Ciudad de México.- Los “lineamientos generales” que buscan regular noticias y opiniones con el argumento de garantizar los derechos de las audiencias colocan a México al lado de países autocráticos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
En entrevista con REFORMA, el activista, quien el pasado 8 de julio fue designado relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que detrás de la supuesta intención de defender los derechos de las audiencias se esconde una voluntad censora.
“Bajo pretextos como el combate al terrorismo, la lucha contra la desinformación o incluso la protección de las infancias, planteamientos que persiguen objetivos legítimos terminan siendo instrumentalizados para censurar. Tenemos los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también de Sudán, Malasia y Tailandia.
“Es decir, nuestros referentes con legislaciones o marcos regulatorios similares no son democráticos y han sido utilizados bajo objetivos que pueden resultar legítimos, pero con intenciones censoras”, advirtió Maldonado.
El anteproyecto, dado a conocer el pasado lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum, es la acción más reciente de presión contra la libertad de prensa y de hostigamiento hacia los medios de comunicación y los periodistas, afirmó.
Consideró que esta política comenzó durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el segmento de la conferencia matutina denominado “Quién es quién en las mentiras” y ha continuado en la actual Administración con “Infodemia” y “Derecho de Réplica”.
“En los hechos están erigiendo a esta comisión como un tribunal de la verdad y un verificador de noticias, y ya vimos que esas experiencias no terminan bien. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han realizado esfuerzos de supuesto fact-checking que han terminado muy mal. Recordemos ‘Quién es quién en las mentiras’, ‘Infodemia’ y ahora esta sección de ‘Derecho de Réplica’”, dijo.
Maldonado afirmó que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han pretendido constituirse en un tribunal de la verdad y juzgar qué información es veraz y objetiva desde su perspectiva, lo que vulnera el derecho de las audiencias a contar con información plural, cierta y objetiva.
“La materia de esos lineamientos y la manera en que se pretende regular son alarmantes, sobre todo en el artículo 12, que establece, a grandes rasgos, que los concesionarios de radio y televisión no pueden difundir información descontextualizada o falsa, ni presentar hechos pasados como actuales.
“Ahí surge la duda: ¿quién va a definir cuándo la información es falsa o no está verificada? Será el propio Gobierno federal”, explicó el relator de la ONU.
Doblegar concesionarios con multas
Además, las sanciones contemplan multas económicas desproporcionadas de hasta 1 % de los ingresos acumulables anuales de las empresas de comunicación.
De acuerdo con Maldonado, este castigo financiero sería suficiente para doblegar a los concesionarios e incentivar una política de autocensura y control editorial favorable a la línea oficial.
—¿Considera que estos lineamientos pueden restringir la libertad de expresión?
—Es un planteamiento muy preocupante porque proviene de un organismo del Ejecutivo federal, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Reiteramos nuestra posición de que no cuenta con las condiciones mínimas de independencia e imparcialidad. Pero, aun suponiendo que las tuviera, la materia y la forma en que se pretende regular son alarmantes.
“Sobre todo en el artículo 12, el cual establece que los concesionarios de radio y televisión no pueden emitir información descontextualizada o falsa, ni presentar hechos pasados como actuales. Ahí surge la duda: ¿quién definirá cuándo la información no es verídica o no está verificada? El propio Gobierno federal.
“La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión únicamente ordena a los concesionarios crear la figura del defensor de las audiencias y un código de ética. Sin embargo, estos lineamientos introducen un procedimiento no previsto en la ley: cualquier persona que considere que no recibe información veraz u objetiva podrá quejarse ante el defensor y, si está inconforme, acudir a una instancia superior, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
“En los hechos, erigen a esta comisión como un tribunal de la verdad y un verificador de noticias, y ya vimos que esas experiencias no terminan bien. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han realizado esfuerzos de supuesto fact-checking que terminaron mal. Recordemos ‘Quién es quién en las mentiras’, ‘Infodemia’ y ahora la sección de ‘Derecho de Réplica’.
“Parten de la premisa equivocada de que el Estado puede decretar qué es verdad y qué es mentira. Antes estigmatizaban y descalificaban; ahora podrán aplicar sanciones desproporcionadas. Tan solo con la entrada en vigor de estas normas podemos prever un efecto inhibitorio o de autocensura”.
—¿Estarían los medios con la daga sobre el cuello?
—Por supuesto, y no es necesario que sancionen a nadie. En el momento en que entren en vigor con estas deficiencias, los propios dueños de los medios se van a alinear. Nadie querrá pagar una multa que puede ir de 0.1 % a 1 % de sus ingresos anuales acumulables.
“Esto genera una censura indirecta: sin necesidad de una presión explícita del Gobierno, la sola vigencia del reglamento bastará para que las líneas editoriales se ajusten a los intereses del oficialismo”.
—¿En alguna otra parte del mundo existen legislaciones de este tipo?
—Sí, pero no precisamente en contextos democráticos. Bajo el pretexto del combate al terrorismo, la desinformación o la protección de la infancia —objetivos en apariencia legítimos—, la norma termina siendo instrumentalizada para censurar.
“Esto ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también en Sudán, Malasia y Tailandia. Nuestros referentes con marcos regulatorios similares no son democráticos; utilizan una causa noble con intenciones censoras”.
—Con estos antecedentes, ¿los lineamientos esconden una voluntad censora?
—Nos parece que sí y, desafortunadamente, generan una falsa disyuntiva entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.
“Revelan una falta de comprensión sobre la complejidad de la libertad de expresión, que implica el derecho a buscar y difundir información, pero también a recibirla.
“Al instrumentalizar los derechos de las audiencias, el resultado final será perjudicarlas: no tendrán medios plurales ni información veraz, sino únicamente aquella que el Gobierno autorice o decida no sancionar”.
—En los gobiernos democráticos, ¿cómo funcionan estos derechos?
—Hay mecanismos muy variados. La mayoría de los sistemas democráticos apuesta por la autorregulación en la radio y la televisión, dejando fuera de esta ecuación a las redes sociales y las plataformas, que responden a otra lógica.
“Los medios tradicionales tienen la posibilidad de autorregularse o de contar con asociaciones que realizan revisiones éticas de casos específicos, como ocurre en Inglaterra. Es decir, una supervisión horizontal entre iguales, no el Gobierno interviniendo en los contenidos.
“Hay formas mucho menos agresivas e intrusivas, pero, desafortunadamente, este tipo de lineamientos nos coloca del lado de los países autocráticos”.
Alertan ‘ley mordaza’ en Congreso
En el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los lineamientos para regular noticias y opiniones que impulsa la 4T llevaron a la Oposición a advertir que el fantasma de la censura se cierne sobre los medios de comunicación.
“Morena pretende imponer sus nuevos lineamientos de derechos de las audiencias para asestar un golpe mortal a la prensa libre en México”, aportó el senador panista Máximo García López.
El parlamentario bajacaliforniano cuestionó a Morena por la “prisa autoritaria” con la que pretenden desahogar una consulta pública.
“La respuesta es muy simple: se les está cayendo el teatro, porque Morena está en su peor momento: sus Gobiernos han resultado un desastre de corrupción y el rechazo social empieza a generalizarse y a crecer”, abundó.
Por Movimiento Ciudadano (MC), el senador Néstor Camarillo abrió su intervención bautizando a los lineamientos como la “ley censura”.
“Quieren disfrazar la censura de protección: los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias no buscan defender al ciudadano, sino establecer un mecanismo de control autoritario para acallar a los medios independientes, a las voces críticas que les resultan ser incómodas”, resumió.
Los parlamentarios de Morena subieron a tribuna a rechazar que se aproxime una etapa de censura, aunque la senadora Sasil de León reconoció que los “excesos” en los medios serán regulados.
“¿Por qué no tendría el Estado mexicano el derecho de tener los lineamientos, de tener un marco jurídico que proteja a las audiencias, que proteja la libertad de expresión misma, que proteja los excesos que muchos periodistas cometen día tras día?”, cuestionó.
En opinión de la parlamentaria chiapaneca, “lo que ha pasado en nuestro País es que hay excesos; excesos que se tienen que regular, excesos que no podemos seguir permitiendo”.
No habrá censura, promete Sheinbaum
Pese a los señalamientos de especialistas y de la industria de la radio y la televisión, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias tengan como objetivo censurar a los medios de comunicación y afirmó que buscan garantizar el acceso a información plural.
Durante su conferencia matutina, respondió a la información publicada por REFORMA sobre las facultades que tendría la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para intervenir y sancionar a los concesionarios.
“Es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias”, afirmó.
Sheinbaum recordó que los lineamientos todavía no son definitivos, pues se encuentran en consulta pública hasta el 21 de agosto para recibir propuestas de concesionarios, organizaciones y ciudadanos.
“Ni siquiera se han emitido, se publicaron para consulta. Esa ley se aprobó hace muchos meses y establece que la Comisión debe tener ciertos lineamientos que hoy están a consulta pública”, explicó.
La Presidenta aseguró que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue negociada con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
Sin embargo, el organismo empresarial advirtió que el proyecto contiene disposiciones ambiguas que permitirían al Gobierno definir qué información es falsa o está descontextualizada, además de revisar las decisiones de las defensorías de las audiencias.
Sheinbaum sostuvo que las personas defensoras no funcionarán como filtros editoriales, sino como instancias para que las audiencias presenten inconformidades sobre la información difundida.
“Más que un filtro, es un lugar donde te puedes quejar, pero, además, está nombrado por la propia empresa”, señaló.
No obstante, reconoció que el régimen de sanciones constituye el aspecto más polémico de los lineamientos, razón por la que fue sometido a consulta.
“Hay un tema relacionado con las multas; por eso se puso a consulta. Ya venía desde la ley: quién aplica las multas en caso de incumplimiento, que es la parte más polémica”, admitió.
El proyecto establece que, si un medio no atiende la recomendación de su defensor, la audiencia podrá acudir ante la CRT, la cual tendría facultades para intervenir y, en última instancia, imponer sanciones.
La CIRT cuestionó que las multas puedan alcanzar 1 % de los ingresos anuales acumulables de cada concesionario o programador y consideró que esos castigos exceden los supuestos previstos en la ley.
“Por eso se abre la consulta pública, para discutir cómo puede inconformarse la empresa si existe una sanción y quién impone esa sanción”, manifestó Sheinbaum.
Al ser cuestionada sobre los mecanismos para impedir que una crítica incómoda contra el Gobierno sea considerada una vulneración de derechos, negó que la autoridad vaya a presentar las quejas.
“No es el Gobierno, son las audiencias, es el pueblo, es la gente, es la ciudadanía, que puede tener un espacio para decir: ‘Oye, quiero mejorar el derecho a la información, que es constitucional’”, respondió.
‘No son lineamientos para redes sociales’
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, negó que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura y aclaró que sus disposiciones no se aplicarán a la prensa escrita, las plataformas digitales ni las redes sociales.
Durante la conferencia “Derecho de Réplica”, realizada en Palacio Nacional, la funcionaria sostuvo que los lineamientos sometidos a consulta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones están dirigidos exclusivamente a la radio y la televisión.
“Se ha dicho que estos lineamientos se aplicarán a diferentes medios. Vale la pena aclarar que se está hablando de radio y televisión. No son lineamientos aplicables a las redes sociales ni a la prensa escrita”, afirmó.
Alcalde acusó que, desde el inicio de la consulta pública, medios de comunicación, articulistas y usuarios de redes sociales impulsaron una narrativa para presentar la regulación como un intento del Gobierno por controlar la información y silenciar las críticas.
La Consejería Jurídica presentó fragmentos de noticiarios, notas periodísticas, columnas y mensajes en redes sociales en los que los lineamientos fueron descritos como una “ley censura”, una regresión democrática o una amenaza para la libertad de expresión.
De acuerdo con el análisis presentado, la conversación digital acumuló 34 mil menciones, generadas por 17 mil autores únicos, y alcanzó una audiencia potencial de 74.2 millones de personas.
La funcionaria también rechazó que los lineamientos hayan sido elaborados por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y explicó que la CRT los emitió para cumplir con el mandato establecido en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Incluso sostuvo que los derechos incluidos en el proyecto no son nuevos, pues ya estaban contemplados en la legislación de telecomunicaciones aprobada en 2014 por el PRI, el PAN y el PRD.
HLL