Este 16 de julio se cumple un año de la publicación de la Ley en Materia de telecomunicaciones y radiodifusión que nos lleva a pensar sobre su impacto en el sector. Las reformas legales suelen juzgarse por el contenido de sus disposiciones, habida cuenta que llevó un proceso legislativo sui generis que incluyó las opiniones de expertos en el Senado con inserciones sobre el camino como la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

A un año de la Ley, la discusión se desplaza ahora a los planes estratégicos y acciones que necesita el país para habilitar el espectro radioeléctrico para nuevos usos.

Aunque el primer año de la Ley estuvo acompañado por un intenso debate sobre los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, la prioridad debe estar en otro frente, pues caso contrario nos quedaríamos atrás como país en la implementación de soluciones inalámbricas de alta capacidad y usos industriales.

La Ley incorporó por primera vez una figura conocida como “Red de Radiocomunicaciones Inteligentes”. La Ley la define como una red establecida dentro de un área geográfica delimitada, destinada a satisfacer necesidades particulares de industrias u otros sectores y separada lógica, técnica o físicamente de las redes públicas.

La importancia de esta definición representa el reconocimiento de que el espectro ya no debe entenderse como un recurso para prestar servicios públicos de telecomunicaciones. También puede ser infraestructura crítica para la industria, logística, manufactura, minería, los puertos, los aeropuertos o los complejos energéticos.

Este cambio acerca a México a una tendencia internacional cada vez más consolidada. Las redes privadas 5G comienzan a utilizarse para automatizar líneas de producción, controlar maquinaria, conectar sensores industriales, administrar inventarios en tiempo real y fortalecer la seguridad operativa de instalaciones estratégicas. La conectividad deja de ser un servicio para convertirse en un factor de productividad.

Por ello resulta relevante que la CRT impulse la “Licitación para Redes Inteligentes”, pues representa el primer ejercicio institucional para realizar otro tipo de licitaciones y cómo hacerla operativa.

Si esta visión se consolida, la política de espectro dejará de orientarse a operadores móviles para incorporar nuevos usuarios ligados con procesos industriales y de innovación tecnológica.

Ello no implica abandonar las licitaciones tradicionales. Significa ampliar la perspectiva sobre el valor económico del espectro y reconocer que la transformación digital requiere esquemas regulatorios capaces de atender necesidades más diversas que las existentes hace apenas una década.

Por otro lado, en este primer año de la Ley, es de destacarse también uno de los principales retos relacionados con la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como un primer gran ejercicio operativo del nuevo modelo institucional. Las disposiciones emitidas para garantizar la conectividad durante el torneo muestran la dimensión que adquiere la administración del espectro cuando convergen radiodifusores internacionales, operadores móviles, enlaces satelitales, sistemas inalámbricos para producción audiovisual, dispositivos de seguridad y millones de usuarios conectados simultáneamente.

En este escenario, administrar el espectro deja de ser una función administrativa para convertirse en un ejercicio de coordinación técnica, planeación regulatoria y respuesta institucional. El éxito del Mundial ha sido visto y, en buena medida, detonado por esa infraestructura invisible que ha funcionado sin interrupciones.

Vistas en conjunto, las redes inteligentes y la preparación regulatoria para la Copa Mundial revelan una constante, son un ejemplo palpable de que ambas utilizan el espectro como herramienta para resolver problemas, por un lado, orientado a impulsar productividad e innovación; y por otro, garantizar continuidad operativa.

Quizá esa sea la mejor forma de evaluar el primer aniversario de la Ley. No por el número de disposiciones emitidas ni por las instituciones que sustituyó, sino por la capacidad de orientar la política pública hacia los desafíos tecnológicos que marcarán los próximos años. Las leyes cambian sectores únicamente cuando modifican la manera en que se toman las decisiones regulatorias.

Hace un año se publicó un nuevo marco jurídico. Hoy comienza a consolidarse una nueva política de espectro. Si la CRT logra aprovechar los instrumentos contenidos en Ley, como los ejemplos para impulsar esquemas para redes inteligentes y administrar con éxito los desafíos de un evento global como la Copa Mundial, el segundo año de la Ley ya no se recordará por la transición institucional, sino por el inicio de una política más flexible, más abierta a la innovación y más cercana a las necesidades de la economía digital. Ese puede ser, más que cualquier reforma normativa, el verdadero legado de esta nueva etapa de las telecomunicaciones mexicanas.