La crisis entre España e Italia escala de manera inédita entre socios europeos. La decisión unilateral del Gobierno de Giorgia Meloni de restablecer controles fronterizos para los viajeros procedentes de aeropuertos y puertos españoles tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta desemboca ahora en una respuesta simétrica de Madrid. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que, desde las 00.00 horas de este sábado 8 de agosto, aplicará controles temporales y aleatorios en puertos y aeropuertos a los desplazamientos procedentes de territorio italiano.
La medida estará inicialmente vigente hasta el 7 de septiembre, aunque podrá levantarse antes si lo justifica “un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo”. El procedimiento contempla la comprobación de la identidad y nacionalidad de los viajeros mediante pasaporte y, cuando se trate de ciudadanos de países terceros, la verificación del visado correspondiente, incluida la autorización de residencia.
El Gobierno español presenta la decisión como una respuesta proporcional a la negativa italiana a retirar sus propios controles. Pero, por debajo de la disputa diplomática, se pone en jaque uno de los pilares del club comunitario y se amaga con redefinir hasta dónde pueden llegar los Estados miembros cuando consideran que su seguridad está amenazada sin poner en peligro uno de los pilares esenciales de la Unión Europea, la libre circulación dentro del espacio Schengen.
Madrid había dado a Roma un plazo hasta el final del domingo 9 de agosto para poner fin a las restricciones. “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del exterior en lo que respecta a la seguridad nacional y al control de las fronteras”, respondió tajante el Gobierno de Meloni, que aseguró que mantendrá los controles, al menos, hasta el 15 de agosto, para cuando “se prevé una nueva oleada migratoria en Ceuta, tal como han anunciado las propias autoridades españolas”.
El Gobierno de Meloni sostiene que no pretende castigar a España, sino prevenir posibles riesgos que resulten de la presión migratoria y de seguridad a la que están sometidas las ciudades autónomas. “Solo cuando tengamos la certeza de que no hay riesgos de seguridad y de terrorismo y de que no habrá una nueva oleada y de que no haya migrantes irregulares que se dirijan a territorio europeo, nos plantearemos revisar las decisiones que hemos tomado hasta ahora”, señaló Roma en un comunicado, en el que matiza que la medida unilateral no es una afrenta a Madrid y recuerda que ha sido invocada “por parte de otros estados europeos hacia Italia o hacia la propia España”.
España pasa al contraataque
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha elevado también el tono. A su juicio, la decisión italiana supone un golpe a la lógica de cooperación europea y constituye un precedente especialmente peligroso. “Europa necesita unidad”, ha defendido el jefe de la diplomacia española, que ha reclamado a Roma que retire unas medidas que considera injustificadas.
Albares ha llegado al definir los controles italianos como un “torpedo en la línea de flotación” de la Unión Europea, toda vez que España e Italia son dos de los principales países mediterráneos del club comunitario, dos Estados con intereses comunes en inmigración, energía, seguridad y política exterior.
El Gobierno español sostiene que la inmensa mayoría de las personas que entraron irregularmente en Ceuta ya han regresado a Marruecos y recuerda que la ciudad autónoma dispone de un régimen específico dentro del espacio Schengen. Según las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, unas 72.000 personas cruzaron irregularmente la frontera durante la crisis y alrededor de 70.000 ya habrían abandonado la ciudad.
Para La Moncloa, utilizar aquel episodio como fundamento para someter a los ciudadanos españoles a controles extraordinarios constituye una reacción desproporcionada. La respuesta española introduce ahora la misma lógica en sentido contrario: si Italia considera legítimo controlar a quienes llegan desde España por razones de seguridad y presión migratoria, Madrid aplicará controles a los viajeros procedentes de Italia.
Schengen, en el centro de la disputa
España e Italia mantienen uno de los flujos turísticos y económicos más intensos de Europa. Solo durante los primeros seis meses del año, más de 11 millones de pasajeros viajaron por vía aérea entre ambos países. En 2025, más de 5,7 millones de turistas italianos visitaron España, mientras que el número de españoles desplazados a Italia se situó en cifras igualmente elevadas.
Por ello, el conflicto tiene una dimensión que supera con mucho a Sánchez y Meloni. El espacio Schengen se sustenta sobre la desaparición de los controles sistemáticos en las fronteras interiores permite que los ciudadanos europeos circulen entre los Estados miembros con una libertad prácticamente equiparable a la existente dentro de un mismo país.
Esa libertad no es absoluta. El Código de Fronteras Schengen permite restablecer controles internos de manera excepcional y temporal cuando existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. Pero el carácter extraordinario de esa posibilidad es precisamente lo que convierte el enfrentamiento entre Madrid y Roma en un asunto delicado.
España acusa a Italia de haber adoptado la decisión sin aviso previo, de manera unilateral y con argumentos que considera incompatibles con la realidad de la crisis de Ceuta. Roma replica que la seguridad nacional es una competencia irrenunciable y que otros Estados europeos han recurrido anteriormente a medidas similares.
España evoca a la crisis de Lampedusa
La Moncloa ha decidido acompañar su respuesta de un argumento político especialmente incisivo: España considera que ha sido solidaria con Italia durante las sucesivas crisis migratorias del Mediterráneo. El Gobierno recuerda especialmente la emergencia de Lampedusa de 2023, cuando miles de personas llegaron a la pequeña isla italiana en apenas unos días y el sistema de acogida quedó completamente desbordado.
España participó entonces en la respuesta europea y aceptó acoger parte de los migrantes trasladados desde Italia. También abrió en numerosas ocasiones sus puertos a personas rescatadas en la ruta del Mediterráneo central.
Ahora Madrid considera que esa solidaridad no ha tenido reciprocidad. La Moncloa insiste en que, según sus datos, Italia ha registrado durante los últimos años algunas de las cifras más elevadas de entradas irregulares de la Unión Europea. También reprocha a Roma su gestión de las obligaciones derivadas del Reglamento de Dublín, que determina qué Estado debe asumir la responsabilidad de determinadas solicitudes de protección internacional. @mundiario
