Finalicé mi entrega editorial del pasado lunes con esta pregunta: “¿Han iniciado ya las OSC vigentes un proceso de reflexión autocrítica para reinventarse a la luz de esta embestida estatal de corte autoritario que busca desaparecerlas?”.
La pregunta es pertinente porque la tendencia global de los regímenes populistas autoritarios en el mundo, y en particular la 4T, consiste en reducir, al máximo, el espacio cívico en el cual florecen las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Por ello, el ejercicio autocrítico del papel de las distintas OSC en México es una condición obligada para sobrevivir y adaptarse a esos desafíos.
El punto de partida es claro: el debilitamiento de las OSC no fue únicamente producto de decisiones de la 4T, sino también de vulnerabilidades estructurales internas no atendidas. Cinco son los ejes de reflexión sobre dichas debilidades sistémicas.
Primero: Dependencia económica de las OSC respecto al Estado. ¿Qué porcentaje de la operación de las OSC dependía de recursos públicos? ¿Confundieron ellas, en algún momento, la noción de colaboración con subordinación respecto a las autoridades gubernamentales? ¿Diseñaron proyectos en función de convocatorias –para sobrevivir financieramente–, pero no de problemas reales y sentidos por la gente?
En cualquier caso, reflexionemos sobre la vulnerabilidad financiera de las OSC ante los cambios de gobierno (primero), el grado de cooptación que sufrieron por parte del mismo (segundo) y el nivel de capacidad crítica real que mantuvieron respecto al statu quo (tercero).
Segundo: Representatividad de las OSC. ¿Es la base social de las OSC real o simbólica? ¿Es su presencia territorial y personal o sólo institucional y mediática? ¿Cuál es su grado de legitimidad social entre personas de carne y hueso? ¿A quiénes representan? ¿Cuánta gente marcharía en las calles para protestar y denunciar al SAT por cancelar la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 OSC?
Dos temas exigen una reflexión: el grado de elitización de las OSC que las desconecta de comunidades habitadas por gente común, y su nivel de deslegitimación política a nivel territorial.
Tercero: Incidencia política del trabajo técnico de las OSC. ¿Priorizan las OSC la evidencia técnica de sus estudios o diagnósticos sobre la movilización de la gente en torno a dichos resultados? ¿Es el lenguaje de dichos estudios o diagnósticos accesible o excluyente para la gente común? ¿Cuáles son sus estrategias de difusión pedagógica de los mismos entre público no especializado? ¿Incide su trabajo en políticas públicas o sólo producen estudios y diagnósticos?
Las respuestas permitirán conocer su capacidad pedagógica para traducir el conocimiento entre el ciudadano de a pie y su nivel de incidencia política real por el conocimiento generado.
Cuarto: Integración del sector de las OSC. Un lugar común distingue a las OSC en México; defienden su agenda particular para competir en vez de trabajar de manera articulada, ligando agendas e impactando coaligados, con un mayor peso político en su entorno.
¿Colaboran las OSC o compiten por recursos y atención mediática? ¿Tienen agendas comunes con otras OSC que comparten su vocación o con OSC distintas a la misma? ¿Qué tan fuertes son las redes (o los puentes) entre OSC de una misma vocación o, en general, entre las distintas OSC?
La pregunta de fondo es: ¿Cuál es el nivel de articulación entre las OSC para ejercer, en su momento, una defensa colectiva contra el Estado?
Quinto: Comprensión del poder político. En ese afán maniqueo por dibujar “al ciudadano” como un ente moral y éticamente superior “al político”, las OSC olvidan que, de acuerdo con Pierre Bourdieu, ellas están en un “campo político o microcosmos social autónomo y estructurado, constituido como un espacio de competencia entre agentes profesionales (políticos, partidos, OSC) por el monopolio de la autoridad para representar y actuar sobre la sociedad, generando capital simbólico”. En esencia, tan políticos son los integrantes de las OSC, que luchan por imponer una narrativa del mundo, como los políticos ubicados en el otro bando.
De ahí la importancia de preguntarse: ¿entienden las OSC que están luchando por un poder político que no permite neutralidad moralizante alguna? ¿Analizan ellas los cambios en la correlación de fuerzas políticas para diseñar estrategias de protección institucional a corto, mediano y largo plazo? ¿Operan las OSC con una teoría del poder y del contrapoder para comprender el entorno político y actuar en consecuencia?