Venezuela aún cuenta a sus muertos cuando los escombros entregaron un dato inesperado, Luis María Olalde Quintela, alias Txistu, exintegrante de ETA buscado por España, fue rescatado con vida de un edificio derrumbado en Caracas y quedó localizado después de casi 47 años fuera del alcance de los tribunales.
No fue una operación de inteligencia, una alerta fronteriza ni un repentino triunfo diplomático, sino una lista de sobrevivientes —en la que aparee con su nombre real—la que permitió confirmar el paradero de Olalde, cuya esposa, Alazne Solabarrieta, murió en el inmueble.
Fue localizado el 25 de junio pasado, tras ser rescatado con vida de un edificio derrumbado en el barrio de San Bernardino, en Caracas, tras los terremotos registrados en Venezuela, pero el caso se mantenía en el ámbito judicial
En medio de la tragedia por el terremoto y las miles de víctimas que causó, de forma circunstancial se logró saber con precisión dónde se encontraba Olalde.
(Foto de ARCHIVO) Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto. | Source : CEDIDA A EUROPA PRESSHasta el momento Venezuela enfrentaba un balance de cuatro mil 561 personas fallecidas, 16 mil 740 heridas y casi 18 mil sin vivienda por los terremotos del 24 de junio.
Así, pese a que la situación en el país parecía no admitir otra historia, resurgió un caso de terrorismo pendiente desde los primeros años de la democracia española.
Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional de España, rechazó declarar prescrita la causa y mantuvo activa la orden internacional de búsqueda y detención.
Días después, Santiago Pedraz, magistrado del mismo tribunal, admitió una querella de la asociación Dignidad y Justicia, que solicita la captura preventiva de Olalde para intentar su extradición.
¿De qué delitos acusan a Txistu?
La requisitoria está relacionada con la presunta participación de Olalde en un atentado de ETA contra una patrulla de la Guardia Civil, un informe incorporado al procedimiento lo ubica desde 1978 dentro del comando Urola, célula a la que las autoridades atribuyeron varias acciones terroristas.
Por ello, la justicia española busca determinar si Olalde participó en la preparación o ejecución de un ataque que causó la muerte de agentes y dejó a otros heridos, lo que implica que no existe una condena contra él por estos hechos, por lo que su responsabilidad tendría que ser demostrada.
La información judicial sostiene que Olalde abandonó España en 1979 y se estableció posteriormente en Venezuela, su nombre permanece en los registros de integrantes de ETA con reclamaciones judiciales pendientes en el extranjero.
¿Los delitos ya prescribieron?
La prescripción significa que el Estado pierde la posibilidad de perseguir un delito cuando transcurre el plazo fijado por la ley sin que el procedimiento avance de manera válida.
En España, los delitos castigados con penas máximas de al menos 15 años prescriben, como regla general, a los 20 años.
Sin embargo, el Código Penal vigente establece que los delitos de terrorismo que causen una muerte no prescribe, esa regla fue incorporada en 2010, décadas después de los hechos atribuidos a Olalde, por lo que no puede aplicarse automáticamente hacia atrás si empeora su situación jurídica.
La legislación española prohíbe dar efecto retroactivo a las normas penales desfavorables y únicamente permite retroactividad cuando beneficia al acusado.
Por esa razón, la discusión no se resuelve simplemente diciendo que el terrorismo nunca prescribe, la defensa sostiene que pasaron más de 20 años sin actividad judicial suficiente después de que Venezuela rechazó una entrega en 2003 por defectos formales.
El juez De Jorge y la Fiscalía española consideran, por el contrario, que posteriores actuaciones para obtener su extradición interrumpieron el plazo.
La ley señala que el reloj de la prescripción vuelve a empezar cuando una resolución judicial dirige formalmente el procedimiento contra una persona identificada, aunque la decisión todavía puede cambiar porque la defensa ya presentó un recurso.
Daños tras los terremotos en La Guaira, Venezuela. (Foto AP/Ariana Cubillos) | Source : Ariana Cubillos¿Venezuela está obligada a detenerlo?
España y Venezuela cuentan con un Tratado de Extradición vigente desde 1990, el acuerdo tiene duración indefinida y se aplica incluso cuando los delitos investigados fueron cometidos antes de su entrada en vigor.
El tratado permite solicitar la detención preventiva de una persona cuando existe urgencia, siempre que España informe cuál es la resolución judicial, qué delito se investiga y que presentará posteriormente la petición formal de extradición.
Si Venezuela ejecutara esa captura, España tendría 40 días para completar el expediente, pero la entrega no sería automática, los tribunales venezolanos tendrían que revisar la documentación, escuchar a la defensa y determinar si se cumplen los requisitos del acuerdo bilateral.
La prescripción puede convertirse nuevamente en el punto decisivo porque el tratado impide la extradición cuando la acción penal haya quedado extinguida conforme a la ley de cualquiera de los dos países.
Esto implica que Venezuela podría analizar por su cuenta si el procedimiento sigue jurídicamente vivo.
El argumento de que se trata de un delito político tampoco bastaría por sí mismo para bloquear la entrega, el tratado establece expresamente que los actos de terrorismo no deben ser considerados delitos políticos cuando incluyen ataques contra la vida o el uso de armas y explosivos.
Si Olalde posee nacionalidad venezolana, Caracas podría negarse a extraditarlo de acuerdo con su legislación.
En ese escenario, el tratado obliga a someter el caso a sus propias autoridades si España lo solicita.
Su estado de salud también puede aplazar cualquier traslado cuando represente un peligro serio para su vida o recuperación.
¿Puede provocar un conflicto diplomático?
La solicitud de captura no constituye por sí misma una agresión diplomática, ya que existe un tratado y el procedimiento debe transmitirse por las vías oficiales.
El problema comenzaría si España convierte la exigencia en una presión política pública o si Venezuela vuelve a rechazar la cooperación sin una explicación jurídica convincente.
Sobre todo porque España ha enviado ayuda humanitaria y recursos para atender a las víctimas del terremoto, mientras intenta normalizar sus relaciones con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
Madrid incluso confirmó su intención de invitarla a la Cumbre Iberoamericana de noviembre.
