PUEBLA, Pue., 26 de marzo de 2026.– A casi tres meses de la agresión y detención arbitraria contra la periodista María Luisa Ruiz, la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) expresó su profunda preocupación por la falta de avances en las investigaciones y la ausencia de una atención integral por parte de las autoridades poblanas.
De acuerdo con el posicionamiento emitido este 25 de marzo, la directora del medio Expresión, Principio de la Comunicación, fue víctima de violencia física y detención ilegal el pasado 13 de enero en el municipio de Santiago Miahuatlán, mientras documentaba una movilización policial.
Uso excesivo de la fuerza y secuelas graves
Según el testimonio de la comunicadora, elementos de la policía municipal le exigieron acreditarse y la acusaron de obstruir funciones, procediendo a su detención pese a haberse identificado plenamente como periodista. Durante el operativo, Ruiz fue sometida con uso excesivo de la fuerza, resultando en:
- Lesiones físicas: Empujones, jalones y golpes que derivaron en su hospitalización.
- Secuelas permanentes: CIMAC destacó la pérdida parcial de la vista, condición que se agrava al tratarse de una persona mayor que requiere atención médica especializada.
- Violencia de género: La organización exige que el caso se aborde con un enfoque de género e interseccionalidad.
Autoridades señaladas y falta de sanciones
La periodista ya presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), señalando como principal agresor al director de Seguridad Pública en Santiago Miahuatlán, Benigno Valencia Pérez, quien presuntamente ordenó la agresión. Asimismo, existe una queja abierta ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH).
No obstante, CIMAC advierte que hasta el momento impera la impunidad:
- No existen avances significativos en la carpeta de investigación.
- No se han emitido sanciones contra los elementos responsables.
- Persiste una omisión por parte de las autoridades municipales y estatales.
Llamado urgente a la justicia
La organización hizo un exhorto enérgico a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que coordine una investigación pronta e imparcial.
Al Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, se le exigió cesar el hostigamiento contra la prensa y garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, recordando que no es obligatorio portar acreditaciones específicas para documentar hechos de interés público en espacios abiertos.
Finalmente, se solicitó al Gobierno del Estado de Puebla implementar medidas de protección y reparación integral, que incluyan una disculpa pública y la garantía de no repetición de estos actos que vulneran la libertad de prensa en la entidad.
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