La relación entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española ha vuelto a entrar en una fase de máxima tensión. El detonante ha sido una intervención del presidente de los obispos, Luis Argüello, que, al reflexionar sobre la crisis de la democracia, recurrió a una conocida cita de san Agustín para advertir de que “cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones”. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, replicó con una carta en la que acusó al arzobispo de Valladolid de realizar una afirmación “injusta” y “profundamente contraproducente” para la propia Iglesia.

El intercambio evidencia hasta qué punto el deterioro del clima político español ha terminado por extenderse también a las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y la jerarquía católica, tradicionalmente cuidadas incluso en momentos de desacuerdo. Durante la clausura de la Escuela de Verano organizada por la Conferencia Episcopal Española, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI, Argüello centró buena parte de su intervención en el riesgo de degradación de la democracia.

El presidente de los obispos afirmó sentir “miedo” ante el deterioro institucional de la democracia y recurrió a la célebre reflexión de san Agustín para advertir de que un Estado sin fundamentos éticos termina convirtiéndose en "una banda de ladrones”. Lejos de matizar la expresión, añadió: “a los hechos me remito”.

Aunque el arzobispo no mencionó expresamente al Gobierno de Pedro Sánchez, el contexto político y judicial en el que se produjeron sus palabras hizo que fueran interpretadas como una crítica directa a la situación institucional que vive España. Argüello defendió que la regeneración democrática exige recuperar referencias éticas compartidas y sostuvo que esa responsabilidad no corresponde únicamente a los gobernantes, sino también al conjunto de la sociedad. En ese sentido, apeló a la responsabilidad individual de los ciudadanos, recordando que también existen comportamientos cotidianos alejados de esa ética pública, desde el fraude fiscal hasta la economía sumergida.

“Si hemos hecho trampas en el solitario a la hora de hacer la declaración de la renta, porque pensamos que ese es el pan de nuestros hijos, o si pedimos un contrato o mejor una factura en negro, ¡ojo!, porque las referencias éticas son para todos. Porque si no hay un pueblo, un demos, con referencia ética, ¿cómo vas a exigirlo a alguien que sea tu representante?”, dijo el arzobispo de Valladolid.

La respuesta de Bolaños: “banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito”

La reacción del Gobierno llegó pocas horas después. En una carta dirigida personalmente a Argüello, Bolaños expresó su “sorpresa” por las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal y recurrió a una comparación deliberadamente provocadora para ilustrar lo que considera una generalización injusta.

“Para mostrarle que su razonamiento no es solo injusto, sino profundamente contraproducente para la institución que usted preside, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ‘banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito’? Evidentemente sería falso y profundamente injusto”, replicó el ministro a través de una dura carta.

Bolaños aprovechó además la carta para reclamar que las relaciones entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal estén presididas por “la moderación, el respeto y la justicia”, y reprochó al máximo representante de los obispos españoles lo que interpreta como una creciente cercanía política hacia “las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”. El ministro cerró su respuesta apelando al reciente mensaje del papa León XIV sobre la responsabilidad pública y la necesidad de cuidar el lenguaje para evitar alimentar la confrontación.

Una crítica al rumbo político y social

La intervención de Argüello fue mucho más allá de la cuestión institucional. El presidente de la Conferencia Episcopal cargó contra diversas reformas legislativas impulsadas durante la última década, especialmente aquellas relacionadas con la identidad de género, los derechos LGTBI, el aborto y la eutanasia.

A su juicio, existe un proceso de “deconstrucción antropológica” reflejado en las exposiciones de motivos de numerosas leyes recientes, que, según afirmó, promueven una visión del ser humano desligada de cualquier referencia trascendente. También criticó la prohibición de las denominadas terapias de conversión mientras, según sostuvo, se consolidan otras prácticas que calificó como “terapias afirmativas”, cuestionando la neutralidad ideológica del Estado.

En paralelo, censuró que las democracias liberales evolucionen hacia un modelo que definió como “asistencialista”, basado —según dijo— en la concesión de ayudas públicas que generan ciudadanos dependientes. El Estado no debe “convertirse en una Cáritas laica que da limosnas”, afirmó durante su conferencia. @mundiario