El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el primero de julio de 2020, significó una regresión en materia de apertura comercial y de inversión con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que había estado vigente durante más de un cuarto de siglo.
Probablemente, el retroceso más trascendente consistió en la “cláusula de expiración”, que establece una vigencia inicial de dieciséis años, prorrogable por otros dieciséis únicamente mediante acuerdo en revisiones anuales, en sustitución de la vigencia indefinida del TLCAN. Esta cláusula introdujo una considerable incertidumbre para la inversión, cuyo aprovechamiento requiere seguridad en las reglas del juego para horizontes de largo plazo.
Las dudas de los inversionistas se han amplificado por la política proteccionista del presidente Trump, que ha incluido aranceles a los países miembros del T-MEC, algunos de los cuales han violado claramente el acuerdo. Además, en repetidas ocasiones, este mandatario ha amenazado con abandonar el T-MEC.
El anuncio del representante comercial de Estados Unidos, la semana pasada, de que ese país “no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual” constituye una derivación más de la incertidumbre inherente al Tratado. Con ello, el T-MEC no concluye, sino que quedará sujeto a revisiones anuales hasta su terminación en 2036.
Si bien durante este período los tres países miembros podrían acordar la extensión del Tratado por dieciséis años más, el panorama sigue luciendo adverso bajo las premisas de la actual administración estadounidense. Los déficits comerciales de Estados Unidos con Canadá y México, principal argumento del gobierno de ese país contra el T-MEC, tienen una “solución” remota.
Estados Unidos mantiene un déficit comercial global con el resto del mundo, congruente con su condición de gran receptor de capital, que induce un exceso de gasto sobre ingreso. La composición de ese déficit refleja tanto el aprovechamiento dinámico de las ventajas comparativas entre las naciones como las barreras al comercio. Por ejemplo, en años recientes, Estados Unidos ha incrementado los obstáculos comerciales contra China, lo que ha dado como resultado, entre otros efectos, la disminución de su déficit con ese país, pero el aumento del déficit con otras economías asiáticas y con México.
La creciente incertidumbre derivada de las continuas negociaciones del T-MEC resulta problemática para México, cuya inversión ha sido tradicionalmente errática y, desde 2024, se encuentra en una fase de declive.
Frente a la menor certidumbre que ofrece el T-MEC, el gobierno de México podría seguir, al menos, dos caminos. Uno, aparentemente preferido por la administración actual y la anterior, consiste en esperar que el Tratado eventualmente se extienda y apostar a que sus beneficios impulsen la economía. El problema con este enfoque es triple.
Primero, Estados Unidos parece inclinarse por conservar la indeterminación sobre la duración del T-MEC, como “arma de negociación”, en lugar de acordar su extensión. Esta postura se complica ante el deseo manifiesto de ese país de modificar las condiciones del Tratado, lo cual podría conllevar la necesidad de aprobación por parte del Congreso.
Segundo, los efectos del T-MEC podrían estar sobredimensionados. Aunque en las últimas décadas ha aumentado considerablemente la integración productiva y comercial de México con Estados Unidos, gran parte de la cual podría atribuirse al T-MEC y a su antecesor, el crecimiento anual promedio del PIB por habitante de México se ha ubicado por debajo del de casi todas las economías emergentes. Si bien el Tratado ha contribuido a la modernización, especialmente del norte del país, no ha sido suficiente para superar el problema crónico de la economía: su baja productividad.
Tercero, el gobierno mexicano podría estar utilizando el T-MEC como excusa para no realizar adecuadamente las tareas internas. Ello resulta especialmente peligroso, considerando que, desde 2019, el enfoque gubernamental ha propiciado un ambiente adverso para los negocios mediante el desmantelamiento de las instituciones que protegen la seguridad de los derechos de propiedad y garantizan una impartición de justicia independiente, imparcial y expedita. Lo anterior explica, en gran medida, el ínfimo crecimiento económico de los últimos años.
Un camino más promisorio estribaría en romper con esa complacencia, admitiendo que las condiciones del T-MEC no están bajo el control del país ni, mucho menos, constituyen una panacea para el desarrollo. Este cambio de enfoque implicaría adoptar medidas de fondo que hicieran a la economía mexicana, por sí misma, más atractiva para la inversión y la innovación, dentro de un ambiente de certidumbre en las reglas internas del juego.