Ensenada, BC.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, presuntamente forma parte de la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta el momento en el país.
De acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, la organización vendió y distribuyó 15 millones 299 mil 830 litros de hidrocarburos que nunca fueron declarados ante las autoridades.
La FGR señaló al exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que habría causado un millonario daño fiscal. Foto: Cortesía.Te puede interesar: Detienen en Ensenada a Ernesto Ruffo Appel por presunto contrabando de combustible y delincuencia organizada
Así operaba la presunta red
Durante la presentación del caso, la titular de la FGR explicó que la investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la cual identificó una estructura dedicada al contrabando de combustibles mediante el uso de carros tanque ferroviarios.
Precisó que la organización comenzó a operar a través de una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., quien fue detenido en Ensenada por integrantes del Gabinete de Seguridad.
Según la investigación, las empresas relacionadas con la red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al ingresar la mercancía desde Estados Unidos declaraban volúmenes inferiores a los reales o registraban productos distintos a los que efectivamente transportaban, con el propósito de evadir los controles fiscales y aduaneros.
La FGR señaló al exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que habría causado un millonario daño fiscal. Foto: Cortesía.Te puede interesar: Ruffo ya había declarado ante la FGR por investigación de huachicol, asegura su abogado
La FGR señaló que el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez que ingresaba al territorio nacional, la mercancía evitaba las revisiones aduaneras correspondientes, lo que facilitaba su posterior comercialización.
Las indagatorias establecieron que la organización únicamente declaraba el 10% de la capacidad real de cada carro tanque ferroviario. Mientras reportaban aproximadamente 10 mil litros, en realidad transportaban hasta 110 mil litros, combustible que ingresaba sin revisión y era descargado en conexiones ferroviarias conocidas como espuelas, desde donde continuaba su distribución ilegal.
Distribución y comercialización
En esos puntos, agregó la Fiscalía, el combustible era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas que no contaban con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético. Posteriormente, estas compañías comercializaban y distribuían el producto en distintas regiones del país.
La investigación permitió reconstruir el recorrido completo del combustible, desde su ingreso a México hasta su venta final.
Como resultado de una primera acción operativa, la autoridad estimó una afectación económica de 32 millones 808 mil pesos para la organización, además de desarticular uno de sus principales centros de operación y localizar decenas de carros tanque ferroviarios en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.
La FGR señaló al exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que habría causado un millonario daño fiscal. Foto: Cortesía.Millonario daño al fisco
Las investigaciones también revelaron un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión en el pago de impuestos.
El análisis de los cargamentos permitió determinar que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades competentes.
La FGR identificó además que la organización habría utilizado 162 carros tanque ferroviarios para evadir el pago de contribuciones federales.
Solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos, a los que se suman 18 millones 899 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En conjunto, el posible daño ocasionado a la Hacienda Pública por ambos conceptos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos, de acuerdo con las estimaciones presentadas por la Fiscalía.
En el caso del diésel, la autoridad detectó importaciones equivalentes a más de diez veces el volumen autorizado. Respecto a la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron al país más de tres veces y media la cantidad permitida por las autorizaciones correspondientes.
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Rastrean operaciones financieras
La investigación no se limitó a las operaciones de importación. Paralelamente, la Fiscalía realizó un análisis financiero especializado que permitió identificar movimientos incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas, así como los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos obtenidos mediante estas actividades.
Como resultado del análisis financiero fueron detectados movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias por mil 386 millones de dólares.
Las cuentas presentaban un patrón recurrente de recepción y transferencia inmediata de recursos, manteniendo saldos mínimos, comportamiento característico de las llamadas cuentas puente, utilizadas para dificultar el rastreo del origen del dinero y de sus beneficiarios finales.
Más de 4 mil operaciones bajo investigación
La FGR amplió las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México y detectó que, entre enero y julio de 2025, la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación mediante las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
El análisis de esas operaciones permitió estimar un perjuicio para la Hacienda Pública superior a 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones fiscales correspondientes.
Van 25 órdenes de aprehensión
Como resultado del primer bloque de la investigación, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas.
Informó que Ernesto N. y otras cuatro personas ya fueron detenidas, mientras continúan las acciones para ejecutar el resto de los mandamientos judiciales.
La institución añadió que del 25 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026 han sido vinculadas a proceso 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
Entre los investigados figuran socios de empresas presuntamente involucradas, operadores logísticos y servidores públicos, incluidos agentes aduanales y personal autorizado.
Finalmente, la FGR indicó que la investigación cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis científicos que fortalecen la indagatoria. Las acciones operativas fueron planeadas para ejecutarse en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.