La política migratoria vuelve a abrir una importante fractura dentro de la Unión Europea. Italia y Dinamarca han decidido unir sus posiciones para reclamar un endurecimiento de la respuesta europea frente a la inmigración irregular, con especial énfasis en las deportaciones y en la creación de centros de repatriación situados fuera del territorio comunitario.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han difundido este lunes un comunicado conjunto en el que defienden una política migratoria que consideran más estricta y eficaz. Ambas dirigentes reconocen que proceden de tradiciones políticas diferentes, pero aseguran haber encontrado un terreno común en la necesidad de reforzar el control de las fronteras europeas.
El mensaje llega, además, en un momento especialmente delicado para la UE. La crisis provocada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha reactivado el debate sobre las fronteras, ha provocado un enfrentamiento entre España e Italia por los controles a viajeros y ha llevado a varios gobiernos europeos a reclamar nuevas herramientas para gestionar los flujos migratorios.
Una de las principales propuestas planteadas por Meloni y Frederiksen consiste en aumentar considerablemente el número de personas expulsadas cuando no tengan derecho legal a permanecer en Europa. Las dos primeras ministras consideran que el sistema actual presenta demasiados obstáculos para ejecutar las órdenes de retorno y reclaman mayor capacidad de actuación a los Estados miembros.
Su otra gran apuesta pasa por los denominados centros de repatriación en terceros países. Se trataría de instalaciones situadas fuera de la Unión Europea a las que podrían ser trasladadas determinadas personas mientras se tramita su retorno. La idea no es completamente nueva. Italia ya ha impulsado un controvertido modelo de centros en Albania, aunque el proyecto ha encontrado importantes dificultades y todavía no funciona como Roma había previsto. Pese a ello, Meloni pretende convertir esta fórmula en una referencia para la política migratoria europea.
Meloni y Frederiksen encuentran un punto de encuentro
El acuerdo resulta llamativo por las diferencias políticas existentes entre ambas dirigentes. Meloni lidera un Gobierno situado en la derecha nacional-conservadora italiana, mientras que Frederiksen pertenece a la socialdemocracia danesa. Sin embargo, la inmigración se ha convertido en uno de los asuntos capaces de acercar posiciones políticas tradicionalmente alejadas.
Ambas mandatarias defienden que Europa debe disponer de mayores instrumentos para decidir quién puede permanecer en su territorio y quién debe ser expulsado. También reclaman que quienes lleguen a Europa respeten las leyes y los valores de las sociedades de acogida.
El comunicado sitúa además la seguridad como uno de los argumentos centrales de esta estrategia. Las dirigentes relacionan la inmigración irregular con problemas como la delincuencia violenta, el tráfico de drogas y la violencia sexual. No obstante, la declaración conjunta no aporta datos concretos que permitan establecer por sí sola una relación causal entre inmigración irregular y esos delitos.
La creación de centros de deportación fuera de la UE es una de las cuestiones más controvertidas del planteamiento. Sus defensores sostienen que permitiría acelerar los retornos y reduciría la presión sobre los sistemas nacionales de acogida. Sus detractores, en cambio, cuestionan las garantías jurídicas que tendrían las personas trasladadas a esos centros y advierten de las dificultades para asegurar que las expulsiones respeten el derecho internacional y europeo.
La cuestión será especialmente compleja porque no todos los gobiernos europeos comparten la misma visión sobre el equilibrio entre control migratorio, asilo y derechos fundamentales. La propuesta de Italia y Dinamarca pretende precisamente llevar este debate a Bruselas y conseguir que los Estados miembros acepten nuevas fórmulas para gestionar los retornos.
Europa ante un cambio de rumbo
El movimiento de Meloni y Frederiksen refleja una transformación más amplia del debate migratorio europeo. El endurecimiento de las políticas de retorno ya no es una reivindicación exclusiva de los partidos situados en la derecha del espectro político. También gobiernos socialdemócratas han adoptado posiciones más restrictivas ante la presión migratoria.
La dirigente danesa lleva años defendiendo una política especialmente exigente en materia de inmigración, mientras Meloni ha convertido el control de las fronteras y las deportaciones en uno de los ejes de su Gobierno. Ahora ambas pretenden trasladar esa filosofía al conjunto de la Unión Europea.
La crisis de Ceuta ha servido como nuevo catalizador de un debate que llevaba años abierto: hasta dónde debe llegar Europa para controlar la inmigración irregular y cómo puede aumentar las deportaciones sin entrar en conflicto con sus propias normas y valores.
El mensaje de Roma y Copenhague es claro: consideran que el modelo actual no funciona y reclaman una respuesta europea más contundente. La gran incógnita será ahora si Bruselas y el resto de los Estados miembros están dispuestos a seguir ese camino. @mundiario