Un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá resolvió que en la mina Camino Rojo, propiedad de la empresa Orla Mining, existe una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva.
La determinación difundida este 26 de marzo de 2026 establece que la unidad minera ubicada en Mazapil, Zacatecas, intervino en las actividades sindicales para favorecer al sindicato Minas por encima de la organización Los Mineros. El informe del panel indica que la empresa facilitó la desafiliación de trabajadores mediante actos de coacción, intimidación y violencia física.
El proceso inició el 24 de junio de 2024 cuando el sindicato Los Mineros presentó una petición ante el Comité Interagencial Laboral de Monitoreo y Aplicación de Estados Unidos. Tras una revisión inicial, el gobierno estadounidense solicitó a México revisar la situación. Aunque las autoridades mexicanas emitieron un informe con hallazgos limitados, ambos países no lograron acordar un plan de remediación, lo que derivó en la instalación del panel arbitral en diciembre de 2024.
Los panelistas realizaron verificaciones en el sitio y audiencias en la Ciudad de México durante diciembre de 2025. En sus conclusiones, señalaron que la administración de la mina no implementó medidas suficientes para frenar las amenazas y los despidos arbitrarios relacionados con las preferencias sindicales.
Para subsanar las violaciones detectadas, el panel propuso una serie de medidas que competen a la gestión del conflicto en territorio mexicano. Entre las acciones sugeridas se encuentran la emisión de una disculpa pública, la reinstalación e indemnización de trabajadores afectados y la implementación de protocolos de neutralidad sindical.
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Asimismo, se plantea que la empresa debe garantizar el acceso de los representantes de Los Mineros a las instalaciones y permitir la comunicación directa con la gerencia. El mecanismo también requiere el fortalecimiento de políticas de cero tolerancia a la violencia y capacitación en materia de derechos laborales para el personal administrativo y operativo.
La Representación Comercial de Estados Unidos informó que continuará con el uso de este instrumento del T-MEC para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales asumidas por México en el marco del acuerdo comercial.