Durante casi una década, Google y Bruselas han librado una guerra silenciosa por el control de las reglas del mercado digital. Lo que comenzó en 2017 con una multa millonaria por favorecer sus propios servicios se ha convertido en uno de los mayores enfrentamientos regulatorios de la historia tecnológica. La compañía matriz, Alphabet, acumula ya más de 10.000 millones de euros en sanciones europeas, una cifra que refleja algo más que una sucesión de castigos económicos: representa el choque entre el poder de las grandes plataformas digitales y el intento de la Unión Europea de limitar su dominio.
La última multa, de 890 millones de euros, es incluso inferior a otras impuestas anteriormente, pero ha provocado una reacción política de gran alcance. Donald Trump ha respondido con amenazas comerciales contra la Unión Europea, situando una disputa de competencia empresarial en el terreno de la tensión geopolítica. Para Washington, Bruselas está atacando a una de las compañías más importantes de Estados Unidos; para la Comisión Europea, se trata simplemente de aplicar unas normas diseñadas para proteger la competencia.
El historial de Google ante las autoridades comunitarias explica la dimensión del conflicto. La primera gran sanción llegó por el caso Google Shopping, cuando Bruselas concluyó que el buscador había favorecido su propio comparador de precios frente a sus rivales. Después llegaron otros expedientes relacionados con Android, Google Play Store, Chrome o la publicidad digital, todos ellos con un elemento común: la sospecha de que la compañía utilizó su posición dominante para reforzar todavía más su ventaja.
La sanción más elevada hasta ahora fue de 4.125 millones de euros y estuvo vinculada a Android, al considerar la Comisión Europea que Google había condicionado el funcionamiento de su sistema operativo móvil mediante acuerdos que favorecían la instalación de sus propios servicios. A esta investigación se suman otros procedimientos abiertos que mantienen bajo presión al gigante tecnológico y que podrían tener consecuencias más profundas que las propias multas.
La batalla ya no va solo de dinero: Bruselas quiere cambiar el modelo de Google
El objetivo de la Comisión Europea no es únicamente recaudar mediante sanciones. La estrategia comunitaria busca modificar la forma en la que operan las grandes tecnológicas. En palabras de la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, la prioridad es garantizar que las normas europeas se cumplan, mientras las multas funcionan como una herramienta de último recurso.
La diferencia respecto a los antiguos procedimientos es precisamente la velocidad. Durante años, las investigaciones contra gigantes digitales podían prolongarse durante una década antes de alcanzar una resolución definitiva. Ahora, con el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), Bruselas dispone de mecanismos para intervenir antes y exigir cambios concretos en el comportamiento de estas empresas.
El nuevo marco legal obliga a compañías consideradas “guardianes de acceso” a modificar determinadas prácticas. En el caso de Google, esto ha supuesto abrir parte de sus datos y servicios a competidores, facilitar la integración de asistentes de inteligencia artificial externos y revisar algunas de las ventajas que históricamente ha dado a sus propios productos.
Pero la cuestión de fondo sigue siendo si las multas tienen realmente capacidad para cambiar la conducta de una empresa del tamaño de Alphabet. Sus ingresos anuales superan los 400.000 millones de dólares, por lo que algunos expertos consideran que las sanciones, aunque impresionantes en cifras absolutas, pueden resultar asumibles para una compañía con semejante capacidad económica.
Google, el gigante más vigilado por ser la puerta de entrada a internet
La razón por la que Google se ha convertido en el principal objetivo de Bruselas tiene que ver con su posición estratégica. Su buscador continúa siendo la puerta de entrada para millones de usuarios y condiciona la visibilidad de empresas, medios de comunicación, plataformas comerciales y otros servicios digitales.
Cecilio Madero, antiguo responsable del área de Competencia de la Comisión Europea, señala precisamente esa posición privilegiada como uno de los motivos por los que Google está más expuesta. El buscador tiene una influencia transversal que afecta a numerosos sectores económicos, desde agencias de viajes hasta comparadores de precios o medios digitales.
El profesor Pablo Ibáñez Colomo, catedrático de Derecho de la Competencia en la London School of Economics, explica a El País que estos casos son diferentes a los tradicionales acuerdos ilegales entre empresas. Aquí, el reto no es simplemente castigar una conducta puntual, sino supervisar durante años que una compañía con enorme poder de mercado no vuelva a utilizar esa posición para cerrar el paso a sus competidores.
Mientras tanto, Google defiende que las decisiones europeas pueden perjudicar la experiencia de los usuarios y asegura que algunas obligaciones impuestas por Bruselas responden a las demandas de unos pocos competidores interesados en beneficiarse de la regulación.
La disputa, sin embargo, ya ha dejado de ser únicamente entre una empresa y un regulador. El enfrentamiento entre Bruselas y Google se ha convertido en un símbolo del nuevo equilibrio de poder entre Europa y las grandes tecnológicas estadounidenses. @mundiario
