Con el respaldo de más de 600 personas, organizaciones y colectivos, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para realizar una audiencia pública sobre prisión preventiva oficiosa, en el marco del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzomplaxte Tecpile y García Rodríguez, en los que el Estado quedó condenado por las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo.
Entre los apoyos a la petición destaca el de Israel Vallarta, quien respaldó el llamado para que la Corte abra un espacio amplio de discusión antes de resolver los expedientes de cumplimiento de sentencia internacional 1/2023 y 3/2023.
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El caso de Israel Vallarta se volvió emblemático, luego de quedar detenido en diciembre de 2005 junto con la francesa Florence Cassez en un operativo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) que después se reconoció como una escenificación transmitida en televisión.
La propia Suprema Corte, al resolver el caso Cassez, sostuvo que ese montaje vulneró la Presunción de inocencia y generó un “efecto corruptor” sobre el proceso.
Buscan foro en donde se escuchen las más de 40 mil personas sujetas a prisión preventiva
Los promoventes buscan que la promesa de apertura de la nueva integración de la Suprema Corte se traduzca en un foro donde se escuchen las más de 40 mil personas sujetas a prisión preventiva oficiosa y sus familiares, además de especialistas, universidades, barras y colegios de abogados. El objetivo es que, antes de resolver el cumplimiento de las sentencias internacionales, se escuchen las voces de quienes han resentido directamente la aplicación de esta medida.
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De acuerdo con el documento, la Red Década contra la Impunidad y el Colectivo Pena sin Culpa, representantes respectivamente de los casos Tzomplaxte Tecpile y García Rodríguez, llamaron a la SCJN a atender de manera prioritaria el tema de la prisión preventiva oficiosa, colocar al centro los derechos humanos y dar cumplimiento pleno y efectivo a las resoluciones de la Corte Interamericana, que obligan al Estado mexicano a eliminar tanto la prisión preventiva oficiosa como el arraigo.