La defensa del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitó analizar la posibilidad de que su proceso por huachicol fiscal deje de instruirlo la justicia federal y se tramite en el fuero militar, ya que los hechos que le imputan se habrían cometido en ejercicio de sus funciones.
El argumento es uno de los planteados en la impugnación que promovió contra el amparo que el pasado 22 de junio le negó Jorge Adrián Cruz Flores, juez tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, contra la vinculación a proceso que lo mantiene preso en el penal del Altiplano.
El recurso de revisión del Vicealmirante será resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del Estado de México.
"Los puntos más relevantes del recurso son: incompetencia por razón de fuero militar. Sostiene (la defensa) que la imputación se construye a partir de la calidad de Vicealmirante y de las funciones desempeñadas dentro de la Secretaría de Marina, por lo que el juzgador estaba obligado a analizar si el asunto debía ser conocido por la jurisdicción militar conforme al artículo 13 constitucional", expuso en una tarjeta informativa el despacho de abogados Mendieta y Asociados que representa a Farías.
"Uso de inferencias en lugar de pruebas directas. La defensa afirma que la imputación descansa en referencias a la jerarquía institucional, relaciones laborales, geolocalizaciones y vínculos familiares, pero no en pruebas directas que acrediten una participación personal y concreta en los hechos imputados que acredite una participación personal y concreta en los hechos investigados".
Los abogados que encabeza Epigmenio Mendieta también alegan la falta de individualización de la conducta, la ausencia de motivación suficiente, la tergiversación de elementos de prueba, la falta de exhaustividad y congruencia, y la inconstitucionalidad de un apartado de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO).
"Falta de individualización de la conducta. Se argumenta que ni la Fiscalía ni la sentencia identifican una orden, instrucción, autorización o acto concreto realizado personalmente por Manuel Roberto Farías Laguna que permita atribuirle funciones de administración, dirección o supervisión dentro de la supuesta organización delictiva", afirman.
"Ausencia de motivación suficiente. El recurso sostiene que el Juzgado de Distrito reprodujo la narrativa de la Fiscalía sin verificar si existían datos de prueba racionales e individualizados que justificaran el auto de vinculación a proceso".
Sobre la tergiversación de elementos de prueba, el despacho sostiene que la negativa de amparo otorgó un alcance indebido a la carta en la que el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, denuncia operaciones de contrabando en las aduanas.
La defensa cuestionó que el juez que negó el amparo tratara este documento como si constituyera una imputación directa, pese a que no tiene ese contenido.
También acusa que la negativa de amparo valida una narrativa general sobre la presunta organización criminal que encabezaban los hermanos Farías y utiliza expresiones colectivas para referirse a diversos imputados, sin distinguir la conducta específica atribuible al Vicealmirante.
"Falta de exhaustividad y congruencia. La sentencia (de amparo) no respondió de manera efectiva a los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo e incluso incorporó consideraciones ajenas a la litis constitucional", agrega.
Con relación a la LFCDO, la defensa pidió declarar la inconstitucionalidad del artículo 4, fracción I, de dicha ley, al considerar que carece de claridad y precisión, y plantea problemas de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que no fueron analizados de fondo.
"Con estos argumentos, la defensa solicita al Tribunal Colegiado revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo, al considerar que el auto de vinculación a proceso fue validado sin un análisis constitucional suficiente y con vulneración a derechos como el debido proceso, el juez natural, la debida fundamentación y motivación, así como la presunción de inocencia", sostiene.
"Con la interposición de este recurso, la defensa reafirma que el proceso penal aún no ha concluido y que las resoluciones emitidas hasta el momento continúan sujetas al control constitucional de los tribunales federales. La revisión del Tribunal Colegiado representa una nueva oportunidad para que se analicen de manera exhaustiva las presuntas violaciones al debido proceso, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia denunciadas desde el inicio del procedimiento".
Al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el Altiplano, y su hermano el Contralmirante Fernando se les imputa liderar una supuesta red de corrupción de marinos en las Aduanas que permitió el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en Altamira y Tampico, entre 2024 y 2025.