Ana María Salazar
En la entrega de la semana pasada, escribí sobre la posibilidad de que la Casa Blanca implementará sanciones en contra del partido Morena por vínculos con organizaciones que Estados Unidos define como terroristas. Como lo señalé en entregas anteriores, claramente el Gobierno de Estados Unidos tiene información suficiente de la participación de elementos criminales en las elecciones intermedias del 2021 proporcionando recursos y haciendo uso de la violencia. Esta realidad está plasmada en el texto inicial del “indictment” en contra de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses. Pero no sorprendería que las agencias estadounidenses también tuvieran información detallada del apoyo que proporcionó el Cartel de Sinaloa y otras organizaciones a las elecciones nacionales del 2024, cuando fue electa la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que el secuestro del “Mayo” Zambada por el hijo del “Chapo”, Joaquín Guzmán López, sucedió 50 días después de las elecciones en junio 2024. A pesar de las declaraciones de esta semana de Terry Cole (titular de la DEA) de que hay una “conexión mortal” entre altos funcionarios del Gobierno mexicano y los cárteles de la droga (como Sinaloa y el CJNG), hay que señalar que hasta el momento no hay información o indicios públicos de la participación del crimen organizado en el proceso electoral del 2024. Pero hay suficientes detenidos, enjuiciados y testigos cooperantes en Estados Unidos que seguramente podrían proporcionar información, videos y audios para establecer este vínculo. Pero la Presidenta está rodeada de personas que deberían de informarle que tan expuestos están el Gobierno de México y Morena: El senador Adán Agusto fue el coordinador político de su campaña; el gobernador de Sonora Alfonso Durazo jugó un papel central como presidente del Consejo Nacional de Morena, la actual secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez fungió como secretaria de Seguridad Pública durante el proceso electoral; la actual consejera jurídica, Luisa María Alcalde era secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, Mario Delgado era presidente del Partido. ¿Cuánto sabrá el ex presidente Andrés Manuel López Obrador?
Una estocada al corazón de la Cuarta Transformación y la forma más eficiente de desvincular las organizaciones “terroristas” del Gobierno de México, de la clase política, empresarial, sería sancionar al partido oficial que facilitó la llegada al poder a Andrés Manuel López Obrador y la continuidad política a Claudia Sheinbaum. Podría el partido perfectamente argumentar que las encuestas claramente favorecían a la candidata Sheinbaum, además de la sofisticada estructura política de Morena no requería participación sistemática del crimen organizado en el proceso electoral. Pero el ingresar recursos y “facilitar” con el uso de violencia que los candidatos de Morena ganaran las elecciones siempre ha sido una buena “inversión” para los cárteles: Asegura que tengan cómo controlar a los futuros funcionarios y proteger el negocio, ya sea traficando drogas, huachicol, extorsiones, tráfico de migrantes.
En otros espacios he señalado cómo el Gobierno de Estados Unidos cuenta con un andamiaje legal robusto para sancionar a partidos y organizaciones políticas cuando sus estructuras se entrelazan con el crimen organizado o el terrorismo, principalmente a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), complementada por la Ley Kingpin y órdenes ejecutivas específicas por país. Este marco no es teórico: Se ha aplicado reiteradamente en nuestra región. En Venezuela, altos dirigentes del Partido Socialista Unido (PSUV), incluido su vicepresidente Diosdado Cabello, fueron sancionados bajo señalamientos de narcotráfico y vínculos con el llamado “Cártel de los Soles”. En Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, coordinadora del Frente Sandinista, fue sancionada por represión y corrupción institucional. Y en Colombia, ex dirigentes de las FARC que hicieron la transición a la política -como Iván Márquez- permanecieron bajo sanciones al reincidir en actividades de narcotráfico. Estos precedentes son relevantes para México, donde crecen las preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras partidistas locales, estatales y federales, lo cual podría, en teoría, activar mecanismos similares si Washington decide extender su doctrina de “narco-terroristas” hacia funcionarios o dirigentes mexicanos vinculados a cárteles.
La única forma de entender por qué creció exponencialmente el control territorial de las organizaciones criminales y se disparó los homicidios y las desapariciones en México es la estrategia de “abrazos y no balazos” de López Obrador y la posible colusión del partido con las organizaciones criminales. Pero abordaremos la posibilidad de sanciones en la siguiente entrega.