La mayor crisis migratoria registrada en la historia reciente de Ceuta ha dejado de concentrarse únicamente en el control de la frontera para trasladarse al terreno político e institucional. Con la mayor parte de los más de 70.000 inmigrantes que cruzaron irregularmente la frontera ya de regreso a Marruecos, el principal desafío pasa ahora por el futuro de los cientos de menores extranjeros no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma, cuya red de acogida se encuentra completamente desbordada.
La ministra de Juventud e Infancia, Elma Saiz, anunció este martes la movilización de 25 millones de euros y la activación de los mecanismos previstos en la Ley de Extranjería para redistribuir a estos menores entre las distintas comunidades autónomas. La derivación de los inmigrantes pretende aliviar una situación considerada de emergencia humanitaria, pero ha abierto un nuevo choque político con el Partido Popular.
La dirección nacional del PP ha optado por no aclarar si las autonomías que gobierna aceptarán la acogida de los menores procedentes de Ceuta. Una cautela que refleja la complejidad política de la decisión, especialmente en aquellas comunidades donde los populares comparten gobierno con Vox.
El secretario general del partido, Miguel Tellado, eludió responder de forma directa y centró el debate en la gestión del Ejecutivo central. “Esto no tiene que ver con una crisis migratoria, sino con un problema para la seguridad nacional”, defendió el dirigente popular, que insistió en que corresponde al Gobierno garantizar la protección de la frontera y gestionar las consecuencias derivadas de la entrada masiva.
Desde Génova sostienen que la prioridad sigue siendo exigir responsabilidades al Ejecutivo por lo ocurrido en Ceuta y consideran prematuro desplazar el foco hacia las comunidades autónomas.
La sobreocupación de Ceuta multiplica la presión
La situación sobre el terreno ilustra la magnitud del problema. La capacidad ordinaria del sistema de protección de menores en Ceuta está fijada en apenas 29 plazas. Sin embargo, tras la avalancha migratoria la ciudad atiende ya a 862 menores extranjeros no acompañados, una cifra que supone una ocupación cercana al 3.000 % respecto a su capacidad teórica.
Las autoridades ceutíes trabajan contrarreloj para habilitar nuevos espacios de acogida mientras las fuerzas de seguridad continúan localizando a menores que permanecen sin identificar en distintos puntos de la ciudad. La Delegación del Gobierno y el Ejecutivo autonómico mantienen además discrepancias sobre el número total de inmigrantes que siguen en Ceuta, mientras prosiguen las labores de identificación y los expedientes individualizados exigidos por la legislación para cualquier eventual retorno.
Los pactos con Vox complican la respuesta
El reparto obligatorio de menores amenaza con convertirse en una nueva prueba de estrés para los acuerdos de gobierno que el PP mantiene con Vox en varias comunidades autónomas, que ya se rompieron después de las elecciones de 2023 por la derivación de los solicitantes de asilo llegados a Canarias en patera. La formación de Santiago Abascal ya ha adelantado que utilizará todos los mecanismos administrativos y judiciales a su alcance para impedir nuevas derivaciones de menores inmigrantes. En varios de esos pactos autonómicos figura expresamente el rechazo a asumir nuevos traslados de menores extranjeros, lo que sitúa a los ejecutivos populares ante un delicado equilibrio entre cumplir la normativa estatal y preservar la estabilidad de sus gobiernos.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, aseguró que las comunidades populares “cumplirán la ley”, aunque al mismo tiempo insistió en que no están dispuestas a “asumir las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno”. Ezcurra reclamó además mayor información sobre el número exacto de menores que deberán ser redistribuidos y sobre los criterios que empleará el Ejecutivo para efectuar el reparto.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia recuerdan que Ceuta permanece desde 2025 en situación oficial de contingencia migratoria extraordinaria, lo que permite activar los mecanismos de solidaridad territorial previstos tras la reforma de la Ley de Extranjería. Durante el último año la ciudad ya había derivado alrededor de 650 menores a otras comunidades autónomas, convirtiéndose en el territorio que más traslados ha ejecutado proporcionalmente.
La nueva emergencia multiplica ahora esas necesidades y obliga al Gobierno a preparar un nuevo reparto entre autonomías acompañado de financiación extraordinaria. El objetivo, según el Ejecutivo, es garantizar una atención adecuada a cada menor mediante procedimientos individualizados que tengan en cuenta su situación personal y el interés superior del menor, principio recogido tanto en la legislación española como en los compromisos internacionales sobre protección de la infancia.
El PP endurece su ofensiva contra Moncloa
Mientras el debate sobre la acogida sigue abierto, el PP ha elevado la presión política sobre el Gobierno. Los populares reclaman la depuración de responsabilidades políticas por la gestión de la crisis, exigen explicaciones sobre los avisos previos que pudieron emitir los servicios de inteligencia y mantienen su petición de cese para los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.
Además, han impulsado iniciativas parlamentarias y solicitudes de comparecencia para esclarecer tanto la actuación del Ejecutivo durante la entrada masiva como la gestión posterior de la crisis.
La batalla política, por tanto, se desplaza ahora desde la frontera de Ceuta hacia las comunidades autónomas, donde el reparto de menores puede convertirse en el próximo gran foco de confrontación entre el Gobierno central, el Partido Popular y sus socios territoriales. @mundiario