nullVicente de Jesús Peña Covarrubias
La iniciativa de reforma constitucional, en materia electoral “Plan B”, que la titular del Ejecutivo Federal expuso, perfila una reconfiguración con profunda trascendencia jurídica, política y orden social. Si el Poder Legislativo determina su aprobación, el impacto normativo radicaría en una franca alteración del principio de equidad procesal. Al proponer flexibilizar restricciones sobre la propaganda gubernamental, se contravendría la doctrina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó respecto a la neutralidad ineludible de las autoridades.
Políticamente, homologar la revocación de mandato con comicios ordinarios generaría una ventaja material, alterando las condiciones procesales de participación. Sin embargo, el escrutinio sistemático de esta propuesta, concatenada con las recientes modificaciones a la estructura del Poder Judicial, permite deducir un rediseño institucional de mayor calado.
El “Plan B” expone medidas que, en su conjunto, tienden a suprimir los límites orgánicos al ejercicio del poder público y a diluir los mecanismos de control. Al concentrar las facultades constitucionales en una sola esfera, se desarticula irremediablemente el Estado de derecho.