- Fue arrestada por ICE al regresar a casa
- ¿Divorcio económico El Paso-Juárez?
- LeBaron ante la tentación del PAN
- Derrota para Sheinbaum en el Plan B
Aparentemente, no quedó en lo casual ni en lo fortuito el arresto en El Paso de Berthita Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente recluido en la cárcel federal de máxima seguridad “El Altiplano”, antes Almoloya.
La mujer fue detenida el miércoles por agentes de ICE al concluir una caminata por el fraccionamiento donde vive, justo cuando se aprestaba a ingresar a su domicilio; es decir, no se trató de un operativo general de ICE en la ciudad, ni en particular en el sector donde fue apresada la también expresidenta del DIF en el estado. Iban directo por ella.
Su defensa todavía ayer no tenía claros los motivos del arresto. Durante los últimos meses, Berthita había estado en audiencias judiciales relacionadas con su estatus migratorio, así que su condición no era de permanencia ilegal, hasta donde alcanzamos a saber.
Tampoco pudo definirse que el arresto hubiera derivado de alguna solicitud de extradición del gobierno mexicano relacionada con alguno de los procesos penales que mantienen en la cárcel a su marido… o bien, que el gobierno de Chihuahua haya emitido alguna solicitud similar relacionada directamente con ella.
No había, pues, en el ambiente algún tema específico que hiciera presumir su eventual arresto, aunque ya sabemos que los gobiernos guardan bajo la manga cuantas cartas sean necesarias y las usan en el momento más inesperado; este puede ser un caso.
Berthita permanece recluida en un centro de mediana seguridad hacia abajo, con posibilidad permanente de usar el teléfono para comunicarse con su familia y en espera de que los representantes de ICE turnen su caso a un juez para que la defensa conozca las razones del apresamiento y analice la posibilidad de su liberación.
Pueden pasar, para ello, uno o varios días.
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El mensaje desde El Paso fue claro: la ciudad ya no está esperando a ver qué pasa con la manufactura tradicional ni con la dinámica fronteriza; está apostando —con dinero, planeación y ejecución— a sectores de alto valor como el aeroespacial, la inteligencia artificial y la tecnología militar.
No es discurso aspiracional, es política económica activa. Lo visto ayer en el Global Border Summit confirma que hay una estrategia deliberada por insertarse en las cadenas tecnológicas del futuro, incluso acelerando la transferencia de desarrollos militares al ámbito comercial antes de que lo hagan otros países.
El punto fino —y preocupante— es que, en esa conversación, Ciudad Juárez apenas apareció. No como socio estratégico, no como complemento industrial, sino casi como un actor ausente.
Lo que durante décadas fue una narrativa de integración productiva binacional hoy empieza a diluirse en favor de agendas locales más agresivas y sofisticadas.
El Paso está dejando de mirar al sur como extensión manufacturera y empieza a mirarse a sí mismo como hub tecnológico autónomo.
El riesgo para Juárez es quedarse atrapado en un modelo que ya muestra signos de agotamiento: bajo valor agregado, dependencia externa y poca vinculación con la innovación. Mientras del otro lado se habla de inteligencia artificial aplicada, dual-use technologies y escalamiento científico, aquí la conversación sigue girando en torno a costos y sobrevivencia.
Si esto no se corrige, no estamos frente a una desaceleración temporal, sino ante un verdadero desacople económico fronterizo.
Entre los participantes en el evento se pudo ver a César Ochoa, de Desarrollo Económico de Juárez; Héctor Núñez Polanco, de DENAC; el cónsul de México en El Paso, Mauricio Ponce de León; y Juan Acereto, representante del municipio de Juárez en esa ciudad.
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Julián “El Oso” LeBaron dijo que “lo está evaluando”, pero no se trata nomás de una candidatura, sino de decidir si entra o no al mismo sistema que durante años ha señalado por su presumible incapacidad para frenar la violencia y garantizar la paz en el país.
El PAN, necesitado de oxígeno, abrió la puerta a candidaturas ciudadanas. Y el activista de Galeana, según una fracción panista, encaja perfecto en ese perfil porque tiene el rostro limpio, un discurso incómodo y la autoridad moral que le han dado las experiencias de sangre vividas en carne propia, las cuales lo llevaron a la lucha social.
Es justo lo que los partidos necesitan para volver a parecer cercanos a una sociedad que ya no les cree.
Pero ahí está la trampa, porque una cosa es representar a la ciudadanía y otra sobrevivir dentro de un partido, aunque la tentación de llevar unas siglas —que representan recursos, estructura y estrategia— sea mucha.
Desde el PAN, donde ven como al candidato más viable al alcalde de la capital, Marco Bonilla, consideran que es buena la posibilidad de que el activista se aliste del lado albiazul para una eventual candidatura, pero básicamente para darle legitimidad a un proyecto político ya consolidado, no para otra cosa.
Por eso el dilema de LeBaron es más ético que electoral, porque le representa la oportunidad, para alguien que denuncia al sistema de partidos, de entrar a ese mismo sistema, aunque corra el riesgo de diluirse entre los intereses que pretende combatir.
El propio activista, en las últimas entrevistas que ha dado sobre la oportunidad que el PAN ha abierto desde su sesión del Consejo Nacional, pone el tema de fondo: más de tres millones de electores y apenas vota una minoría, por desinterés, hartazgo y desconfianza acumulada.
Aprovechar la plataforma del albiazul, de entrada, no le representa una candidatura garantizada, sino ir a medirse con otros. Y eso, tal vez, le ayude a combatir la apatía social que quiere vencer LeBaron, pero quién sabe qué tanto le afecte a su lucha, que lo mantiene como referente social en el norte del país.
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Dicen que la política y el periodismo se parecen en que, si hay una mosca en la pared blanca, la mirada se fija en el insecto y no en el resto de la superficie.
Algo similar pasó con el Plan B aprobado en lo general, pero que dejó fuera la revocación de mandato, lo que saca de las boletas de 2027 a Claudia Sheinbaum.
Se cumplió el propósito de reducir los “privilegios” en congresos estatales, regidurías y en el propio INE, lo que supuestamente generará ahorros hasta por cuatro mil millones de pesos, tema nacional ya muy secundario.
Después de más de seis horas de debate, la madrugada del jueves quedó aprobada la enmienda en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra.
Para mayor escarnio, salieron de la sesión dos figuras polémicas de la 4T: Yeidckol Polevnsky y Miguel Ángel Yunes.
Se logró la mayoría calificada, pero después el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, presentó una reserva en lo particular para eliminar todo lo relativo al mecanismo de revocación de mandato.
Lo anterior significa que no pudo la 4T con los primos incómodos del Partido del Trabajo, que patearon el pesebre y en serio piensan que pueden sobrevivir solos.
Tras este caso, ahora los aliados oficialistas pregonan que siguen juntos hasta la muerte, pero hay ahí una fractura inocultable.
Y, por más que lo quieran edulcorar, esto significa un traspié político para la presidenta Claudia Sheinbaum, orquestado desde el interior del movimiento.
Ahí está la mosca en la pared que todos miran, pero muchos niegan ver.