En días recientes se han publicado declaraciones de Marcos Orellana, Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, así como llamados de diversos grupos para declarar una emergencia generalizada por la actividad porcícola en Yucatán. Ante ello, la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Mérida considera indispensable hacer una precisión: el futuro ambiental del estado no puede debatirse desde el sesgo, la descalificación ni la exclusión de una actividad que sostiene la economía y el empleo de miles de familias yucatecas.
Preocupa profundamente que se quiera instalar una narrativa simplista sobre el sector, como si toda la realidad pudiera resumirse en acusaciones o consignas de confrontación. Los desafíos ambientales son reales y deben atenderse con seriedad. Pero las soluciones no se construyen desacreditando de manera generalizada a todo un sector productivo.
La porcicultura yucateca no puede analizarse con ligereza. Se trata de una actividad estratégica: Yucatán produce hoy alrededor del 12 por ciento de la carne de cerdo nacional y emplea de manera directa e indirecta a más de 30 mil personas en la cadena de valor.
Mejoras
En los últimos tres años, el sector ha formalizado convenios de mejora regulatoria con la Semarnat y la Conagua, y ha invertido en sistemas de tratamiento de aguas residuales en más de 40 unidades de producción. Eso demuestra algo fundamental: hay retos, sí, pero también hay instituciones actuando, diálogo en marcha y una ruta de mejora que debe profundizarse con responsabilidad, no contaminarse con posiciones extremas.
El sector porcícola local no rehúye el escrutinio. Por el contrario, ha avanzado en diálogo con autoridades federales, estatales y municipales, entendiendo que la sostenibilidad exige cumplimiento, inversión, innovación y mejora continua. Lo que no ayuda es convertir un debate técnico y territorial en una campaña de estigmatización contra una actividad que genera empleo, dinamiza cadenas de valor y contribuye a la seguridad alimentaria del país.
También debe decirse con claridad: Yucatán tiene capacidad técnica, vinculación con la academia, colaboración con especialistas y apertura a esquemas de mejora. La porcicultura moderna en el estado tiene la voluntad de seguir elevando estándares en manejo del agua, tratamiento de residuos, bioseguridad, trazabilidad y relacionamiento comunitario. Ese esfuerzo puede y debe acelerarse. Negarlo o minimizarlo es faltar a la verdad completa.
Por eso, Manuel Quijano Canto, presidente de la Aglpm y en representación del sector porcícola organizado en Yucatán, exigió que el Relator Especial Marcos Orellana haga público el protocolo que siguió antes de emitir sus declaraciones: a qué productores consultó, qué visitas realizó y sobre qué evidencia verificable sustentó sus conclusiones.
“Cuando se emiten juicios públicos de alto impacto sin contraste integral, no solo se afecta la reputación de productores y empresas; se daña la confianza social, se polarizan comunidades y se dificulta la construcción de soluciones duraderas. Eso es lo que hoy está en riesgo”.
“Resulta especialmente preocupante que algunos grupos busquen aprovechar estas declaraciones para empujar una narrativa de emergencia generalizada que no contribuye al entendimiento ni al fortalecimiento institucional. Si hay incumplimientos, deben investigarse, sancionarse y corregirse con toda la rigurosidad del marco legal. Si hay áreas de mejora, deben atenderse con seriedad. Pero presentar a todo un sector como sinónimo de daño, abuso o ilegalidad revela una intención de confrontación, no de construcción.
Evidencia
Yucatán necesita cuidar su agua, su territorio y su tejido social. En eso deberíamos coincidir todos. Pero precisamente por la relevancia de esos temas, el debate público debe sostenerse en evidencia, responsabilidad y diálogo plural”, añadió.
“La sostenibilidad no puede imponerse desde el prejuicio. Tampoco puede edificarse negando la importancia de un sector productivo que está llamado a transformarse, pero también a seguir aportando al desarrollo del estado. Lo responsable es exigir cumplimiento, fortalecer la supervisión, acelerar la mejora y abrir canales reales de diálogo entre todos los actores involucrados.
Desde Yucatán, hacemos un llamado a construir desde la evidencia. A corregir lo que deba corregirse. Y a reconocer que el desarrollo sostenible solo será posible si se escucha a todas las voces y se actúa con rigor, equilibrio y responsabilidad”.