La justicia europea ha despejado una de las mayores incógnitas jurídicas que pesaban sobre la ley de amnistía. En una resolución que toca de lleno los pilares de la legislatura de Pedro Sánchez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido que el núcleo de la norma aprobada por las Cortes españolas es compatible con el derecho de la Unión, un pronunciamiento que fortalece la posición de los dirigentes independentistas y estrecha el margen para mantener bloqueada su aplicación.
La decisión, esperada desde hace meses, responde a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional y confirma, en lo esencial, el criterio que ya había anticipado el abogado general del TJUE el pasado noviembre. Luxemburgo rechaza que la amnistía constituya una “autoamnistía” incompatible con los principios europeos y considera que la norma fue aprobada dentro de un procedimiento parlamentario ordinario en un sistema democrático.
El aspecto con mayor repercusión política afecta directamente a Carles Puigdemont. El expresident continúa fuera de España porque el Tribunal Supremo rechazó aplicarle la amnistía al considerar que el delito de malversación quedaba excluido de la medida de gracia. Esa interpretación permitió mantener vigente la orden nacional de detención que pesa sobre él.
Sin embargo, el TJUE sostiene ahora que los hechos relacionados con la utilización de fondos públicos durante el procés no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. Los magistrados consideran que, en contraposición con la tesis del Supremo, una eventual disminución de la renta nacional derivada de una hipotética secesión no puede identificarse con un perjuicio directo para el presupuesto comunitario, desmontando uno de los principales argumentos esgrimidos para limitar el alcance de la amnistía.
La resolución no es ejecutoria, por lo que no obliga automáticamente al Supremo a modificar su posición ni levanta de forma inmediata la orden de detención sobre Puigdemont. Esa decisión seguirá correspondiendo a la jurisdicción española. No obstante, el pronunciamiento europeo elimina uno de los principales respaldos jurídicos sobre los que descansaba la negativa del alto tribunal y fortalece los recursos ya presentados por los dirigentes independentistas ante el Tribunal Constitucional.
El fallo abre la puerta a los CDR
El fallo también tiene consecuencias para otros dirigentes del independentismo catalán. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva o Dolors Bassa continúan inhabilitados tras la decisión del Supremo de mantener vigente esa parte de sus condenas por malversación. Si finalmente el Constitucional concluye que la interpretación del Supremo fue incorrecta, todos ellos podrían recuperar plenamente sus derechos políticos y quedar habilitados para concurrir a futuras convocatorias electorales, siendo la más próxima las municipales de 2027.
La segunda gran cuestión abordada por Luxemburgo afecta a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo.
También en este ámbito la Justicia europea respalda el alcance de la ley de amnistía. El tribunal concluye que la directiva europea sobre terrorismo no impide una norma nacional que extinga la responsabilidad penal por hechos cometidos en un contexto político determinado, siempre que esos delitos no hayan provocado de forma intencionada graves violaciones de derechos fundamentales, como el derecho a la vida o la prohibición de la tortura.
Con este criterio, el TJUE avala que los procedimientos abiertos contra los integrantes de los CDR puedan acogerse a la medida de gracia, siempre que concurran los requisitos fijados por la propia legislación española.
La resolución corresponde al Constitucional
Sin embargo, Luxemburgo considera que el procedimiento prejudicial europeo no puede quedar vacío de contenido por la aplicación automática de la amnistía y cuestiona que la legislación española obligue a levantar medidas cautelares o dictar resoluciones en un plazo máximo de dos meses si ello impide a los tribunales plantear dudas interpretativas ante el propio TJUE.
Ese aspecto podría obligar a los tribunales españoles a dejar sin aplicación esa parte concreta de la norma si entienden que limita el funcionamiento del mecanismo prejudicial europeo.
La resolución supone un respaldo significativo para la estrategia jurídica del Gobierno, que siempre defendió que la ley era plenamente compatible con el marco europeo. También representa un impulso para Junts y ERC, que habían convertido la aplicación íntegra de la amnistía en la base de sus pactos con el PSOE para concretar la investidura de Sánchez tras su derrota de las generales de 2023.
Aunque el TJUE aclara muchas dudas y desarma parcialmente el criterio del Supremo, el conflicto judicial dista de haber terminado. El Constitucional mantiene pendientes los recursos de amparo presentados por Puigdemont y otros dirigentes del procés, cuya resolución quedó aplazada precisamente a la espera del pronunciamiento europeo. Ese fallo será ahora la siguiente gran cita judicial que determinará el alcance definitivo de la ley.
El Tribunal Supremo tampoco ha agotado todas sus opciones procesales. Aunque el aval del TJUE reduce notablemente el margen para sostener la interpretación restrictiva de la amnistía, el alto tribunal aún deberá decidir cómo adapta su doctrina a la nueva jurisprudencia europea o si considera necesario plantear nuevas cuestiones interpretativas.
La decisión de Luxemburgo, en cualquier caso, modifica sustancialmente el escenario abierto desde la aprobación de la ley. El principal obstáculo europeo ha desaparecido y el debate regresa plenamente a los tribunales españoles, que tendrán la última palabra sobre cuándo y cómo debe aplicarse la medida de gracia a los principales protagonistas del procés. @mundiario