La condena a nueve años de inhabilitación impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sitúa el foco político y judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El fallo, lejos de clausurar el caso, activa una batalla de apelaciones en la que las defensas intentarán desmontar una resolución que declara probado el “enchufismo” institucional. Para el tribunal, quedó acreditado el diseño de un proceso administrativo “cosmético” en la Diputación de Badajoz con el único fin de crear y adaptar una plaza de alta dirección a los intereses del músico.
Mientras la resolución ha provocado un intenso intercambio político entre Gobierno y oposición, los condenados mantienen una posición común: defender su inocencia y agotar todas las vías judiciales disponibles. “Vamos a recurrir hasta el final, primero al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y luego al Supremo”, explica a El País uno de los condenados, y sintetizó que la estrategia que seguirán los afectados.
La resolución de la Audiencia Provincial, que todavía no es firme, impone distintas penas de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación especial, mientras que el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, recibió una pena de dieciocho años de inhabilitación. Otros nueve responsables y ex altos cargos de la institución provincial también fueron condenados a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La clave del fallo no es la contratación inicial, sino la transformación del puesto, ya que el tribunal distingue claramente entre ambos momentos: la Audiencia no fundamenta la condena en el proceso mediante el cual el músico accedió inicialmente a la Diputación de Badajoz, sino en la modificación administrativa realizada varios años después.
Según los magistrados, aquella modificación no respondió a necesidades organizativas objetivas de la administración provincial, sino que buscó adaptar oficialmente las funciones del puesto a la actividad que David Sánchez ya desarrollaba en la práctica, especialmente vinculada a proyectos musicales como Ópera Joven.
La sentencia sostiene que existió “un plan preconcebido" para modificar la plaza mediante un procedimiento que aparentaba ser una simple reorganización administrativa. Quiere decir que se produjo la creación de “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido" cuyo objetivo era que fuera ocupada por el hermano del presidente del Gobierno.
Los magistrados también utilizan una expresión especialmente significativa al afirmar que “se le hizo, en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza”.
El tribunal cuestiona todo el procedimiento administrativo
La resolución dedica buena parte de sus casi 400 páginas a explicar por qué considera ilegal la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), señalando que el expediente nunca definió realmente las nuevas funciones del cargo. Según la Audiencia, esta circunstancia impedía que los órganos técnicos y el propio pleno de la Diputación conocieran con precisión qué estaban aprobando, un vacío que, para los magistrados, no fue accidental.El tribunal sostiene que incorporar una descripción detallada de las nuevas funciones habría evidenciado que no se trataba simplemente de cambiar el nombre del puesto, sino de crear uno completamente distinto, lo que habría obligado a seguir un procedimiento administrativo diferente y mucho más exigente.
La sentencia también cuestiona la utilización de un supuesto reglamento interno de 2003 que sirvió para justificar la tramitación sin negociación sindical ni determinados informes preceptivos, señalando que dicho reglamento nunca llegó a adquirir validez normativa. Según la Audiencia, la norma jamás fue aprobada formalmente ni publicada en el Boletín Oficial correspondiente, pese a que llevaba años utilizándose dentro de la institución.
Uno de los aspectos jurídicamente más relevantes del fallo es aquello que el tribunal no considera probado, ya que, aunque condena por prevaricación administrativa, la Audiencia rechaza expresamente la existencia de tráfico de influencias. Los magistrados afirman que no ha quedado acreditado que David Sánchez utilizara su condición de hermano del presidente del Gobierno para obtener un trato de favor ni que ejerciera presión sobre los responsables de la Diputación; de hecho, la resolución sostiene que no puede demostrarse que el músico se prevaleciera de su relación familiar con Pedro Sánchez o de su relación personal con Miguel Ángel Gallardo para conseguir la adaptación del puesto.Esta diferencia resulta importante desde el punto de vista jurídico porque delimita el alcance de la condena exclusivamente al ámbito de la actuación administrativa desarrollada por los responsables públicos.
Las defensas anuncian una batalla judicial
Las defensas rechazan de plano las conclusiones alcanzadas por la Audiencia y el abogado de Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torrés, ha anunciado inmediatamente la presentación del correspondiente recurso. “Estamos en desacuerdo con el fallo. Mi cliente y yo sostenemos lo mismo de siempre, que no hubo delito de prevaricación de ninguna clase, ni trato de favor, por lo que un año, tres meses o un día sería demasiado”, aseguró el letrado.
La estrategia pasa ahora por recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, en caso de mantenerse la condena, acudir posteriormente al Tribunal Supremo; mientras tanto, la sentencia carece todavía de firmeza jurídica. Como suele ocurrir en los procedimientos judiciales que afectan a figuras próximas al poder político, la resolución ha provocado respuestas muy distintas según el ámbito institucional: por un lado, la Diputación de Badajoz manifestó su “confianza en la justicia” y expresó un “respeto profundo” hacia la decisión judicial, subrayando que seguirá colaborando con los tribunales cuando sea requerida.
Sin embargo, el PSOE de Extremadura optó por un tono prudente. Su secretario regional, Álvaro Sánchez Cotrina, trasladó respeto por la resolución judicial, mostró apoyo personal a los compañeros afectados y señaló que la organización analizará la aplicación de sus estatutos internos mientras espera el desarrollo de los recursos.
Desde la Junta de Extremadura, el vicepresidente Abel Bautista afirmó que el presidente del Gobierno se encuentra políticamente “cercado absolutamente” y pidió la convocatoria de elecciones, defendiendo que la sentencia refuerza la credibilidad de la Justicia. El Partido Popular extremeño interpretó el fallo como la confirmación de que la Diputación fue utilizada para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno y reclamó explicaciones políticas.
Vox también reclamó un adelanto electoral, mientras que Unidas por Extremadura valoró positivamente las penas de inhabilitación al considerar que constituyen una respuesta adecuada frente a prácticas de clientelismo administrativo.
Por su parte, la acusación ejercida por Manos Limpias considera que la resolución acredita la existencia de “una trama de corrupción” y ha anunciado que seguirá reclamando la devolución de las retribuciones percibidas por David Sánchez durante los años investigados.
Más allá de la confrontación política, el caso adquiere especial importancia desde la perspectiva jurídica porque gira alrededor de uno de los principios básicos del empleo público: que toda modificación organizativa responda al interés general y respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La Audiencia entiende que en este caso dichos principios fueron vulnerados mediante una utilización arbitraria de los procedimientos administrativos. @mundiario