatorio de espera de siete días tras notificar la operación a las autoridades locales.
Aunque la medida todavía debe completar el proceso de consulta pública antes de su eventual aprobación, diversos analistas coinciden en que supondría la mayor modificación del mercado estadounidense de armas desde hace cerca de veinte años. El cambio eliminaría uno de los principales requisitos actuales: la obligación de recoger presencialmente el arma en una armería con licencia federal, donde el comprador debe completar la verificación final de antecedentes salvo que disponga de determinados permisos.
La propuesta llega en un momento especialmente relevante para GrabAGun, plataforma de comercio electrónico conocida como el “Amazon de las armas”, cuyo modelo de negocio está diseñado precisamente para potenciar la venta digital de armamento. La empresa ha adquirido una enorme visibilidad desde que el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr. se incorporó como accionista, asesor y miembro de su consejo de administración tras la victoria electoral de su padre en 2024 y posteriormente participó en su salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York.
Actualmente, Trump Jr. mantiene más de 300.000 acciones de la compañía. Aunque el valor de esa participación ha descendido notablemente respecto al máximo alcanzado tras la salida bursátil, continúa representando un importante interés económico cuyo rendimiento podría verse favorecido si el comercio electrónico de armas experimenta el crecimiento que anticipa la industria.
No obstante, tanto el entorno del hijo del presidente como la propia empresa rechazan cualquier vinculación entre su participación accionarial y la elaboración de la nueva normativa. Andrew Surabian, portavoz de Donald Trump Jr., afirmó en un comunicado: “Don es empresario de toda la vida y un firme defensor de nuestros derechos de la Segunda Enmienda. No sirve de enlace con el Gobierno federal como parte de sus funciones en ninguna empresa en la que invierta o a la que asesore, y su implicación en esta decisión concreta ha sido nula”.
En la misma línea, el director ejecutivo de GrabAGun, Marc Nemati, aseguró a Reuters que ni él ni Trump Jr. conocían previamente la propuesta de la ATF y explicó que la empresa continúa evaluando el posible impacto que tendría sobre sus aproximadamente 100 millones de dólares en ingresos anuales.
Desde la propia agencia federal también se niega cualquier influencia externa. El principal asesor jurídico de la ATF, Robert Leider, señaló que supervisó el trabajo técnico para desarrollar la propuesta y explicó que el objetivo consiste en adaptar la regulación de las armas al funcionamiento de la economía digital moderna. Según indicó, desconocía la relación de Trump Jr. con GrabAGun hasta ser preguntado por Reuters y aseguró que el empresario no tuvo participación alguna en el diseño de la norma. La Casa Blanca, por su parte, manifestó que no tenía constancia de ninguna “relación con el hijo del presidente sobre ninguno de estos asuntos”.
El alcance económico del proyecto podría ser considerable. La propia ATF calcula que aproximadamente la mitad de todos los compradores de armas de Estados Unidos, cerca de 3,3 millones de personas cada año, terminarían utilizando el sistema de entrega directa a domicilio si la regulación entra en vigor. Además, la agencia estima que el nuevo procedimiento permitiría ahorrar a los consumidores alrededor de 103,7 millones de dólares anuales en desplazamientos y tiempos de tramitación.
Sin embargo, dentro del propio sector existen opiniones enfrentadas. Grandes plataformas digitales especializadas consideran que la reforma modernizaría un sistema considerado por algunos como excesivamente burocrático y permitiría equiparar la venta de armas con otros segmentos del comercio electrónico que ya operan mediante verificaciones digitales.
Frente a esa visión, numerosos propietarios de pequeñas armerías sostienen que la propuesta amenaza directamente su modelo de negocio. Actualmente, muchos establecimientos obtienen parte de sus ingresos mediante las tasas que cobran por gestionar la entrega presencial de armas adquiridas por Internet. Si ese paso desaparece, temen perder una fuente relevante de ingresos y una parte importante del tráfico de clientes hacia sus establecimientos.
A estas preocupaciones económicas se suman las planteadas por organizaciones defensoras de un mayor control de armas y antiguos responsables de seguridad pública. Diversos colectivos sostienen que la verificación presencial continúa siendo una herramienta útil para detectar posibles compras fraudulentas o adquisiciones realizadas mediante intermediarios, conocidas en Estados Unidos como straw purchases. Desde esta perspectiva, eliminar el contacto físico entre vendedor y comprador podría reducir uno de los mecanismos preventivos existentes frente al tráfico ilegal de armas.
El debate también ha adquirido una dimensión política debido a la participación empresarial de Donald Trump Jr. Los críticos consideran que la coincidencia entre la propuesta regulatoria y los intereses comerciales de GrabAGun plantea interrogantes sobre un posible conflicto de intereses. No obstante, hasta el momento no se ha presentado evidencia de que el hijo del presidente participara en la elaboración de la norma, extremo que tanto él como la ATF y la Casa Blanca han rechazado de forma expresa.
La iniciativa forma parte de un paquete de 34 medidas de desregulación impulsadas por la ATF en respuesta a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en febrero de 2025 para revisar y ampliar el acceso legal a las armas de fuego. Su tramitación continúa abierta al escrutinio público y permanecerá sometida a comentarios de ciudadanos, empresas y organizaciones antes de que la agencia decida si introduce modificaciones o aprueba definitivamente el nuevo marco regulatorio. @mundiario