Previo a la discusión de la reforma al artículo 127 en la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, en materia de pensiones y jubilaciones. Extrabajadores de distintas dependencias, señalaron que sus haberes no se tratan de privilegios, la aplicación retroactiva afectaría la seguridad jurídica y patrimonio de quienes sirvieron a la nación.
Silvia Ramos Luna, integrante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, expuso que la iniciativa que van a reformar en el pleno de San Lázaro, propone establecer límites a las pensiones financiadas con recursos públicos, lo cual violan los derechos laborales.
Además, dicho sector que representó ante los diputados, en su mayoría, son trabajadores de campo, no son producto de la corrupción, la discrecionalidad ni la improvisación. Señaló que reducir sus pensiones desconoce el valor del trabajo técnico y profesional que han sostenido sectores estratégicos del país.
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Asimismo, sentaría un precedente grave al permitir que derechos adquiridos se puedan modificar por decisiones posteriores del legislador.
'Cada pensión representa una contraprestación legítima construida a lo largo de todo una vida laboral'
“Son resultados de décadas de trabajo calificado y especializado, labores técnicas de alta responsabilidad, exposición constante a riesgos operativos, altos niveles de estrés laboral inherentes al sector energético y compromiso sostenido con el desarrollo de la industria nacional. Cada pensión representa una contraprestación legítima construida a lo largo de todo una vida laboral bajo condiciones previamente definidas y aceptadas por el propio Estado Mexicano”, expresó.
En cambio, Rosa Galaz Dávila, de un colectivo de jubilados de confianza de CFE, externó su preocupación y rechazo de la reforma, por considerar que su posible aplicación retroactiva afecta la seguridad jurídica y el patrimonio legítimo de quienes sirvieron a la nación.
La violación al principio de retroactividad y certeza jurídica. Argumentó que sus jubilaciones son legales, transparentes y auditables.
“Se sustentan en un marco normativo pactado con el Estado mexicano generando derechos adquiridos que forman parte de nuestro patrimonio legítimo.Todos los jubilados de confianza inicialmente fuimos contratados al amparo del contrato colectivo de trabajo CFE. Asimismo, nuestras jubilaciones fueron ratificadas por la autoridad laboral competente. El artículo 14 constitucional prohíbe estrictamente la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna”, señaló.
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'Eso alcanza para pagar 400 años de nuestras pensiones'
En cambio, Adán Oviedo de jubilados de Pemex, argumentó que los 5 mil millones que pretenden recaudar con la reforma lo contrastó con la suma de la cancelación del aeropuerto, el huachicol fiscal, la refinería de Dos Bocas, etc.
Sumaría 2 millones de millones de pesos. Aseguró que alcanzaría para pagar 400 años de sus pensiones
“Eso suma 2 millones de millones de pesos que contrastados con los 5 mil millones de pesos al año que se quieren ahorrar, representaría que eso alcanza para pagar 400 años de nuestras pensiones y significa apenas el punto .0025% de esa cifra que está pendiente por aclarar”, sentenció.