En México persiste un problema que pocas veces se discute con seriedad institucional: las atribuciones informales que se ejercen desde el entorno familiar del titular del Poder Ejecutivo Federal sin que exista responsabilidad jurídica alguna. No es un asunto menor ni un tema de protocolo social; es un problema de diseño institucional, de legalidad y de uso de recursos públicos. La Presidencia de la República es una institución constitucional, no un patrimonio familiar ni un espacio de privilegios heredados por cercanía personal. Cuando los familiares del presidente acceden a servicios, seguridad, logística o apoyos del Estado sin fundamento legal expreso, se rompe el principio básico del Estado de derecho: toda atribución pública debe tener fundamento jurídico y toda función pública debe implicar responsabilidad.
Primero. Debe quedar absolutamente claro que en México se elige a una persona como Presidente de la República, no a su familia. La legitimidad democrática es personal, no familiar, no doméstica, no hereditaria. El voto ciudadano no otorga poder público a los hijos, cónyuges, hermanos o amigos del presidente. Sin embargo, en la práctica política mexicana ha existido históricamente una zona gris donde los familiares del titular del Ejecutivo gozan de beneficios, servicios, seguridad, logística, atención médica o apoyos institucionales sin que exista norma constitucional o legal que lo permita. Ese espacio de ambigüedad institucional es peligroso porque normaliza privilegios sin responsabilidad. Y en un Estado constitucional, los privilegios sin responsabilidad son incompatibles con la democracia.
Segundo. El caso documentado en la tarjeta confidencial SIIO/3585 de fecha 7 de julio de 2021 del primer grupo de servicios especiales de la Policía Militar ilustra con claridad este problema. De acuerdo con ese documento, un médico del primer grupo de servicios especiales de la policía militar acudió al domicilio del hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, para realizar una revisión médica y dar seguimiento a cuidados postoperatorios, además de que personal del Hospital Central Militar mantenía servicio de enfermería en ese domicilio bajo supervisión del jefe de vigilancia. El punto no es la atención médica en sí misma; el punto es el fundamento jurídico. ¿En qué norma constitucional o legal se establece que los hijos del presidente tienen derecho a servicios médicos militares, personal de enfermería militar o supervisión de seguridad militar en su domicilio particular? ¿Con què fundamento legal el Secretario de la Defensa Nacional ordena seguir dando todo el “apoyo” al hijo del expresidente de la República? Si no existe base jurídica, entonces se trata de uso de recursos públicos fuera del marco normativo. Y en una república constitucional, el poder público solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente.
Tercero. Estos hechos vuelven a poner sobre la mesa una vieja práctica del sistema político mexicano: decir una cosa y hacer otra. Hablar de austeridad y privilegios cero, pero mantener beneficios informales. Criticar a gobiernos anteriores por los excesos del poder, pero reproducir los mismos usos y costumbres cuando se llega al gobierno. Este doble discurso erosiona la credibilidad institucional y debilita la confianza pública. Por eso el problema no es una persona, ni un presidente en particular, ni una familia específica. El problema es estructural. Mientras no exista una regulación clara sobre qué pueden y qué no pueden hacer los familiares del titular del Poder Ejecutivo, seguiremos en la discrecionalidad, en la opacidad y en los privilegios sin responsabilidad. Y la discrecionalidad es el terreno natural de los abusos.
En una república democrática no puede haber poder sin responsabilidad, ni privilegios sin fundamento legal, ni familias presidenciales con atribuciones informales. El poder público debe tener límites claros. Y esos límites deben estar en la ley, no en los usos y costumbres del poder.
@evillanuevamx
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