La Secretaría de Salud federal, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis (Censida), reconoció la derogación del delito de “peligro de contagio” como un avance en materia de salud pública, derechos humanos y combate a la discriminación.
La dependencia señaló que los marcos normativos deben actualizarse conforme al conocimiento científico y no basarse en el estigma hacia las personas que viven con una condición de salud, como el VIH u otras infecciones de transmisión sexual.
De acuerdo con Salud, la experiencia nacional e internacional demuestra que penalizar una condición médica no reduce las nuevas infecciones ni fortalece las estrategias de prevención. Por el contrario, advirtió que el miedo a enfrentar consecuencias legales puede desalentar la realización voluntaria de pruebas, el acceso a herramientas de prevención y la vinculación oportuna con servicios de salud.
Un diagnóstico oportuno del VIHPenalización puede alejar a personas de pruebas y tratamiento
La Secretaría de Salud sostuvo que la criminalización asociada a determinadas condiciones de salud puede generar efectos adversos en las estrategias de prevención y control epidemiológico.
El argumento central de la dependencia es que el estigma y la discriminación pueden provocar que las personas eviten conocer su estado serológico, retrasen la atención médica o no accedan a tratamientos disponibles.
En esa misma línea se han pronunciado organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de acuerdo con lo señalado por la dependencia.
El antecedente más claro ocurrió en la Ciudad de México, donde el Congreso local aprobó en enero de 2024 la derogación del delito de “peligro de contagio” previsto en el artículo 159 del Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de eliminar la criminalización de personas con enfermedades de transmisión sexual.
Aspecto de la Jornada de Salud Sexual y Reproductiva en la Explanada del Congreso del Estado donde se aplicarán pruebas de VIH y Sífilis de manera gratuita. FOTO: Karen Rojas/Agencia EnfoqueSalud defiende enfoque basado en prevención y derechos humanos
Censida subrayó que la respuesta nacional al VIH se basa en el acceso universal a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral, bajo un enfoque de respeto a la dignidad y a los derechos de todas las personas.
La dependencia también recordó el principio reconocido internacionalmente como “Indetectable = Intransmisible”, el cual establece que una persona que vive con VIH, recibe tratamiento antirretroviral y mantiene una carga viral indetectable de forma sostenida no transmite el virus por vía sexual.
Salud planteó que la derogación del delito abre la puerta a fortalecer un modelo de salud pública basado en la corresponsabilidad, la educación integral en salud sexual y el acceso a herramientas de prevención como el uso del condón, la profilaxis preexposición (PrEP), la profilaxis postexposición (PEP), las pruebas de detección y el tratamiento oportuno.
una personas se realiza una prueba de diagnóstico para VIH/SIDAPiden marcos legales libres de discriminación
La Secretaría de Salud consideró que esta medida contribuye a generar entornos más seguros e inclusivos para que las personas puedan conocer su estado serológico sin temor a ser estigmatizadas o criminalizadas.
Además, señaló que la eliminación de este tipo de figuras penales puede ayudar al cumplimiento de metas nacionales e internacionales para poner fin al VIH como problema de salud pública.
La dependencia federal llamó a consolidar una respuesta integral que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas, fortalezca la prevención combinada y reduzca las desigualdades que limitan el acceso a servicios de salud libres de discriminación.
Salud también destacó que estas acciones requieren la participación coordinada de los tres poderes del Estado, con una contribución relevante del Poder Legislativo para impulsar marcos normativos que protejan los derechos de todas las personas, sin importar su condición de salud.
“La protección de la salud pública se fortalece mediante el acceso a la información, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el respeto irrestricto de los derechos humanos; no mediante la criminalización de las personas por su condición de salud”, sostuvo la dependencia.