La Arquidiócesis Primada de México advirtió que los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias no deben convertirse en un mecanismo de censura previa ni otorgar a las autoridades facultades para determinar qué opiniones son verdaderas, legítimas o aceptables.
En una editorial publicada por el semanario Desde la fe, la Iglesia católica señaló que la intención del Gobierno federal de establecer criterios sobre la veracidad de los contenidos, el derecho de réplica y la distinción entre hechos y opiniones ha generado preocupación entre especialistas y medios de comunicación.
Aunque reconoció que el objetivo declarado de las autoridades es proteger los derechos de las audiencias, sostuvo que la regulación debe respetar plenamente la libertad de expresión y evitar cualquier intervención administrativa que limite anticipadamente la difusión de información o ideas.
Redacción de un diario Rechazan que autoridades califiquen opiniones
La Arquidiócesis afirmó que ninguna autoridad administrativa debe tener la facultad de determinar la veracidad, legitimidad o aceptabilidad de las opiniones expresadas en radio y televisión.
Recordó que la libertad de expresión es un derecho fundamental protegido por el marco jurídico y que no puede quedar sujeto a censura previa, aunque su ejercicio también implique responsabilidades cuando se afectan la dignidad o los derechos de otras personas.
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, añadió, manifestar pensamientos, compartir conocimientos y expresar opiniones constituye un derecho propio de cada persona.
“Sólo una comunicación fundada en la verdad puede fortalecer la libertad y construir una sociedad auténticamente democrática”, sostuvo la publicación.
Defienden el derecho de réplica
La editorial consideró que el derecho de réplica es una garantía indispensable para corregir información inexacta, proteger los derechos de las personas y contribuir a la búsqueda de la verdad.
No obstante, destacó que este mecanismo no debe utilizarse para controlar las líneas editoriales ni para imponer una versión oficial de los hechos.
La Arquidiócesis planteó que la diversidad de opiniones sobre un mismo acontecimiento enriquece la vida democrática, siempre que se respeten la verdad, la dignidad humana y los derechos humanos.
También llamó a los medios de comunicación a contar con códigos de ética sólidos, fortalecer la autorregulación y asumir las consecuencias de los contenidos que puedan provocar daños a terceros.
Derechos de replicaAlertan sobre manipulación mediante algoritmos
La Iglesia también advirtió que las amenazas contra la libertad de las personas no provienen únicamente de la censura estatal, sino de la manipulación informativa, los intereses económicos y el funcionamiento de las plataformas digitales.
Recordó que los obispos de México alertaron recientemente sobre el riesgo de que los derechos sean reconocidos únicamente de manera formal, mientras avanzan formas menos visibles de vulneración de la dignidad humana.
Entre ellas mencionaron el uso de algoritmos que capturan la atención, favorecen la polarización, condicionan la conciencia de los usuarios y reducen a las personas a perfiles de consumo.
Ante este escenario, la Arquidiócesis planteó que el desarrollo tecnológico, las plataformas digitales y los sistemas algorítmicos deben ser regulados para mantenerse al servicio de las personas y no convertirse en instrumentos de manipulación.
Piden compromiso entre autoridades y medios
La publicación señaló que el debate sobre los derechos de las audiencias no debe limitarse a definir hasta dónde puede llegar la regulación del Estado, sino que también debe considerar la responsabilidad ética de autoridades, medios, plataformas y ciudadanos.
Entre sus propuestas incluyó garantizar que no exista censura previa, proteger el derecho de réplica, fortalecer la autorregulación de los medios y promover una comunicación que permita a los ciudadanos informarse, discernir y formar un juicio propio.
La Arquidiócesis sostuvo que la dignidad humana debe ser el criterio central de cualquier regulación y pidió que la consulta pública sobre los lineamientos preserve la pluralidad de opiniones y la libertad de comunicar.
Finalmente, llamó a establecer un compromiso ético compartido que permita proteger los derechos de las audiencias sin restringir la libertad de expresión ni convertir al Estado en árbitro de la verdad.