MORELIA, Mich., 25 de marzo de 2026.- El Congreso de Michoacán convirtió un minuto de silencio en un señalamiento directo a sus propias omisiones, luego del asesinato de las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla en Lázaro Cárdenas, así como de la muerte de los brigadistas Rafael Alan Cornejo Ornelas e Ismael García Espinoza en Tacámbaro, hechos que reactivaron el debate sobre la falta de atención estructural a la salud mental.
El posicionamiento surgió tras la propuesta de las diputadas Sandra Arreola y Reyes Galindo Pedraza, pero derivó en un llamado político que apuntó a la inacción legislativa frente a un problema que, reconocieron, ya rebasó el ámbito individual y familiar.
Desde su curul, el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán advirtió que la tragedia obliga a una revisión de fondo. “Hoy no basta con dar condolencias, lo que necesitamos es una profunda autocrítica”, expresó.
El Legislador vinculó directamente la violencia con la falta de atención oportuna en salud mental, al señalar que el caso del adolescente agresor evidencia fallas acumuladas. “Hoy fueron dos maestras quienes perdieron la vida a manos de un alumno, un joven que claramente no recibió la atención que necesitaba”, sostuvo.
En su intervención, reconoció responsabilidad institucional al admitir que iniciativas clave permanecen sin dictaminar.
“Aquí en este Congreso se han presentado muchas iniciativas para prevenir la violencia, para atender la salud mental, para proteger a nuestras niñas, niños y jóvenes, pero muchas siguen ahí detenidas en la congeladora legislativa y esa omisión también pesa”, dijo.
Barragán cuestionó el papel del Congreso como órgano reactivo. “No podemos seguir siendo una oficialía de partes, tenemos que legislar, discutir y actuar con mucha responsabilidad”, añadió, al insistir en que el problema no puede seguir postergándose.
En la misma línea, el diputado Octavio Ocampo advirtió que la violencia ha escalado a espacios que deberían ser seguros, como las escuelas, lo que obliga a revisar las causas estructurales.
“Nos obliga a reconocer con mucha responsabilidad y sin evasivas que la violencia está al alza de manera preocupante en nuestro entorno”, señaló.
El legislador enfatizó la necesidad de intervenir en el ámbito emocional y psicológico de la población joven. “Tenemos la obligación histórica de actuar con mucha firmeza para garantizar que nuestras escuelas vuelvan a ser espacios seguros”, expresó.
Aunque la sesión también incluyó referencias a la muerte de los brigadistas en labores de combate a incendios, el eje del debate se centró en la violencia vinculada a la falta de atención en salud mental, particularmente en jóvenes.
El contraste es inmediato. Apenas la semana pasada, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma en materia de salud mental que no contempla la asignación de recursos adicionales, lo que deja en entredicho la viabilidad de atender un problema que los propios legisladores reconocen como urgente.
Pese al tono de autocrítica, el presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona se dio por enterado, y ningún otro legislador o legisladora fijó postura o planteó acciones concretas para destrabar las iniciativas pendientes ni para fortalecer presupuestalmente la atención a la salud mental en el estado.
Cabe recordar que hace exactamente una semana el Congreso de Michoacán aprobó unánime un dictamen aprobado por la comisión de salud integrada, entre otros, por dos diputados médicos: Teresita Herrera y Abraham Espinoza, qué implicó reformas en materia de salud mental, donde se ampliaron las responsabilidades y obligaciones de la Secretaría de Salud, pero no le agregaron un sólo centavo a dicho marco legal.
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