Ciudad de México.- Un juez federal ordenó cancelar la orden de aprehensión librada contra el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta por el contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos a través de la Aduana de Matamoros, uno de los casos más grandes de huachicol fiscal registrados hasta ahora.
Mario Jorge Melo Cardoso, juez Primero de Distrito en Materia Penal de Monterrey, concedió un amparo a Carretero para que el juez de control deje sin efecto el mandato de captura y programe una nueva audiencia privada en la que deberá negar la orden de aprehensión.
De acuerdo con el fallo, el juzgador consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó la necesidad de cautela, es decir, no justificó con datos y argumentos jurídicos que la orden de aprehensión fuera la única manera de lograr que el acusado compareciera a una audiencia para ser imputado.
Según versiones periodísticas, en enero pasado Carretero logró escapar de un operativo de captura y huyó a Brownsville, Texas. El prófugo tiene nacionalidad estadounidense.
El fallo no significa que la imputación contra el agente aduanal haya sido anulada por falta de elementos, sino que la FGR deberá emplear otros mecanismos para ejercer la acción penal, como solicitar a un juez que lo cite a una audiencia sin el uso de la fuerza.
El pasado 18 de diciembre, Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó la aprehensión de Carretero por los delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado.
En su resolución, justificó que la captura era la forma idónea de presentarlo ante la justicia, debido a que el acusado tenía varios incentivos para no comparecer voluntariamente, entre ellos la elevada pena de prisión y la prisión preventiva oficiosa prevista para uno de los delitos.
Otro argumento de Martínez Elizondo fue el riesgo de fuga, debido a que presuntamente formaba parte de una organización criminal transnacional, contaba con una red de apoyo en Tamaulipas y tenía una alta capacidad económica para huir al extranjero.
Sin embargo, el juez Melo Cardoso desestimó esos argumentos.
“El juez de control fue omiso en justificar de manera razonable lo relativo a la necesidad de cautela, pues para ello acudió a razonamientos dogmáticos”, señala la sentencia de amparo.
“Por sí solas, estas circunstancias no justifican la necesidad de cautela ni la obstaculización del desarrollo de la investigación, pues no constituyen razones válidas para acreditar los riesgos procesales y la necesidad de cautela para efectos de la orden reclamada y exclusivamente por cuanto hace al aquí quejoso”.
De acuerdo con registros judiciales, la FGR ya impugnó el amparo y será un Tribunal Colegiado de Nuevo León el que tome la decisión definitiva.
HLL