Renunció al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la polémica magistrada Mónica Soto.
Bajo su presidencia, el TEPJF avaló la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, lo que le garantizó una mayoría calificada, necesaria para hacer las reformas constitucionales, como la judicial, sin la necesidad de consenso con la oposición.
Soto también sufrió una especie de ceguera selectiva cuando la misma oposición y organizaciones civiles protestaron por el uso de acordeones en la elección de jueces y ministros, en el 2025.
La entonces presidenta pidió que “demostraran que efectivamente’’ los acordeones incidieron en la elección; de risa loca.
Pero por si eso no fuera poco para marcar negativamente su gestión, Soto también apoyó que se censurara a una ciudadana por haber compartido un post o tuit en el que se criticaba a la diputada Diana Karina Barrera.
Si su nombre no le dice nada, quizá si le decimos que se trata de “dato protegido’’, entonces la ubicará.
Soto, que se dice defensora de las causas de las mujeres, votó a favor de que la ciudadana en cuestión se viera obligada a pedir ¡30 días de disculpas! en sus redes sociales.
Ahora que se va, seguramente podrá colocarse sin impedimento alguno los lentes morados con los que vio los casos electorales que le tocó juzgar.
Los violeta, esos siempre fueron escenografía.
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Por cierto, dentro del TEPJF se rumora que Soto se va porque ya tiene amarrado un consulado, en Houston o en Barcelona.
Eso confirmaría lo que muchos actores políticos vienen diciendo desde el 2023.
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La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, aquella que no hace muchos días recibió una corona fúnebre en su casa de Culiacán, se enlistó como precandidata del PAN a la gubernatura de Sinaloa.
No tendría nada de extraordinario; ya en Nuevo León pasó algo similar con el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, que también se registró como aspirante panista a la gubernatura.
Pero, en el caso de Sinaloa, el PRI tendría por los menos dos candidatos a la gubernatura encarrilados: el diputado federal Mario Zamora, que ya disputó la gubernatura hace cinco años, y la senadora Paloma Sánchez.
Así que, de concretarse una alianza electoral, los partidos deberán optar por quién les garantice los mejores resultados.
Por lo pronto van dos entidades, de las 17 que tendrán elección de gobernador, en las que PAN y PRI parece que llegarán a un acuerdo.
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Mucho ojo deberá prestarse al intento de la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, el Indautar que dirige Karina Luján Luján y Roberto Cantoral, que encabeza la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) de crear un nuevo impuesto de hasta 2% sobre celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos.
¿De qué se trata?
Bueno, los arriba mencionados quieren cobrar por la capacidad del dispositivo para almacenar o reproducir contenidos, independientemente de que su propietario realice copias de obras protegidas.
Una especie de “cobro preventivo’’ por el uso que eventualmente podría darse al equipo.
Cantoral trató, en el 2021, de que el Congreso aprobara una modificación a la Ley Federal de Derechos de Autor para cobrar ese 2% sobre el valor de los dispositivos de reproducción pero fracasó.
La diferencia es que ahora tiene el apoyo del Gobierno federal a través de las instituciones arriba señaladas y que el recurso ya no pasará por el Congreso, sino que se pretende incluirlo por reglamento, incorporando sujetos obligados, dispositivos, base de cálculo y una tarifa de hasta 2 por ciento.
¡Vaya desatino! Justo en plena revisión del T-MEC un nuevo impuesto para ahuyentar la inversión.
@adriantrejo