Aunque durante el último año disminuyeron los enfrentamientos armados, los bloqueos carreteros y los retenes del crimen organizado en la región Sierra-Frontera de Chiapas, la desaparición de personas, el desplazamiento forzado y el control territorial por parte de grupos criminales continúan afectando a las comunidades, por lo que la pacificación del estado es una tarea pendiente, concluyó el informe Chiapas, la paz pendiente, elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera (GTRF).
El documento, que analizó la situación de derechos humanos entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, indicó que la disminución de algunas expresiones visibles de la violencia no se ha traducido en mejores condiciones de seguridad, libertad o ejercicio de derechos para la población.
Uno de los principales hallazgos es que la desaparición de personas continúa como una de las violaciones a derechos humanos más graves en la región.
El estudio documentó que las desapariciones siguen utilizándose como un mecanismo de terror, castigo y control social por parte de organizaciones criminales que disputan el territorio, afectando principalmente a personas consideradas afines a grupos rivales, liderazgos comunitarios o habitantes de zonas estratégicas.
Según los registros oficiales citados, la región Sierra-Frontera concentró el 10.58% de las desapariciones registradas en Chiapas durante el periodo analizado. Sin embargo, se advirtió que la cifra real podría ser mayor debido al miedo a denunciar, la desconfianza hacia las autoridades y la impunidad.
Entre los principales obstáculos identificados se encontraron la deficiente coordinación institucional, la falta de protección durante las búsquedas, la escasa información dada por autoridades y procesos de revictimización.
Respecto al desplazamiento forzado interno, la investigación reconoció que numerosas familias regresaron a sus comunidades durante 2025; sin embargo, advierte que dichos retornos ocurrieron en contextos donde persisten actores armados, amenazas y ausencia de garantías de seguridad.
En materia de seguridad, se reconoció que durante el primer año de la administración estatal disminuyeron los enfrentamientos armados abiertos y otros episodios de violencia visibles.
No obstante, la organización advierte que estos avances no significan que exista una paz consolidada.
Los testimonios recabados indican que persisten mecanismos de vigilancia, intimidación, regulación de actividades económicas y restricciones a la movilidad impuestas por grupos criminales.