Con el objetivo de cerrar vacíos legales, homologar criterios en todo el país y evitar que las muertes violentas de mujeres se minimicen o mal clasifiquen, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio.
La propuesta busca obligar a todas las fiscalías del país a investigar estos casos bajo un mismo marco, con perspectiva de género y sin margen para que la muerte violenta de una mujer resulte tratado desde el inicio como otro delito o incluso como un suicidio. Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el propósito central de la reforma es atacar la impunidad que persiste en estos crímenes y forzar a las entidades a armonizar sus normas.
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“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta. Entonces, es muy importante esta Ley. Y tienen todos los estados que modificar sus leyes para asumir esta Ley, porque es Ley General”, puntualizó.
Cambios de fondo
Uno de los cambios de fondo es que el Ministerio Público deberá abrir cualquier investigación por muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio. Sheinbaum explicó que la intención es que exista soporte constitucional para emitir una legislación general que obligue a todas las fiscalías del país a actuar bajo los mismos parámetros.
“La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las Fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo, esta es la ley que se presenta ahora”, destacó.
Al respecto, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, detalló que la iniciativa plantea reformar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir esta ley y homologar el tipo penal.
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La propuesta reconoce nueve razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, estereotipos o prejuicios y relaciones de poder. También fija penas de 40 a 70 años de prisión, contempla sanciones para la tentativa y establece 21 agravantes, como que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, tenga alguna discapacidad, esté en situación de movilidad o que el crimen ocurra frente a hijas o hijos.