México lleva meses viviendo una ofensiva legal y política de Estados Unidos contra funcionarios señalados de proteger al narco. Con todo eso encima, sorprende poco, pero no deja de ser revelador, que ahora hayan salido a la luz dos grabaciones donde una gobernadora en funciones aparece negociando su futuro judicial con supuestos agentes del FBI. La pregunta que casi nadie se ha hecho en voz alta es quién, además de alguien con acceso a comunicaciones protegidas por agencias estadounidenses, tiene forma de grabar ese tipo de conversaciones y decidir, además, cuándo soltarlas.
Los hechos, en orden. El 21 de junio, el columnista Héctor de Mauleón publicó en El Universal un primer audio en el que se escucha a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, hablando con interlocutores que se presentaron como asesores externos del FBI, en el contexto de la cancelación de su visa estadounidense en mayo de 2025. El 13 de julio, De Mauleón difundió un segundo audio, más grave: la gobernadora ofrece compartir información de las Mesas de Paz y Seguridad a cambio de frenar cargos penales o una eventual extradición, y expresa temor a una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El gobierno de Baja California confirmó que las voces son reales, aunque dijo que los audios fueron sacados de contexto.
El propio De Mauleón no se guardó el calificativo. Tituló su columna del 14 de julio “La traición de Marina del Pilar” y cerró con una idea sin matices: que la gobernadora, con tal de salvarse, es capaz de cometer una traición. No es una etiqueta menor. Las Mesas de Paz y Seguridad son foros diarios donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno y donde se comparte inteligencia sensible sobre operativos y objetivos del Estado mexicano frente al crimen organizado. Ofrecer ese material a cambio de una visa o de esquivar una extradición no es un problema de comunicación, es la conducta que cualquier código penal reservaría para la categoría más grave de traición a la patria.
Ahí aparece la ironía. El gobierno de Morena ha usado ese término como garrote político durante años: contra legisladores que se opusieron a la contrarreforma eléctrica, contra organizaciones civiles financiadas desde el extranjero, contra gobernadoras panistas que cooperaron con agencias estadounidenses en operativos antinarco. Ahora que una gobernadora del propio movimiento ofrece, en sus palabras, hablar de todo lo que sabe de las mesas de seguridad, Palacio Nacional guarda silencio. La velocidad con la que el oficialismo usa la etiqueta contra sus críticos, comparada con el silencio de ahora, dice tanto como los audios mismos.
¿Por qué salen estas grabaciones justo ahora? Porque no llegan solas, llegan como parte de un guion que Washington viene escribiendo desde hace meses, y que tiene un nombre propio para el gobierno mexicano: narcogobierno. El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales. Dos semanas después, el 13 de mayo, el director de la DEA, Terry Cole, se plantó ante el Senado y no midió el lenguaje: dijo que altos funcionarios del gobierno mexicano y narcotraficantes han estado en la cama durante años, y que la persecución contra la narcopolítica mexicana es solo el comienzo de lo que está por venir. El 13 de julio, el mismo día en que se difundía el segundo audio de Ávila Olmeda, Cole volvió a hablar, ahora en una cumbre antidrogas en Orlando, y cerró la pinza: existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano, dijo, son la misma cosa, y para la DEA son la prioridad número uno.
Léase la secuencia completa. Cargos penales contra un gobernador en funciones. Un director de agencia federal que acusa colusión sistémica ante el Congreso. Una filtración que exhibe a otra gobernadora ofreciéndose como informante. Y, el mismo día, la cabeza de la DEA repitiendo en público que gobierno y cártel son una y la misma cosa. Cuatro golpes, todos apuntando al mismo lugar, todos en menos de tres meses. Eso no es casualidad, es estrategia, y su objetivo no es procesar a un funcionario a la vez, es instalar en la opinión pública, mexicana y estadounidense, la idea de que no hay distinción posible entre el Estado mexicano y el crimen organizado que dice combatir.
La consecuencia de esa estrategia no es judicial, es política. Cada pieza suelta admite una lectura local: un affaire de una gobernadora, una declaración de rutina en un foro sobre fentanilo, un caso penal contra un solo estado. Juntas, desgastan algo mucho más difícil de reconstruir que un expediente: la credibilidad del gobierno mexicano como interlocutor de buena fe. Esa erosión le sirve a Washington para negociar migración, revisión del T-MEC y control de precursores químicos desde una posición donde México ya no discute como igual, sino como sospechoso al que hay que vigilar y, si acaso, tolerar mientras coopere. El precedente venezolano enseña que el discurso de soberanía, por sí solo, no ha bastado para frenar esa lógica cuando Washington decide avanzar. México corre el riesgo de aprender esa lección de la peor manera, por experiencia propia.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por cooperación pragmática, extradiciones, decomisos, refuerzo fronterizo, precisamente para evitar ese desenlace. El reto no es solo sostener el argumento de la soberanía. Es evitar que cada nuevo audio y cada nueva declaración de un director de agencia estadounidense vayan normalizando, dentro y fuera de México, la idea de que ya no hay distinción clara entre Estado y cártel. Esa es la apuesta real detrás del escándalo de Marina del Pilar: no ganar su caso judicial, ganar el relato.
En otras latitudes digitales…
Este mundial ha sido terrible para la reputación de Argentina y de la FIFA, pero de eso hablaremos luego…