El éxito en la atracción de recursos privados de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar quedará supeditado a la interacción que pueda tener con otros instrumentos, particularmente en lo relativo a asignaciones presupuestarias para los proyectos, así como en el Consejo Consultivo interinstitucional que se formará y cuyas facultades se verán aterrizadas en el Reglamento que se expedirá una vez que se apruebe la Ley.
Así lo consideró Jerónimo Ramos, socio del despacho Pérez-Llorca en el área de proyectos de Energía e Infraestructura, quien recordó que alrededor de 54% del estimado que se invertirá en nueva infraestructura al 2030, que son más de 3 billones de pesos, corresponde a proyectos energéticos que principalmente serán inversiones en transmisión de energía como ya presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante inversionistas, además de plantas de generación renovable.
Aunque aún no queda claro cómo se implementarán, celebró que en la iniciativa de ley del Ejecutivo enviada al Congreso se añada la flexibilidad de formas contractuales para privados, lo que permitirá combinar esquemas como la capitalización a través de fondos de inversión o fideicomisos, con contratos de obra pública financiada a las tradicionales asociaciones público privadas y venta de energía por adelanto, en figuras similares a los productores independientes de energía.
Así, las empresas que se espera que invertirán en el sector serán las grandes trasnacionales con cierta cautela, mientras que se verá que se repiten otras medianas respaldadas por fondos de inversión como las que han participado en los contratos mixtos de la CFE.
“Y todo dependerá mucho de cómo se vaya determinando la actuación del sector público en cada proyecto, que sí se espera que sean muchos y muy variados, con la clara rectoría del Estado y con un componente de recursos públicos que se definirá hasta que se aterrice mejor el cuerpo normativo alrededor de esta ley”, aseguró Ramos a El Economista.
Las inversiones que lleve a cabo el Estado en cada proyecto provendrán del presupuesto de cada ramo y en materia energética se asignarán a la Secretaría de Energía año con año, según se ha establecido.
A la vez, la nueva figura de Consejo Consultivo estará integrado a más tardar 120 días después de la entrada en vigor de la Ley, y será conformado por representantes de distintas secretarías.
De la iniciativa que será aprobada en los próximos días resalta que los proyectos se otorgarán a privados mediante licitaciones, preferentemente. También se invita a que los proyectos de inversión celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley podrán migrar a los Esquemas de Participación Mixta, previo acuerdo de las partes y aprobación del Consejo.