Un niño de siete años, de mejillas redondas, entró en la fría y silenciosa sala del tribunal. Se sentó junto a su abogado y se inclinó hacia el micrófono de cuello de cisne negro que había sobre la mesa.
“Juez, yo me quiero ir con mi papá”, dijo con claridad y confianza, y luego se acurrucó lentamente en su silla mientras sostenía un peluche, un león sonriente.
El niño, que sólo habla español, permaneció sentado en silencio, con los pies colgando. Recostó la cabeza sobre el león de peluche. El Paso Matters no identifica a menores sin el consentimiento de sus padres o tutores.
Su abogada, el juez de inmigración y un fiscal del gobierno avanzaron rápidamente en la audiencia: el niño había sido separado de su padre, quien fue detenido y deportado a Sudamérica, y era en su mejor interés regresar voluntariamente y reunirse con él. El gobierno no se opuso y acordó que el retorno debía ocurrir dentro de 60 días, a expensas del gobierno y con salvaguardas para proteger al menor. La abogada del niño pidió que no se revelara su país de origen para proteger su identidad.
En apenas 10 minutos terminó la audiencia. El niño, de piel morena, fue escoltado por su abogada hacia un pasillo estrecho donde más de dos decenas de niños esperaban su turno ante el juez de inmigración.
“Quise que quedara en el expediente que esto es lo que él quería, por eso le pedimos que se lo dijera al juez él mismo”, dijo después a El Paso Matters Natasha Rosario, abogada del menor y directora del Programa de Menores de Estrella del Paso. “Es triste porque sabemos que fueron separados y el niño ha estado esperando aquí cuando su papá ya estaba en su país. Sé que hablan por teléfono, pero no me puedo imaginar cuando finalmente estén reunidos y juntos”.
Aceleran el paso de menores por las cortes de inmigración
Era viernes 11 de junio. El niño y más de 30 menores estaban programados para presentarse en el edificio federal Richard C. White, en el centro de la ciudad, ante el juez Danny Razo, uno de más de una docena de jueces de inmigración en El Paso. Estrella del Paso, una organización local sin fines de lucro que ofrece servicios legales de inmigración gratuitos y de bajo costo, representó a seis de los menores. El resto se presentó sin representación legal.
Estas audiencias, en las que los jueces pueden decidir si los menores deben ser deportados o permanecer en el país, están siendo aceleradas conforme la administración Trump reorienta su aplicación de la ley migratoria hacia los menores, han señalado abogados de Estrella del Paso y otras organizaciones de derechos humanos.
“La velocidad es uno de los elementos crueles de este proceso”, dijo Jacob Wedemeyer, abogado de Estrella del Paso, organización afiliada a la Diócesis Católica de El Paso. “Se están moviendo tan rápido que están saturando el sistema. Los niños no logran encontrar abogados. La velocidad es irracional”.
Wedemeyer dijo que las cortes de inmigración —que dependen del Departamento de Justicia (DOJ)— en ocasiones violan una regla que exige programar las audiencias al menos 10 días después de que se presenta un aviso de comparecencia. Además, dijo, numerosas audiencias han sido adelantadas por semanas o meses, dejando muy poco tiempo de preparación tanto a los abogados como a los menores migrantes.
Aunque los menores no acompañados han navegado durante mucho tiempo las cortes de inmigración sin abogados, expertos legales afirman que en los últimos meses la situación ha cambiado.
La administración Trump ha buscado reiteradamente terminar o limitar los servicios legales financiados con fondos federales para miles de menores, mientras intensifica los esfuerzos por identificar y deportar a menores no acompañados con casos de inmigración pendientes u órdenes de deportación existentes, dijo Wedemeyer.
Un vocero de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOR), que lleva a cabo los procedimientos de las cortes de inmigración bajo el DOJ, dijo en un comunicado que la agencia da prioridad a la resolución oportuna de todos los casos, incluidos los de menores no acompañados, “y realiza ajustes en la programación según sea necesario para garantizar que los casos no se estanquen”.
“El retraso innecesario perjudica tanto a los extranjeros con reclamos legítimos como al público estadounidense que desea ver removidos lo más rápido posible a los extranjeros con reclamos sin fundamento”, dijo la EOIR, y agregó que continúa incorporando nuevos jueces de inmigración y ajustando calendarios.
La EOIR nombró a cuatro nuevos jueces de inmigración en El Paso en los últimos dos meses para ayudar a reducir el rezago de casos, informó la agencia en un comunicado, con lo que el total actual llega a 14, más un juez temporal.
Clasificados como “menores extranjeros no acompañados”, los menores fueron detenidos sin un padre o tutor legal en Estados Unidos. Algunos fueron detenidos mientras cruzaban la frontera de manera ilegal, otros fueron separados de sus padres, quienes habían sido detenidos en el interior del país.
Separados, detenidos y luego deportados
Hasta mayo, más de 1,800 menores migrantes no acompañados se encontraban detenidos en albergues y programas de hogares temporales bajo la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por). La gran mayoría proviene de Guatemala y Honduras.
Más de 800 menores no acompañados se encuentran alojados en unos 40 albergues en todo Texas; se calcula que 120 de esos menores están en albergues de El Paso.
“Los casos están saturando las cortes de El Paso porque hay muchísimos niños detenidos aquí en los albergues”, dijo Wedemeyer, y agregó que el papeleo acelerado de las agencias federales está plagado de errores que no suelen favorecer ni ser justos con los menores migrantes.
Más de 13,800 menores fueron deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 20 de enero de 2025 hasta principios de marzo de este año, sin incluir las salidas voluntarias, de acuerdo con datos del Deportation Data Project analizados por la organización no partidista de verificación de datos Factchequeado. El Deportation Data Project, dirigido por investigadores de la Universidad de California en Berkeley y la UCLA, funciona como un repositorio de estadísticas sobre la aplicación de las leyes migratorias.
En un comunicado, un vocero del DOJ dijo que reducir el rezago de casos en las cortes de inmigración sigue siendo una de las mayores prioridades de esta administración y que se están resolviendo los casos “de manera justa, expedita y uniforme, conforme a la ley”.
‘Sí, señor juez’
Aunque los detalles de su caso son escasos –los expedientes de las cortes de inmigración para menores generalmente están cerrados al público y los abogados no pudieron revelar detalles para proteger la identidad y seguridad del niño–, el niño de 7 años llegó a Estados Unidos con su padre. El paradero de la madre es incierto. Su padre fue arrestado en el interior del país en abril y trasladado a Camp East Montana, el centro de detención del ICE en el extremo este de El Paso. Fue deportado a finales de mayo.
El niño ha estado en un albergue de El Paso que opera bajo la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Fue puesto en procedimientos de deportación, pero él y su padre optaron por la salida voluntaria, ya que el gobierno ahora ofrece $2,500 dólares a quienes se deportan de manera voluntaria.
Rosario dijo que el menor fue referido a una trabajadora social de Estrella del Paso porque presentaba problemas de conducta por el trauma de haber sido separado de su familia. Estaba siendo medicado para mantenerlo tranquilo y ayudarlo a dormir, dijo.
“No quería comer. No quería hablar”, dijo Rosario, y agregó que en una ocasión el niño le lanzó un juguete a una trabajadora del caso y comenzó a llorar. “En una de sus audiencias anteriores estaba tan fuertemente medicado que se quedó dormido y nos costó mucho trabajo despertarlo”.
En lo que fue su último día en la corte, le preguntaron al niño si podía firmar las órdenes del juez que le otorgaban la salida voluntaria. Tomó la pluma que le entregó Rosario y escribió su nombre, con letras claramente legibles en la caligrafía desigual y de trazo grande de un niño pequeño.
Los demás menores en la lista matutina del juez Razo del 11 de junio permanecían sentados, nerviosos, con las piernas temblando, algunos con los ojos llorosos. Vestían pantalones de vestir, camisas formales y corbatas proporcionadas por los albergues de la ORR.
“Sí, señor juez”, respondió la mayoría cuando Razo, a través de un intérprete, les dijo que debían “hacer mayores esfuerzos” por encontrar representación legal.
A los menores se les entrega una lista de abogados, incluidos los de Estrella del Paso. También se les proporcionan solicitudes de asilo, documentos legales de 12 páginas en inglés. La presentación inicial cuesta $100 dólares.
En la lista de esa mañana, Razo otorgó a la mayoría de los menores prórrogas y programó su regreso para otra audiencia en julio.
En otros casos, Wedemeyer y otros abogados señalaron errores en los documentos —nombres incorrectos, nacionalidades equivocadas, firmas faltantes, avisos de comparecencia no notificados de manera adecuada— como razones para que fueran declarados inadmisibles.
Al menos dos casos de esa lista fueron cerrados por Razo, con lo que terminaron, por ahora, los procedimientos de deportación. Sin embargo, esto no les otorga estatus legal ni los protege de una futura deportación.
Uno de los casos involucraba a un joven de 17 años que estaba a punto de cumplir 18 dentro de una semana. Su nacionalidad no fue revelada en la corte.
Wedemeyer argumentó que la Patrulla Fronteriza no llenó adecuadamente una hoja de datos que incluye la información biográfica del detenido y resume su detención. También alegó que el documento afirmaba de manera fraudulenta que el joven se había negado a firmar el papeleo. El fiscal argumentó que el aviso de comparecencia le fue presentado al joven en una audiencia anterior, pero Wedemeyer dijo que él ya lo representaba en ese momento y que cualquier aviso debió haberse dirigido a él. El juez otorgó la moción de Wedemeyer para terminar el procedimiento, y le dio al fiscal del gobierno hasta el 13 de julio para apelar.
Otros menores recibieron prórrogas.
En un caso, un joven de 15 años, a quien el Departamento de Salud y Servicios Humanos había identificado como víctima de tráfico severo de personas, no se presentó a la corte. Wedemeyer lo calificó de “desaparecido” y cuestionó cómo la ORR pudo haberlo perdido y por qué el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no había podido encontrarlo.
La abogada del gobierno dijo que el menor se había “fugado”, o escapado, durante una cita médica en abril. Fue reportado como prófugo ante el Departamento de Policía de El Paso. Razo desestimó la moción de Wedemeyer para terminar el caso y otorgó la solicitud de prórroga del gobierno.
Justo afuera de la sala, otros menores, en su mayoría varones, jugaban con cubos Rubik y mini cartas de Uno, y trabajaban en sopas de letras y otras hojas de acertijos.
Optan por la salida voluntaria
Fue una escena similar la tarde del martes 23 de junio, en la corte de inmigración de la jueza Judith Bonilla. Había poco menos de una docena de casos en la lista de ese día, incluidos varios que originalmente estaban programados para agosto y septiembre, pero que fueron adelantados en el calendario.
Ya sea que se ordene su deportación o se les otorgue la salida voluntaria, los menores son regresados y entrevistados por los cónsules de sus respectivos países de origen, quienes les proporcionan documentos de viaje. Las oficinas consulares trabajan con el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que los menores sean deportados de manera segura, con frecuencia en vuelos del gobierno que salen desde el campo aéreo militar Biggs Army Airfield o el Aeropuerto Internacional de El Paso.
Algunos menores mexicanos son llevados a un puente internacional que conecta El Paso con Ciudad Juárez y entregados al consulado mexicano o al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una agencia de asistencia social.
Si se ordena su remoción, los menores tienen 30 días para presentar una apelación, la cual tiene un costo de alrededor de $1,030 dólares.
Entre quienes solicitaron la salida voluntaria ante la jueza Bonilla estaba una joven menuda de 17 años, originaria de Guatemala. Llevaba audífonos sobre su cabello negro, largo y ondulado, para escuchar a una intérprete.
“Sí”, respondió cuando se le hizo una serie de preguntas, entre ellas si quería regresar a Guatemala y si tenía una familia dispuesta y capaz de recibirla. “No”, dijo tras una breve pausa cuando le preguntaron si tenía miedo de regresar a su país.
Bonilla otorgó la solicitud.
La joven soltó un leve quejido y se limpió las lágrimas con un pañuelo. Los varones en la sala bajaron la cabeza.
Bonilla se dirigió a la joven y le dijo que tenía 90 días para salir del país. “Pero le deseo la mejor de las suertes de aquí en adelante”, dijo Bonilla.
Rosario, quien mantiene contacto con algunos de sus clientes y sus familias, dijo que la parte más difícil de su trabajo es la incertidumbre.
“Eso es otra cosa que es difícil y complicada para nosotros, no saber qué está pasando con ellos una vez que son liberados o enviados de regreso a sus países de origen”, dijo. “No sabemos si están seguros, si están vivos. Hay muchísimos niños con los que hemos trabajado, pero cada niño, cada caso, es especial de alguna manera u otra”.