NUEVA YORK (AP) — El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa regresaron el jueves a un tribunal de Nueva York mientras buscan que se desestimen las acusaciones en su contra por narcotráfico, en medio de una disputa geopolítica sobre los honorarios legales.
La defensa y la fiscalía presentaron argumentos sobre si se debe permitir que Maduro use fondos del gobierno venezolano para pagar su defensa. Sus abogados insisten en que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales del líder depuesto al impedir que se utilice dinero del gobierno para cubrir sus gastos legales.
El juez Alvin Hellerstein preguntó por qué el argumento de la fiscalía para bloquear los fondos sigue vigente, ahora que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han suavizado un poco. No emitió un fallo el jueves sobre el asunto y tampoco dio un cronograma para la decisión. No se fijó una fecha para la próxima audiencia.
Mientras simpatizantes y opositores se manifestaban afuera del tribunal, Maduro y su esposa, Cilia Flores, hicieron su primera aparición en el tribunal desde una lectura de cargos en enero, en la que protestó por su captura por fuerzas militares de Estados Unidos y declaró: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”. Flores también se ha declarado inocente.
La pareja se sentó en la mesa de la defensa entre sus abogados, con uniformes de cárcel y audífonos para escuchar la traducción.
Además del narcotráfico, están acusados de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico o socavaban su operación de tráfico. Eso incluyó el asesinato de un capo de la droga en Caracas, según la acusación. Si son declarados culpables, enfrentan cadena perpetua.
Ambos permanecen en un centro de detención en Brooklyn, y ninguno ha solicitado ser liberado bajo fianza. Hellerstein aún no ha fijado una fecha de juicio.
Manifestaciones afuera del tribunal
Manifestantes se reunieron frente al juzgado para manifestarse tanto a favor como en contra de Maduro. En una escena ruidosa, manifestantes y simpatizantes corearon consignas, hicieron sonar bocinas y golpearon tambores y cencerros. Entre el contingente anti-Maduro, una persona agitaba un cartel que decía “Maduro pudre en prisión”. Del otro lado de una barrera metálica, la gente sostenía carteles que decían “Liberen al presidente Maduro”.
El jueves temprano en Caracas, un par de cientos de personas se reunieron en una plaza pública, incluyendo simpatizantes del partido gobernante, empleados estatales y miembros de milicias civiles. Uno de los asistentes, el jubilado Eduardo Cubillán, dijo que estaba allí para rezar por Maduro y Flores y condenar la violación de la soberanía de Venezuela durante la operación del 3 de enero.
“Nosotros esperamos que en los Estados Unidos, si es verdad que existe la justicia, se de un juicio que de cualquier manera conduzca a la libertad del presidente Maduro porque ese secuestro vulneró los principios internacionales del derecho y queremos que de cualquier manera se haga justicia”, expresó Cubillán, de 80 años.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, siguen contando con cierto apoyo en Venezuela, con murales y vallas publicitarias en toda la capital, Caracas, que exigen su regreso. Pero aunque el partido gobernante de Maduro sigue en el poder, él ha sido borrado lentamente del gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela.
Rodríguez ha reemplazado a altos funcionarios, incluido el fiel ministro de Defensa de Maduro y el fiscal general, ha reorganizado organismos, ha nombrado embajadores y ha eliminado principios del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado Venezuela durante más de dos décadas.
El financiamiento de la defensa, un tema clave al inicio
Venezuela también ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que en 2019 rompió vínculos con el gobierno de Maduro y reconoció al entonces jefe de la Asamblea Nacional, un miembro de la oposición, como el líder legítimo del país. Washington ha flexibilizado las sanciones económicas sobre la crucial industria petrolera venezolana y también ha enviado a un encargado de negocios a Caracas.
El fiscal Kyle Wirshba argumentó el jueves que si la razón de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela era que Maduro y su esposa estaban saqueando la riqueza de su país, “esto socavaría las sanciones permitirles acceder a esos mismos fondos ahora para pagar su defensa”. Maduro ha dicho que no tiene fondos personales para pagar a sus abogados.
Hellerstein cuestionó ese argumento, diciendo que el derecho de Maduro y Flores a defenderse “es primordial” por encima de los intereses del gobierno en seguridad nacional y política exterior.
“No veo ningún interés permanente de seguridad nacional sobre el derecho a defenderse”, dijo el juez.
Barry Pollack, abogado de Maduro, sostuvo que si a su cliente le asignaran defensores públicos, investigar y preparar su caso agotaría recursos legales destinados a personas que no pueden pagar sus propios abogados, y que eso no tiene sentido en “un caso en el que hay alguien distinto del contribuyente estadounidense listo, dispuesto y capaz de financiar esa defensa”.
Hellerstein también descartó la sugerencia de Pollack de desestimar el caso en este momento. El juez dijo que Pollack podría retomar la solicitud si el Departamento del Tesoro no cede en su decisión de impedir que Venezuela pague los honorarios legales de Maduro. El juez reconoció que el “gobierno tiene el derecho de bloquear los fondos”, pero sugirió que la licencia que permite esos pagos pudo haber sido “retenida arbitrariamente”.
En un escrito judicial presentado el mes pasado, el abogado Pollack afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra las sanciones, cambió de postura respecto de una decisión para permitir que Venezuela pagara sus honorarios legales. La oficina aprobó el acuerdo el 9 de enero, señaló, pero luego lo revocó sin explicación menos de tres horas después.
En una declaración escrita presentada ante el tribunal, Maduro argumentó que tiene derecho a que el gobierno de Venezuela pague su defensa legal.
El caso se centra en cargos de narcotráfico
Durante una reunión de gabinete el jueves, el presidente Donald Trump acusó a Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que entran a nuestro país”.
Trump declaró que a Maduro se le daría “un juicio justo. Pero me imagino que vienen otros juicios”. No dio detalles, pero sugirió que los cargos actuales que enfrenta Maduro podrían ser “una fracción del tipo de cosas que ha hecho”.
Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero en una redada en plena madrugada en su casa de Caracas.
Una acusación formal de 25 páginas lo señala a él y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Tras la salida de Maduro, la vida cotidiana para la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma.
Muchos empleados del sector público ganan apenas unos 160 dólares al mes, mientras que el trabajador promedio del sector privado percibe alrededor de 237 dólares. El año pasado, la tasa anual de inflación se disparó a 475%, según el Banco Central de Venezuela, lo que deja el costo de los alimentos y otros bienes esenciales fuera del alcance de muchos.