El caso Plus Ultra afronta un nuevo capítulo que puede cambiar el rumbo de la investigación. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido citar a declarar en septiembre a dos de los principales responsables de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, después de que ambos hayan modificado su estrategia y hayan apuntado hacia la posible intervención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en las gestiones que rodearon el rescate público de la compañía durante la pandemia.
La decisión del magistrado llega en un momento clave de la causa. Hasta ahora, la defensa de Zapatero se había apoyado en negar cualquier actuación irregular o influencia en la concesión de los 53 millones de euros otorgados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Plus Ultra. Sin embargo, los nuevos escritos presentados por la dirección de la aerolínea y la declaración previa de Julio Martínez Martínez, responsable de la consultora Análisis Relevante, han abierto una nueva línea de investigación que coloca al exdirigente socialista en el centro del debate judicial.
Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, declarará el próximo 7 de septiembre, mientras que Roberto Roselli, actual consejero delegado y entonces director financiero de la compañía, comparecerá un día después. Ambos ya figuraban como investigados en el procedimiento, pero hasta ahora habían optado por no declarar tras ser detenidos por la Policía Nacional en diciembre de 2025.
El cambio de postura de los dos directivos supone uno de los giros más relevantes del caso. Durante meses, la cúpula de Plus Ultra había defendido públicamente que no existió ningún trato de favor ni ninguna interferencia política en la operación de rescate. Ahora, sus nuevos escritos ante la Audiencia Nacional introducen matices que pueden tener consecuencias importantes para la investigación.
El giro de Plus Ultra que modifica el escenario judicial
La clave de este cambio está en la figura de Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante, quien ya declaró ante el juez y aseguró que Zapatero “marcaba los pasos a seguir” en las gestiones relacionadas con la ayuda pública. Según su versión, Plus Ultra contrató los servicios de su empresa porque mantenía una relación de confianza con el expresidente y porque podía facilitar contactos para intentar desbloquear la financiación.
En sus escritos, Martínez Sola y Roselli reconocen que no disponían de pruebas directas sobre las supuestas actuaciones concretas de Zapatero para favorecer la concesión del rescate. No obstante, sostienen que asumieron que debían contratar a Martínez Martínez precisamente por su relación con el antiguo líder socialista y aceptaron pagar una comisión vinculada al éxito de la operación.
La documentación incorporada al procedimiento apunta a la existencia de un contrato mensual de 5.000 euros por servicios de asesoramiento y otro acuerdo asociado al rescate, por el que Plus Ultra abonaría aproximadamente 530.000 euros, equivalente al 1% de la financiación obtenida de la SEPI.
La investigación deberá determinar ahora si esos pagos respondían realmente a labores legítimas de asesoramiento o si fueron utilizados como una vía para obtener influencia política. Esa es una de las cuestiones centrales que el juez Calama pretende esclarecer con las nuevas declaraciones.
Zapatero afronta un escenario más complejo
La comparecencia de los directivos de Plus Ultra supone una presión añadida para la defensa del expresidente. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostienen que existió una relación entre Zapatero y la operación, mientras que el exjefe del Ejecutivo niega haber intervenido en la concesión de las ayudas.
Uno de los puntos más controvertidos es un supuesto contacto telefónico entre Zapatero y Martínez Sola en abril de 2020. Según el relato del presidente de Plus Ultra, el expresidente habría mostrado disposición a ayudar ante la delicada situación económica de la compañía y habría derivado las conversaciones hacia Martínez Martínez como persona de confianza. Zapatero niega que esa conversación se produjera en esos términos.
Además, la situación judicial del antiguo presidente del Gobierno se ha visto condicionada por otros movimientos dentro de la misma causa. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar la información sobre unas joyas intervenidas durante la investigación para conocer detalles sobre su origen y valoración económica.
A ello se suma que el juez Calama ha rechazado la petición de nulidad general presentada por la defensa de Zapatero al considerar que se planteó fuera del plazo legal establecido. Según el magistrado, la solicitud llegó cuando ya había expirado el periodo previsto para cuestionar posibles vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción.
El futuro del caso dependerá en buena medida de lo que aporten los próximos interrogatorios. Las declaraciones de Martínez Sola y Roselli pueden convertirse en una pieza decisiva para aclarar hasta dónde llegó la supuesta influencia política en el rescate de Plus Ultra y qué papel desempeñaron realmente los distintos actores implicados. @mundiario