Chihuahua— El viernes 17 de enero de 2025, el padre Lorenzo Medina Díaz viajaba en su camioneta junto con cinco personas desde Guadalupe y Calvo hacia la Cuasi Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en el seccional de Dolores, cuando fueron alcanzados por las balas que civiles armados dispararon desde los cerros que rodeaban el camino.
El sacerdote tuvo la suerte de tener una sola herida en el hombro y seguir conduciendo a toda velocidad para llevar al resto de los tripulantes de vuelta a la cabecera municipal, según narró a El Diario días después.
En este 2026 y a un año y medio del ataque al párroco de Dolores, la violencia en Guadalupe y Calvo no ha sido erradicada y de nueva cuenta un líder religioso fue blanco de atentados por parte de los sicarios que rondan por toda la región.
El pastor cristiano Miguel Ángel Valenzuela Martínez y su padre, Ángel Valenzuela Cano, originarios de la comunidad de Yerbitas, no corrieron con la misma fortuna que el padre Medina.
Ambos fueron encontrados sin vida el 20 de julio, a la altura del kilómetro 5 del tramo carretero que conecta a El Ocote con la cabecera de Guadalupe y Calvo.
Disputa territorial
Ese mismo día habían sido localizados otros cuatro cadáveres en una zona boscosa de la comunidad de Ojo Frío, en el mismo municipio.
Ninguno de estos dos eventos fue fortuito, ocurrieron en el contexto de una creciente violencia provocada por la disputa territorial entre “La Línea” y el Cártel de Sinaloa (CDS); en ambos, priva la impunidad, pues no hay antecedentes de detenciones directamente relacionadas con los dos ataques.
La latente presencia del crimen y la cíclica erupción de la violencia que someten a los pobladores a un régimen de inseguridad, miedo y carencias materiales hacen que la impunidad siga pesando fuerte en las comunidades del sur del estado.
Además del asesinato del pastor Valenzuela, de los homicidios y balaceras, también existe el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, como el caso reciente de cientos de habitantes de Cinco Llagas.
381 asesinatos en Guadalupe y Calvo
Sólo en el tema de asesinatos, desde 2021, un total de 381 personas han sido privadas de la vida en Guadalupe y Calvo, entre ellas ocho mujeres víctimas de feminicidio, según registros oficiales de la FGE. El año con mayor incidencia en este período fue 2024, con 79 homicidios dolosos.
En ese año, la gente que habita diversas regiones de Guadalupe y Calvo ya alertaba a través de redes sociales y números de emergencia sobre enfrentamientos de grupos delictivos; en Dolores, ubicada a pocos kilómetros del centro operacional de “Los Salgueiro”, del Cártel de Sinaloa, los conflictos se volvieron más frecuentes desde esas fechas.
La situación empeoró con tres ataques con bombas lanzadas desde drones en diciembre de 2024. El primero fue el 24, en la comunidad de El Pinito; luego, el 27, en El Carnero, y el 31, en Dolores. Dichas comunidades sufrieron el éxodo de prácticamente todos sus habitantes.
Al siguiente día fue encontrado un cadáver colgando en el arco de bienvenida al municipio; días después, el 1 de enero de 2025, otros dos cuerpos fueron dejados en el mismo lugar.
Para julio del año pasado, la cantidad de ejecutados y los atentados –que llegaron a durar horas- alcanzaron un nivel crítico que forzó el cierre de muchos comercios, e incluso la Presidencia municipal paró sus actividades de manera temporal.
En algunas partes de la cabecera llegaron a tener problemas con el suministro de luz, Internet y servicio de telefonía celular. Los episodios de desplazamiento forzado también continuaron.
Pese a que el 22 de julio del año pasado la gobernadora María Eugenia Campos Galván y mandos de todos los órdenes de gobierno realizaron un cónclave de seguridad en la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo, el terror volvió a los pocos días, cuando el 26 de julio, balaceras en la zona comprendida entre el Barrio Coronado, “La Periquera” y “La Bufa” derivaron en el secuestro y posterior liberación del hijo de un exalcalde, así como en el abatimiento de tres presuntos sicarios, el hallazgo de una persona calcinada y la detención de un supuesto delincuente.
En lo que va del año
En este año, los hechos de sangre comenzaron desde los primeros días. El 3 de enero fueron encontrados los cuerpos de cinco hombres, tres de ellos conductores de camiones madereros.
El 11 de enero, sujetos armados dispararon en contra de un convoy de la Guardia Nacional cuando realizaba labores de vigilancia en Guadalupe y Calvo. Los oficiales, al repeler la agresión, aseguraron dos fusiles, equipo táctico y distintos cartuchos.
Los hechos ocurrieron en la comunidad conocida como Cerro Solo, cuando al llevar a cabo labores de patrullaje, las fuerzas federales fueron atacadas a balazos. Afortunadamente ninguno de los elementos resultó lesionado.
Los habitantes de la zona también han padecido falta de servicios públicos. El 10 de enero, la población de la cabecera municipal denunció que tenían 80 horas sin servicios de telefonía fija, celular e Internet de Telmex y Telcel.
Febrero
En febrero ocurrió el primer episodio documentado de desplazamiento en la comunidad de Atascaderos, donde 200 personas emigraron hacia diversos puntos, 80 de ellas hacia Parral y unas más a la capital y otras localidades.
El acercamiento con los afectados fue desde la noche del 24 de febrero, cuando las autoridades acudieron a brindar ayuda humanitaria consistente en alimentos, bebidas y medicamentos, garantizando la atención prioritaria a niñas, niños, personas adultas mayores y con alguna condición de vulnerabilidad.
La Fiscalía de Distrito Zona Sur (FDZS) confirmó que en días previos se registraron al menos cuatro homicidios dolosos en la región de Atascaderos, incluyendo el asesinato de un adolescente de 14 años y varios ataques con granadas, lo que propició la huida de las personas hacia otros municipios.
Marzo y abril
El 17 de marzo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de la Violencia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reportaron que había iniciado el retorno seguro de los pobladores de Atascaderos.
Sin embargo, la violencia no se detuvo; el 6 de abril una avioneta fue derribada a balazos cerca de la región conocida como Cabeza del Cuervo, entre los límites de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.
En la nave viajaban un empresario minero inglés, dos geólogos estadounidenses y un piloto chihuahuense que realizaban vuelos como parte del proyecto minero Copalquin, Durango; salvaron su vida tras aterrizar de emergencia su avioneta Cessna en la pista de Santa Rosalía de Carrizales, a unos 650 kilómetros de la capital del estado.
Mayo
Durante los siguientes meses ha habido reportes de más enfrentamientos; por ejemplo, el 8 de mayo fueron localizados dos cuerpos a bordo de una camioneta incinerada en las inmediaciones de la comunidad de El Ocote, en el camino hacia Puerto Las Vírgenes, donde además fueron asegurados casi 60 casquillos calibre .223, así como algunos 7.62x39.
Junio
El pasado 29 de junio, una mujer de 39 años de edad, de nombre Laura Anahí C.A., arribó sin vida al aeropuerto Frisco, ubicado en el municipio de San Francisco del Oro.
Julio
Desde ese día y durante inicios de julio, Cinco Llagas y comunidades aledañas sufrieron ataques armados y explosiones con uso de drones, lo que generó el éxodo de 150 personas: 83 llegaron a Baborigame y otras 70 salieron caminando sin que hasta el momento se conozca su paradero.
De igual manera, entre 450 y 500 habitantes quedaron atrapados sin alimentos en nueve comunidades durante más de dos semanas, hasta que personal del Gobierno del Estado envió a un grupo para atender directamente a los afectados.
El 13 de julio circularon videos en redes de supuestos enfrentamientos en la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo; no obstante, el material audiovisual no ofrecía imágenes claras que permitieran identificar con precisión el punto exacto de los hechos ni a los involucrados, limitándose a registrar el estruendo de los disparos que atemorizó a la comunidad.
‘Se pierde el Estado de derecho’
El asesinato del pastor Miguel Valenzuela y de su padre, Ángel Valenzuela, ocurrido en el municipio de Guadalupe y Calvo, refleja la pérdida del Estado de Derecho y la crisis de violencia que enfrenta Chihuahua, consideró el pastor José Manuel Delfín, líder de una congregación cristiana en Ciudad Juárez.
El líder religioso lamentó que personas dedicadas al servicio de Dios y de la comunidad estén perdiendo la vida a causa de la violencia.
“Estamos en un estado donde el Estado de derecho se está perdiendo, y es muy triste y lamentable ver que gente que sirve a la comunidad está perdiendo la vida inocentemente”, expresó.
Asimismo, hizo un llamado a las iglesias a asumir un papel más activo frente a la situación que vive el país y a no permanecer pasivas ante el clima de inseguridad.
“Mi llamado sería a que seamos una Iglesia activa, no tan solo en palabras sino en acciones. Es el tiempo donde la Iglesia debe manifestarse y tener posturas muy claras y no ser tan pasivos ante un Gobierno que nos está dejando en el abandono”, afirmó.
José Manuel Delfín dirigió sus críticas a la Federación, a la cual responsabilizó de no actuar con firmeza para contener la violencia generada por el crimen organizado.
“Hablo de un Gobierno federal que no está haciendo nada por esta sociedad”, sostuvo.
Al referirse a la violencia que afecta la Sierra Tarahumara, insistió en que resulta lamentable que un pastor y su padre hayan sido víctimas de grupos criminales.
“Qué lamentable y qué triste que gente que sirve a Dios, que gente que le sirve a la comunidad, esté muriendo en manos de gente sanguinaria, de gente violenta”, dijo.
Añadió que, a su juicio, la estrategia federal no ha dado resultados para frenar a los grupos criminales.
“Nuestro Gobierno federal sigue pactando con ellos, en vez de atacar el crimen organizado, en vez de atacar la violencia y tanta maldad que hay”, manifestó.
El pastor José Manuel Delfín encabeza una congregación ubicada en la colonia Campesina de Ciudad Juárez, desde donde reiteró el llamado a la comunidad cristiana a involucrarse de manera activa ante la situación de violencia que enfrenta el estado.