Uno de los cinco narcolaboratorios desmantelados en Puebla tenía la capacidad de producir drogas sintéticas para abastecer a todo el estado e incluso a una parte de Veracruz, reveló el secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.
En rueda de prensa, el funcionario explicó que el laboratorio, ubicado en Jolapa, en la Sierra Norte, representaba una de las principales instalaciones para la elaboración de drogas sintéticas detectadas en la entidad.
“Era un laboratorio con capacidad para abastecer a Puebla y Veracruz”, afirmó.
Sánchez González indicó que el aseguramiento de este centro de producción clandestino ocasionó una pérdida económica estimada en 2 mil 400 millones de pesos para la delincuencia organizada.
El secretario consideró que resulta “imposible” que las autoridades responsables de la seguridad desconocieran la existencia del laboratorio, debido a que permaneció en operación durante un año antes de que fuera desarticulado.
“Esto se llama omisión y encubrimiento”, sentenció.
El vicealmirante informó que desde el inicio de la administración del gobernador Alejandro Armenta han sido desmantelados cinco narcolaboratorios en la entidad: tres durante el año pasado y dos en lo que va del presente año. Además del localizado en Jolapa, otro fue descubierto en Chila de la Sal, donde también se fabricaban drogas sintéticas.
Advirtió que la expansión de estos centros de producción no solo fortalece financieramente a los grupos criminales, sino que tiene un impacto directo en la salud de la población, particularmente entre niñas, niños y adolescentes.
“Destruyen las capacidades de los menores”, expresó, al señalar que estos laboratorios suelen instalarse en comunidades alejadas y, en algunos casos, con la presunta complicidad de autoridades locales.
En ese contexto, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó la detención de David V., José Santiago B. y Gonzalo N., directores de Seguridad Pública de Chietla, Chila de la Sal y Tehuitzingo, respectivamente.
Los mandos policiales enfrentarán cargos por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, como parte de las investigaciones que buscan determinar la responsabilidad de servidores públicos en la operación de estos laboratorios clandestinos.