La ofensiva de Vox contra Pedro Sánchez entra en un terreno hasta ahora inexplorado en la política española. Santiago Abascal ha planteado que el Congreso de los Diputados active el mecanismo constitucional que permitiría exigir responsabilidades penales al presidente del Gobierno por un supuesto delito de traición o contra la seguridad del Estado. La propuesta llega después de la crisis de Ceuta y vuelve a situar la actuación del Ejecutivo frente a la inmigración en el centro de la batalla política.
El artículo 102 de la Constitución contempla un mecanismo específico para reclamar responsabilidad criminal al presidente del Gobierno y a los ministros por determinados delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, no basta con que un partido presente una denuncia ante los tribunales para ponerlo en marcha.
La iniciativa debe partir del Congreso y requiere, en primer lugar, el respaldo de al menos una cuarta parte de los diputados. Con la actual composición de la Cámara, esto supone reunir 88 firmas. Después, la propuesta tendría que superar una votación por mayoría absoluta, es decir, alcanzar al menos 176 votos.
Solo después de superar ese trámite parlamentario podría intervenir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que sería la encargada de asumir el eventual procedimiento penal. El diseño convierte al Congreso en una pieza imprescindible y hace que una acusación de esta naturaleza tenga, desde el principio, una importante dimensión política.
Vox, con 32 diputados, no dispone por sí solo de la fuerza parlamentaria necesaria. Por eso, cualquier intento de Abascal pasa inevitablemente por conseguir el respaldo del Partido Popular.
La acusación de Vox se centra en la crisis de Ceuta
El argumento utilizado por Abascal para justificar la iniciativa está relacionado con la entrada masiva de personas en Ceuta. El dirigente de Vox sostiene que el Gobierno habría tenido conocimiento previo de lo que iba a ocurrir y considera que ese supuesto conocimiento podría ser relevante para determinar responsabilidades.
La formación sostiene que existen indicios suficientes para reclamar una investigación y acusa al Ejecutivo de haber puesto en riesgo la seguridad del Estado. Sin embargo, el Gobierno niega haber contado con información previa que permitiera anticipar la magnitud de los acontecimientos y, hasta ahora, no se ha presentado públicamente una prueba que permita acreditar esa acusación.
La diferencia entre una acusación política y la existencia de elementos suficientes para sostener un delito de traición resulta especialmente relevante en este caso. El artículo 102 no está diseñado como una herramienta ordinaria de oposición, sino como un procedimiento excepcional para supuestos de enorme gravedad.
El PP tiene la llave de una ofensiva con pocas opciones de prosperar
La principal dificultad para Vox no está únicamente en demostrar sus acusaciones, sino en conseguir que el mecanismo constitucional llegue siquiera a activarse. El Partido Popular tendría que aportar el apoyo parlamentario imprescindible para superar el primer obstáculo.
Hasta ahora, los populares tampoco han optado por impulsar una moción de censura contra Sánchez, por lo que respaldar una iniciativa destinada a abrir la puerta a una responsabilidad penal del presidente supondría elevar considerablemente el nivel de confrontación institucional.
En este contexto, la propuesta de Abascal puede tener una utilidad política incluso aunque no llegue al Supremo. Vox consigue diferenciarse del PP y presentarse ante su electorado como la fuerza más contundente frente al Gobierno.
La iniciativa, anunciada durante el mes de agosto y difundida directamente por Abascal, coloca además la crisis de Ceuta en el centro del debate nacional. Su recorrido parlamentario parece limitado por la aritmética de la Cámara, pero el mensaje político es claro: Vox pretende convertir la gestión del Ejecutivo en una cuestión de máxima responsabilidad y mantener la presión sobre Sánchez. @mundiario