El fallo que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y a otros nueve acusados no solo fija responsabilidades penales, sino que revela cuál fue la prueba que inclinó definitivamente la balanza del tribunal. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz otorgaron un peso decisivo a las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil frente a los testimonios aportados durante el juicio.
Cuando el proceso quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio, una de las grandes incógnitas era precisamente esa: si los jueces considerarían más sólidos los informes policiales que apuntaban a irregularidades en la creación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz o las declaraciones de numerosos testigos que defendieron la legalidad del procedimiento. La sentencia despeja esa duda: el tribunal se decanta por la reconstrucción realizada por la UCO.
Los magistrados destacan especialmente las declaraciones del teniente coronel Antonio Balas, responsable del área anticorrupción de la unidad, y del capitán que participó en la investigación. Según recoge la resolución, ambos mantuvieron con firmeza las conclusiones de sus informes, elaborados tras analizar miles de correos electrónicos y documentación interna de la institución provincial.
Uno de los elementos que más valor concede el tribunal es la interpretación policial de cómo surgió la plaza que finalmente ocupó David Sánchez. La UCO sostuvo que la creación del puesto respondía a una decisión política y que debía haber partido de la cúpula de la Diputación, situando el origen de la iniciativa en Miguel Ángel Gallardo. Los jueces consideran “inverosímil” que el dirigente socialista desconociera que la plaza estaba destinada al hermano del presidente del Gobierno.
Un correo con el apodo “hermanísimo” que se convirtió en una prueba clave
Entre las pruebas analizadas, la sentencia concede una importancia especial a un correo electrónico enviado entre responsables de conservatorios de la provincia. El mensaje, fechado el mismo día en que se aprobaron las bases de la convocatoria, incluía como asunto la palabra “hermanísimo”, en referencia a una supuesta adjudicación ya conocida de antemano.
Aunque durante el juicio el autor del mensaje trató de restarle importancia y lo presentó como un simple rumor, los magistrados consideran que ese intercambio refuerza la tesis de que dentro de la Diputación existía una percepción previa sobre quién ocuparía finalmente la plaza.
El tribunal entiende que ese correo no es una prueba aislada, sino una pieza dentro de una cadena de indicios que encajan con la cronología elaborada por la UCO. Para los jueces, la investigación policial permitió reconstruir una secuencia de acontecimientos más coherente que la versión ofrecida por algunos de los testigos.
La sentencia cuestiona la independencia de parte de los testimonios
Frente al valor otorgado a los informes policiales, la Audiencia Provincial resta credibilidad a una parte importante de los testimonios escuchados durante la vista oral. En concreto, pone bajo sospecha las declaraciones de varios altos cargos y trabajadores de la Diputación de Badajoz por su relación jerárquica o política con los acusados.
Los magistrados argumentan que, al tratarse de una administración pequeña y muy jerarquizada, algunos testigos podían estar condicionados por su posición dentro de la estructura institucional. La sentencia menciona casos de personas que habían sido promocionadas recientemente o que mantenían vínculos de confianza con dirigentes implicados en la causa.
Para el tribunal, esa cercanía podía afectar a la espontaneidad y objetividad de sus declaraciones. En su análisis, los jueces consideran que existía un posible “sesgo jerarquizado y político” que impedía conceder a esos testimonios el mismo valor probatorio que a la documentación y los informes elaborados por la UCO.
La resolución también cuestiona la estrategia seguida por los propios acusados durante el juicio, al recordar que optaron por responder únicamente a las preguntas de sus abogados. Para los magistrados, esa decisión no implica culpabilidad por sí misma, pero sí forma parte del contexto valorado junto al resto de elementos de la causa.
El desenlace judicial deja así una conclusión clara: en este procedimiento, la batalla probatoria no se decidió por el número de testimonios, sino por la solidez que el tribunal atribuyó a unas pruebas frente a otras. La sentencia convierte el trabajo de la UCO en el eje central de su argumentación y abre un nuevo escenario político para los implicados, especialmente para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, cuya condena añade presión al debate público sobre el uso de las instituciones y los procesos de selección dentro de las administraciones. @mundiario