CUERNAVACA, Mor., 24 de marzo de 2026.- En una nueva arista del conflicto por el aumento a las tarifas del transporte público, el Colectivo Amplio Morelos denunció graves irregularidades en el sistema de concesiones del estado. Diego Torres, vocero de la agrupación, reveló que investigaciones propias señalan que aproximadamente 3 mil concesiones —equivalentes al 50 por ciento del parque vehicular en la zona metropolitana— se encuentran inactivas, sirviendo únicamente como instrumentos de especulación financiera.
Torres explicó que este acaparamiento por parte de los mismos grupos transportistas genera un modelo de negocio basado en la escasez simulada, lo que impacta directamente en la calidad del servicio y en la presión por elevar los costos al usuario.
“Se están acaparando concesiones que no operan, generando un modelo de negocio basado en la especulación. El gobierno estatal debe revisar estas concesiones y, en su caso, retirarlas para abrirlas a operadores que sí presten el servicio”, sentenció.
El “paro” no es huelga: uso indebido de la concesión
Ante las amenazas de los líderes transportistas de frenar el servicio como medida de presión para obtener el alza tarifaria, el vocero fue enfático en marcar una distinción jurídica fundamental. Advirtió que una suspensión de labores por parte de los concesionarios no debe confundirse con una huelga laboral.
“Una cosa es que los trabajadores detengan labores por falta de prestaciones, y otra muy distinta es que los concesionarios suspendan el servicio. Eso sería un uso indebido de una concesión pública”, señaló Torres, sugiriendo que tal acción debería ser motivo suficiente para la revocación inmediata del permiso estatal.
Foro Estatal y acciones a seguir
Para analizar la ruta jurídica y social ante una posible escalada del conflicto, el Colectivo Amplio Morelos convocó a la ciudadanía a un foro informativo que se llevará a cabo el próximo:
- Fecha: 6 de abril de 2026.
- Hora: 16:30 horas.
- Sede: Instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Con esta denuncia, el movimiento ciudadano traslada la discusión de la tarifa hacia la transparencia en la administración de las concesiones, exigiendo que el transporte público deje de ser un botín político y financiero en manos de unos cuantos grupos de poder.
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