El sandinismo ha iniciado la fase decisiva de una mutación institucional que puede cambiar para siempre el sistema político de Nicaragua. La reforma constitucional presentada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo amplía la duración del mandato presidencial, sino que introduce un mecanismo que permitiría perpetuar a la actual pareja gobernante mediante periodos de siete años “renovables”, al tiempo que eleva a rango constitucional la exclusión de cualquier oposición considerada incómoda.
El proyecto supone un nuevo endurecimiento del modelo instaurado por el oficialismo desde 2021, cuando la mayoría de los aspirantes presidenciales fueron encarcelados o forzados al exilio antes de las elecciones.
La principal novedad de la reforma reside en la sustitución del actual mandato presidencial por otro de siete años “renovables”, una expresión que ha despertado una intensa controversia entre juristas y opositores. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, fue el encargado de presentar públicamente la iniciativa, asegurando que el nuevo modelo busca garantizar “estabilidad”, “continuidad” y una visión de largo plazo para el Estado.
Sin embargo, el texto no aclara cómo se materializaría esa renovación ni si implicaría una auténtica elección. Para numerosos especialistas, el término elegido constituye el elemento más delicado de toda la reforma. Algunos consideran que el concepto de renovación abre la puerta a prorrogar automáticamente el mandato presidencial sin necesidad de una verdadera competición electoral en las urnas, aunque se haga con candidatos del propio aparato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Una Constitución diseñada para excluir a la oposición
La reforma incorpora además otra modificación de enorme calado. El texto constitucional recogerá expresamente la prohibición de optar a cargos públicos para todas aquellas personas que el régimen considere vinculadas con las manifestaciones de 2018, los intentos de “golpe de Estado” o cualquier actuación que las autoridades interpreten como una amenaza contra la soberanía nacional.
La redacción incluye referencias a quienes hayan ejercido labores de dirección, liderazgo, financiación o participación, incluso indirecta, en dichas actuaciones, utilizando conceptos suficientemente amplios como para permitir una interpretación discrecional. Al mismo tiempo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) recibirá facultades para cancelar candidaturas y retirar la personalidad jurídica de partidos políticos que incumplan estos nuevos requisitos constitucionales. En la práctica, el Gobierno convierte en norma fundamental del Estado unas restricciones que hasta ahora aplicaba mediante leyes ordinarias sobre traición a la patria y extinción de la nacionalidad.
Aunque el anuncio político ya está realizado, la reforma no será aprobada de inmediato. Rosario Murillo confirmó que la primera votación parlamentaria tendrá lugar en los primeros días de septiembre, tras un periodo de consultas con distintos sectores institucionales y con el cuerpo diplomático acreditado en Managua. La segunda aprobación, necesaria para modificar la Constitución, está prevista para enero de 2027.
Un modelo político sin alternancia
El aplazamiento llega apenas unos días después de la polémica generada por unas declaraciones de Ortega durante el aniversario de la Revolución Sandinista, cuando aseguró que “en Nicaragua no volverán a haber elecciones”. Posteriormente, el Gobierno trató de matizar esas palabras ante representantes diplomáticos, insistiendo en que sí habrá procesos electorales, aunque únicamente podrán concurrir quienes no hayan sido catalogados por el régimen como “golpistas” o “vendepatrias”.
La reforma consolida una evolución institucional iniciada hace apenas un año. En 2025 el oficialismo ya modificó la Constitución para ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años y establecer formalmente la copresidencia de Daniel y Rosario Murillo, otorgando a ambos idénticas atribuciones constitucionales. Con la nueva modificación, el Ejecutivo profundiza ese modelo concentrando todavía más el poder y reduciendo las posibilidades de alternancia política. Diversos analistas consideran que el objetivo va más allá del control de la oposición tradicional.
Algunos observadores sostienen que el régimen pretende evitar cualquier consulta que pueda evidenciar el descontento político interno en las cifras de participación. Las estimaciones independientes sobre la participación en las elecciones de 2021, marcadas por el encarcelamiento de candidatos opositores, situaron la abstención en torno al 80 %, un dato que el oficialismo nunca reconoció.
Repudio internacional
Las intenciones del Gobierno nicaragüense han generado una rápida reacción en la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Perú, Brasil, Uruguay y otros países han expresado su preocupación por unas reformas que consideran incompatibles con los estándares democráticos.
También el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, han manifestado públicamente sus reservas sobre el rumbo político adoptado por Managua.
Pese a ello, el oficialismo mantiene su hoja de ruta y confía en culminar una reforma que terminaría de institucionalizar un sistema donde el poder ejecutivo quedaría protegido por una Constitución diseñada para garantizar la continuidad del actual liderazgo y eliminar cualquier posibilidad de competencia política efectiva. @mundiario