El gobierno de México manifestó su desacuerdo con la resolución del panel laboral —bajo el T-MEC— dado que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida ha extralimitado sus funciones y viola la soberanía nacional al intentar imponer criterios que no están escritos en el tratado original.
Esta postura se debe a que el Panel pretendió analizar conductas de posible naturaleza penal y atribuir responsabilidades a actores que ni siquiera son el patrón, lo que para la STPS representa una interpretación excesiva y fuera de los alcances legales del Mecanismo.
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En ese sentido, el gobierno mexicano sostiene que estas acciones ignoran los estándares probatorios acordados y constituyen una intromisión en los asuntos internos que solo competen a las instituciones nacionales.
México recalcó que la legitimidad del T-MEC está en riesgo si el Mecanismo Laboral se utiliza para menoscabar las decisiones de sus tribunales. Aunque el Panel finalmente reconoció que no tiene facultades para anular la votación sindical que favoreció al Sindicato Beneficio de Minas —dejando esa decisión en manos del Poder Judicial mexicano—, la STPS fue enfática al señalar que cualquier intento de revisión internacional sobre procesos de titularidad de contratos debe detenerse ante las puertas de la justicia local.
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Asimismo, el gobierno de México dijo que el Mecanismo ha perdido el equilibrio y la sensatez, alejándose del principio de buena fe. Al resaltar que se realizaron múltiples inspecciones y operativos entre 2024 y 2025 para garantizar la libertad sindical.
Añadió que las instituciones laborales mexicanas han sido exhaustivas y no aceptarán tutelajes externos que pretendan dictar sentencia sobre el derecho penal o administrativo del país.