Uno de los rasgos más característicos del nuevo régimen es la trampa; y no es que los anteriores no gustaran de este artificio para conseguir sus propósitos, pero el hecho de que el obradorista, —movimiento que transformaría la vida pública de México— la haya convertido en su principal distintivo, resulta, cuando menos, paradójico.
Una particularidad de lo que hoy sucede es que esa trampa se hace frente a los ojos de todos sin que nadie —a diferencia de cuando en una fiesta infantil alguien delata al mago al descubrir sus inocentes trucos— levante la mano y exhiba a los mañosos. Pareciera que la afinidad política de algunos, y la conveniencia económica de otros, es suficiente para voltear la mirada hacia otro lado.
La estrategia del partido oficial para adjudicarse la mayoría calificada que no ganaron en las urnas, con la complicidad del Tribunal Electoral, rompió paradigmas dentro de nuestro ya desprestigiado sistema político: la habilidosa interpretación de la ley; el que diputados de Morena se pusieran la camiseta de los indecentes —y hoy sí convenientemente descalificados por la Presidenta— verdes, para aumentar su sobrerrepresentación; y la gansteril compra de voluntades de integrantes de otros partidos, todo gestionado por operadores que han sido incluso señalados de tener nexos con la delincuencia organizada.
Así las cosas. Los que se dicen moralmente superiores, sumergidos en la desvergüenza. Con esa mayoría calificada consumada, aprobaron la reforma al Poder Judicial, decidiendo la integración de la Suprema Corte, y de otros órganos de ese poder, mediante una práctica —supuestamente democrática— que nos recuerda nuestros años mozos: el acordeón.
Hoy el turno en la manipulación política y legal tocó al burdo Plan B con su ya congelada —por otros distinguidos aliados— revocación de mandato. De acuerdo con la Constitución, esta figura de democracia directa debe ser solicitada por la ciudadanía —NO por el gobierno—; la solicitud debe hacerse tras concluir el tercer año de la administración de quien encabeza el poder ejecutivo y, para que la decisión sea vinculante, debe participar, al menos, el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores.
El espíritu de este instrumento era —supuestamente— evitar que gobernantes cuyas decisiones van en contra de la sociedad, que no han dado resultados o han generado un importante rechazo de los electores, permanezcan en el poder. En un nuevo giro kafkiano —perdón, Franz—, lo que nos mostró el régimen es que, a pesar de lo que dice la Carta Magna y de que la presidenta tiene una aprobación del 70%, buscaban movilizar operadores políticos, dilapidando recursos públicos —mientras pretendían recortar el gasto al INE con el pretexto de ahorrar— para poner a Sheinbaum en la boleta electoral de las elecciones intermedias. Todo con el fin de que fuera ella quien impulsara, de forma ilegal, a su desprestigiado partido político.
Es incomprensible que con todo el poder legítimo que obtuvieron en las urnas, más el que se han adjudicado por otras vías, sigan haciendo uso del Plan T —con T de Trampa—, para continuar concentrándolo. Al final no pueden esconder que su motivación es el poder por el poder.
@isilop