El acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Vox en la Comunitat Valenciana ha marcado un antes y un después en la política autonómica española. Les Corts Valencianes han aprobado las cuentas de la Generalitat para 2026, dotadas con 33.305 millones de euros, incorporando por primera vez en unos presupuestos con rango de ley el concepto de “prioridad nacional”, una de las principales exigencias de la formación de extrema derecha para garantizar su apoyo parlamentario.
La medida supone una victoria simbólica para Vox, que llevaba meses condicionando su respaldo al Gobierno valenciano a la inclusión expresa de este principio en las cuentas públicas. José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts, celebró la aprobación asegurando que se trata de “los primeros presupuestos donde se incluye la prioridad nacional” y defendiendo que el concepto acabará llegando a otras normativas de ámbito estatal.
El Ejecutivo autonómico, presidido por Juanfran Pérez Llorca, ha logrado sacar adelante los presupuestos con los votos favorables del PP (40 diputados) y Vox (13), frente al rechazo de PSPV-PSOE (31) y Compromís (15). Son las primeras cuentas aprobadas bajo el mandato de Pérez Llorca, que asumió la presidencia de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón en diciembre del año anterior.
La incorporación de la llamada “prioridad nacional” no aparece como una categoría general aplicable a todos los servicios públicos, sino vinculada a determinadas políticas sociales, de vivienda y apoyo al medio rural. En los textos presupuestarios se plantea que determinados recursos puedan priorizar a personas con un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana, valorando aspectos como el empadronamiento histórico, la trayectoria laboral, la cotización, los vínculos familiares o la relación económica y social con el territorio.
Sin embargo, la fórmula elegida ha abierto una intensa batalla política y jurídica. Mientras PP y Vox defienden que se trata de una manera de reconocer la vinculación con el territorio y ordenar el acceso a determinadas ayudas, la oposición considera que introduce un criterio discriminatorio inspirado en postulados de la extrema derecha europea.
Una exigencia de Vox que redefine el equilibrio del Gobierno valenciano
Durante la negociación presupuestaria, Vox convirtió la inclusión de este concepto en una línea roja. La formación había advertido que no facilitaría la aprobación de las cuentas si no se recogía expresamente su propuesta, lo que obligó al PP a aceptar una terminología que hasta ahora solo había aparecido en acuerdos políticos entre ambas formaciones en otras comunidades autónomas.
El Partido Popular ha intentado rebajar el impacto político del término y ha insistido en que el contenido real de las medidas está relacionado con el arraigo, un criterio que ya utilizan algunas administraciones para valorar determinadas ayudas. Desde la Generalitat defienden que cualquier aplicación estará “ajustada a la legalidad vigente”.
No obstante, para sus críticos, el debate no se limita a la redacción concreta de las partidas, sino al marco ideológico que introduce. PSPV-PSOE y Compromís acusan al PP de asumir parte del discurso de Vox y de abrir la puerta a una diferenciación entre ciudadanos en función de su origen o trayectoria de residencia.
El posible recurso al Constitucional eleva la tensión política
La controversia no se quedará únicamente en el ámbito autonómico. La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ya ha anunciado que el Gobierno central estudiará recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma presupuestaria si considera que la “prioridad nacional” vulnera los principios constitucionales de igualdad.
El conflicto anticipa una nueva batalla institucional sobre los límites de las comunidades autónomas a la hora de establecer criterios de acceso a recursos públicos. La cuestión central será determinar si valorar el arraigo territorial constituye un mecanismo legítimo de gestión de ayudas o si puede convertirse en una forma de discriminación incompatible con la igualdad ante la ley.
Además, la ley de acompañamiento de los presupuestos, cuya votación está prevista para el 31 de julio, puede ampliar el alcance práctico de este principio al incorporarlo a distintas políticas del Consell. Por ello, la aprobación de estas cuentas no solo representa un acuerdo presupuestario, sino también un nuevo capítulo en la influencia de Vox sobre la agenda política de los gobiernos autonómicos donde comparte espacio con el PP.
La decisión valenciana convierte así a la Comunitat en el primer territorio donde una expresión asociada históricamente a la extrema derecha europea queda incorporada a una ley presupuestaria autonómica. Sus efectos dependerán ahora de cómo se aplique, de los posibles recursos judiciales y de si este modelo se extiende a otras comunidades. @mundiario