“En el contexto de un proceso electoral (el federal de 2024), tomé decisiones que pusieron en riesgo algo que ninguna ambición política justifica: la honra, la tranquilidad y la integridad de una persona y de quienes la rodean.
“Mis decisiones tuvieron consecuencias reales, generaron angustia, incertidumbre y un daño que trascendió de lo político para instalarse en lo más personal, que es la familia y la honra de una persona. Por eso esta disculpa no es un trámite, es un reconocimiento.
“Reconozco el daño causado por instrumentar un falso delito. Reconozco que no debí haberme conducido de esa manera. Y reconozco que Waldo Fernández González y su familia cargó con consecuencias que nunca les correspondieron y que mis actos generaron y los perjudicaron”.
La transcripción anterior constituye el núcleo de la carta pública de disculpa que ayer difundió, a través de sus redes sociales, la exfuncionaria del municipio de Monterrey, Karina Barrón Perales, como parte del acuerdo reparatorio al cual llegó luego de ser detenida el pasado 1 de marzo en cumplimiento de una orden de aprehensión.
Barrón participó en la fabricación de una acusación de carácter sexual en contra de Waldo Fernández, en el marco de la contienda electoral de 2024, cuando ambos competían por un asiento en el Senado. La acusación era falsa y eso quedó acreditado ayer en el procedimiento judicial en el cual Barrón aceptó su responsabilidad para acceder a la posibilidad de salir de prisión.
Resulta importante subrayar el hecho de que, para todo efecto legal, el asunto ya no está sujeto al debate, sino que constituye lo que, en la jerga jurídica, se conoce como “la verdad legal”.
Y resaltar lo anterior es relevante porque en el caso no solamente se encuentra involucrada Karina Barrón, el abogado que ayudó a falsificar el caso y la presunta víctima que se prestó a la simulación. También forman parte de la trama las autoridades ministeriales de Nuevo León.
Porque además de la falsedad de la acusación, lo que ha quedado demostrado es que la Fiscalía de Nuevo León se prestó para dar trámite a una acusación falsa y ello implica, por lo menos, que no actuó con la debida diligencia para intentar esclarecer la verdad.
Para decirlo con más claridad: todo apunta a que la Fiscalía neolonesa formó parte del entramado que pretendió descarrilar la candidatura del hoy senador mediante una acusación que, dada su naturaleza, impacta sin duda en el ánimo de los electores.
Pero más allá de que no hubieran tenido éxito en el terreno comicial, lo que importa es que la complicidad de las autoridades ministeriales debe investigarse y, en todo caso, imponerse las sanciones correspondientes a quienes se hubieran prestado a la fabricación.
Porque siendo inadmisible que un particular intente manipular el sistema judicial para obtener un provecho personal, lo es aún más que la autoridad se preste a dichos intentos de manipulación.