Familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en Sonora en 2019 solicitaron a un juez federal de Estados Unidos información sobre los bienes de Ismael “El Mayo” Zambada, con el objetivo de reclamar parte de los activos bloqueados y utilizarlos para cubrir una indemnización obtenida contra el Cártel de Juárez.
La petición fue presentada ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, quien tiene programado sentenciar al cofundador del Cártel de Sinaloa el próximo 20 de julio de 2026.
Los familiares buscan evitar que el dinero y las propiedades que eventualmente sean localizados o decomisados al narcotraficante queden únicamente bajo control del Gobierno de Estados Unidos, sin que las víctimas tengan oportunidad de reclamar esos recursos.
Zambada se declaró culpable de encabezar una empresa criminal continua y de participar en actividades de delincuencia organizada. Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía estadounidense, aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares y enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
Julián LeBarón asegura que no cederá ante la intimidación y reafirma su decisión de hacer públicas todas las amenazasFamilias piden conocer los activos de “El Mayo”
El abogado John M. Eubanks, integrante del despacho Motley Rice, presentó el 7 de julio una carta de cinco páginas ante la corte de Brooklyn para solicitar que se preserven los derechos de las víctimas sobre cualquier bien relacionado con Zambada.
El litigante pidió al juez Cogan ordenar al Gobierno estadounidense que informe directamente a las familias sobre la existencia de cuentas bancarias, propiedades, empresas, dinero u otros activos asegurados al capo.
También solicitó una orden preliminar de decomiso y acceso limitado a la información financiera entregada por Zambada como parte de su acuerdo de culpabilidad.
El documento advierte que las autoridades han señalado que no existen bienes identificados contra los cuales proceder, pese a que Zambada fue considerado durante décadas uno de los narcotraficantes con mayores ingresos del mundo.
La defensa del narcotraficante debía entregar una declaración financiera completa y veraz al Gobierno estadounidense antes de la audiencia de sentencia, según los términos señalados en el procedimiento penal.
Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York¿Por qué relacionan a Zambada con la masacre?
La masacre de noviembre de 2019 fue atribuida en el juicio civil estadounidense al Cártel de Juárez. Sin embargo, los representantes de las familias sostienen que “El Mayo” Zambada habría proporcionado asistencia material, hombres y armas para ejecutar el ataque.
Este planteamiento todavía deberá ser analizado por el juez. La carta no implica que Zambada haya sido condenado penalmente por la masacre ni que su responsabilidad en esos hechos haya sido establecida dentro del proceso que enfrenta en Nueva York.
Los abogados buscan que sea reconocido como supuesto agente o instrumento del Cártel de Juárez, una figura que permitiría a los demandantes intentar embargar sus activos bajo la legislación estadounidense contra el terrorismo.
Familias obtuvieron sentencia por más de 4 mil 600 millones de dólares
Los familiares promovieron en Estados Unidos el juicio civil Miller v. Juárez Cartel, en el que obtuvieron una sentencia en ausencia contra la organización criminal.
En junio de 2022, una corte federal de Dakota del Norte ordenó al Cártel de Juárez pagar aproximadamente 4 mil 641 millones de dólares a los demandantes por daños derivados del ataque.
Desde entonces, las familias han iniciado procedimientos para localizar bienes vinculados con la organización criminal y cobrar al menos una parte de la compensación reconocida judicialmente.
La existencia de esa sentencia no significa que el dinero haya sido pagado. Para recibirlo, los demandantes necesitan identificar activos legalmente embargables y demostrar su relación con el cártel condenado o con alguna de sus agencias o instrumentos.
Ley permitiría embargar bienes bloqueados
La petición se apoya en la Ley de Seguro contra Riesgos de Terrorismo de Estados Unidos, conocida como TRIA, aprobada en 2002.
Esta legislación permite que una persona que obtuvo una sentencia por un acto de terrorismo intente cobrarla mediante la ejecución o embargo de bienes bloqueados pertenecientes a una organización terrorista, incluidas las propiedades de sus agencias o instrumentos.
Para aplicar ese mecanismo, las víctimas deben acreditar que poseen una sentencia válida, que los activos se encuentran bloqueados y que pertenecen al grupo condenado o a una entidad vinculada con este.
Los abogados de las familias pidieron que cualquier orden de decomiso dictada en el proceso penal de “El Mayo” no elimine ni limite previamente su posibilidad de reclamar los bienes.
Corte del Distrito Sur de Nueva YorkDecomiso de 15 mil millones enfrenta obstáculos
Aunque Zambada aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, esa cifra representa el valor calculado de las ganancias obtenidas mediante sus actividades criminales y no significa que las autoridades ya tengan localizada esa cantidad.
El Gobierno de Estados Unidos tendrá que identificar cuentas, propiedades, empresas o prestanombres relacionados con el narcotraficante antes de recuperar los recursos.
La petición de las familias abre una disputa sobre quién tendría prioridad sobre los bienes: el Gobierno estadounidense, mediante el decomiso penal, o las víctimas, a través de la sentencia civil y las disposiciones previstas en la TRIA.
El juez Cogan deberá determinar si concede acceso a la información financiera, si emite una orden preliminar de decomiso y si adopta medidas para proteger una eventual reclamación de los familiares antes de sentenciar a Zambada.
