El Gobierno de España ha elevado a cerca de 80.000 el número de personas que cruzaron de forma irregular a Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, actualizó esta cifra tras reunirse en la ciudad autónoma con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Este balance supera la estimación inicial del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien la semana pasada había cifrado los accesos en 72.000 personas.
Aunque más de 70.000 migrantes ya han retornado a territorio marroquí, la crisis mantiene al enclave bajo una presión asistencial extrema, concentrada de manera crítica en la atención de alrededor de 1.400 menores no acompañados que ya han sido filiados.
Sin embargo, el Gobierno de España no ha elevado oficialmente la cifra a 80.000. Pocas horas después de la comparecencia del ministro, fuentes de su propio departamento y del Ejecutivo central aclararon a la Agencia EFE que la cifra oficial se mantiene estrictamente en 72.000 personas. El Ejecutivo justificó que el ministro Torres utilizó el número "80.000" para "ahondar en la dimensión de la crisis", equiparando el volumen de entradas a la población total que reside habitualmente en Ceuta (que ronda los 80.000-85.000 habitantes).
Torres sostiene que la mayoría regresó posteriormente a Marruecos y que, sin ese retorno, Ceuta habría afrontado un “colapso total”. Pero el problema que permanece tiene una naturaleza distinta. Entre quienes continúan en la ciudad hay alrededor de 1.400 menores extranjeros no acompañados ya filiados, según el último balance ofrecido por el Gobierno, mientras la capacidad ordinaria de acogida de Ceuta resulta claramente insuficiente para absorber semejante volumen.
Es aquí donde aparece la nueva prioridad del Ejecutivo: la reunificación familiar. No se trata simplemente de trasladar a los menores de un lugar a otro ni de aplicar una expulsión automática. El Gobierno pretende localizar a sus familiares, verificar las circunstancias de cada caso y trabajar con Marruecos y con los países de origen para determinar si el retorno con garantías resulta posible. Torres ha insistido en que deben tenerse en cuenta la voluntad del menor, la de su familia, la posición del país de origen y el correspondiente asesoramiento jurídico.
La nueva estrategia del Gobierno para los menores de Ceuta
La cuestión central es que la respuesta administrativa entra ahora en una fase mucho más compleja que la emergencia inicial. Identificar a miles de personas que llegaron en un corto periodo de tiempo exige documentación, comprobación de edades, filiación y evaluación individual. En el caso de los menores, además, la Administración debe determinar su situación familiar y de protección antes de adoptar cualquier decisión sobre su futuro.
Por eso el Gobierno ha reforzado en un 50% el personal de la Delegación del Gobierno destinado a agilizar las filiaciones y los procedimientos administrativos. También se ha incrementado el despliegue de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, mientras las Fuerzas Armadas prestan apoyo operativo. Paralelamente, el Ejecutivo estudia habilitar nuevos espacios para atender a los menores, incluido el antiguo hospital militar, aunque todavía debe comprobarse si reúne las condiciones necesarias.
La prioridad declarada es, por tanto, doble: reagrupar cuando sea posible y derivar cuando sea necesario. El segundo mecanismo enlaza con la reforma de la Ley de Extranjería que establece fórmulas de distribución territorial cuando una comunidad o ciudad sometida a contingencia migratoria supera su capacidad de acogida. El Gobierno ya ha utilizado este sistema para trasladar a los menores desde Ceuta, Melilla y Canarias a otras comunidades.
El problema es que la dimensión actual obliga a acelerar un mecanismo pensado para situaciones de saturación mucho menores. Ceuta no dispone de capacidad material para convertirse en el destino permanente de todos los menores que han quedado allí después de la crisis.
Y, aquí conviene separar conceptos que en el debate político tienden a mezclarse. La reunificación familiar no equivale por sí misma a una expulsión. Es una vía de retorno o traslado que requiere comprobar las circunstancias personales y familiares del menor y garantizar que la solución adoptada resulta compatible con la legislación española y con las obligaciones de protección de la infancia.
Esto explica por qué Torres ha hablado de un proceso “no fácil”. Localizar a los familiares es solamente el primer paso. Después hay que verificar quiénes son, si pueden hacerse cargo del menor y si el retorno responde efectivamente a su situación. También cuenta la posición del propio adolescente.
El Gobierno pretende, además, aprovechar aquellos casos en los que familiares de los menores ya se encuentran en España. Torres ha señalado que se han localizado personas dispuestas a acogerlos. En estos supuestos, la solución podría pasar por una integración familiar dentro del territorio español en lugar de un regreso a Marruecos.
La diferencia es fundamental porque la prioridad anunciada por el Ejecutivo no consiste en “vaciar Ceuta” mediante expulsiones indiscriminadas, sino en resolver individualmente la situación de los menores y reducir la presión sobre el sistema de acogida.
El problema político: Ceuta reclama el mando y más control
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha exigido formalmente al Gobierno de España el establecimiento de un "mando único" interministerial para centralizar la gestión de la crisis migratoria. Mientras el Ejecutivo central diseña la segunda fase de su plan, Vivas demanda un mensaje "inequívoco" de protección que garantice la integridad territorial de la frontera frente a Marruecos.
El líder autonómico ha urgido a habilitar un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) temporal para concentrar a los entre 8.000 y 11.000 adultos que estima siguen rezagados en las calles y montes de la ciudad, una cifra que choca con los 2.000 que reconoce el Ministerio del Interior. Según Vivas, el colapso del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) —que opera a más de 700 plazas pese a tener un límite de 512— mantiene saturados y con recursos críticos a los servicios de Extranjería, Policía Nacional, Fiscalía y Justicia, lo que impide recuperar el control público tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.
La petición refleja la principal tensión de esta nueva etapa. El Gobierno central quiere normalizar progresivamente la situación; las autoridades ceutíes consideran que la emergencia todavía no ha terminado. Las dos posiciones pueden coexistir, pero exigen una coordinación mucho mayor que la existente durante las primeras horas de la crisis.
El dato más relevante, sin embargo, no es únicamente cuántas personas entraron, sino cuántas permanecen en Ceuta y cuál es su situación administrativa. Ahí se encuentra el verdadero problema de la segunda fase.
El Gobierno sostiene que la mayoría regresó a Marruecos. Las autoridades ceutíes, por su parte, siguen alertando de que miles de personas permanecen en la ciudad y de que los servicios públicos están sometidos a una presión excepcional. El objetivo inmediato pasa ahora por convertir esa fotografía provisional en un registro preciso.
La estrategia de reunificación familiar tiene además una consecuencia evidente: España necesita la cooperación de Marruecos. Sin ella resulta mucho más difícil localizar familias, verificar identidades y organizar eventuales retornos o reagrupaciones. La crisis de Ceuta ha demostrado precisamente hasta qué punto la gestión de la frontera depende de la coordinación con el país vecino. El Gobierno ha reforzado la seguridad española, pero la dimensión del episodio convierte cualquier solución exclusivamente nacional en insuficiente. @mundiario